El representante de los organismos en el país aseguró que se está discutiendo con el Ministerio de Salud sobre cuáles son las prioridades. Acá, algunas pistas sobre lo que reclama el gremio desde hace cerca de siete años
María Jesús Vallejo
El domingo 19 de junio, Cristian Morales, representante en Venezuela de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), anunció que se implementarán 32 proyectos para reforzar el sistema sanitario público: apoyo en medicamentos e insumos, mejora de las capacidades de hospitales y Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y formación al personal de salud.
En una entrevista transmitida por el canal nacional Globovisión, Morales aseguró que están “discutiendo con el Ministerio de Salud dónde están las prioridades” para levantar la infraestructura y mejorar el manejo de los recursos. Pero desde hace cerca de siete años, el personal médico y de enfermería está alertando sobre las condiciones, consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja, sobre las que hay que poner atención.
De hecho, durante 2021, el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales registró 1.348 protestas, de las que el 30% estuvieron lideradas por el sector salud.
Enfermeras sin trabajo digno
En 2015, frente a la falta de insumos médicos, según Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, ella y varias compañeras solicitaron a la Asamblea Nacional que se declarara crisis hospitalaria, pero nunca obtuvieron respuesta. Hasta junio de 2021, 88,5% del personal de enfermería se había retirado del sistema sanitario público, de acuerdo con los datos de HumVenezuela. Contreras explica que en el país hay 30.000 enfermeras y enfermeros cuando debería haber 120.000.
Entre las exigencias del personal de enfermería está un ajuste salarial. Durante la primera semana de junio, trabajadores y trabajadoras que son parte del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Salud (Sunep-SAS) Maracaibo, protestaron en el Hospital Universitario de Maracaibo para exigir el cumplimiento de cláusula concerniente al pago de uniformes y calzado, que debió ser entregado en mayo y recibieron en Yaracuy, Sucre, Monagas y Cojedes.
De acuerdo con Nelly Ventura, vocera, el gobierno nacional se comprometió a pagar a finales de mayo 50% del monto acordado, que fueron 650 bolívares (o el equivalente a 119 dólares, calculado según la tasa oficial); sin embargo, solo recibieron 100 bolívares, lo que representa apenas 15% de lo esperado. Además, Ventura recordó que en 2018 solicitaron al personal medidas de tallas y calzados bajo la promesa de distribuir uniformes importados desde China, pero nunca pasó.
Cierre de hospitales
En diciembre de 2021, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), advirtió que cerca de 80% de los hospitales en el país se enfrenta a un cierre técnico debido a la falta de medicamentos, materiales e insumos y el deterioro de la infraestructura. Indicó que el abastecimiento de medicinas, por ejemplo, es de apenas 3% o 4%.
Este 22 de junio, el líder de la FMV y presidentes de 12 colegios médicos del país entregaron un documento al Ministerio Público a través del cual solicitaron iniciar una mesa de diálogo con el gabinete de Nicolás Maduro, con la mediación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para “rescatar el derecho a la salud”. Parte del documento reza: “La situación resulta catastrófica y dramática, al encontrarse los centros hospitalarios con pabellones inoperativos en 80%; laboratorios con fallas de funcionamiento y falta de reactivos en 97% y camas inoperativas 60%” .
Programas suspendidos
No solo la falta de insumo y el deterioro de la infraestructura forman parte de la no garantía del derecho a la salud en Venezuela, también lo es la suspensión de programas como el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (Spot), que el 1º de junio cumplió cinco años de inoperatividad y que afectó a cerca de 1.200 personas, de las cuales 10% corresponden a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con las estimaciones que hacen desde la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (Ontv).
También, en 2016, el gobierno detuvo las órdenes de compra de tratamiento antirretroviral con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que significó que, desde 2017, más de 79.000 personas con VIH dejaron de recibirlo y el monitoreo de HumVenezuela estima que las muertes pasaron de 1.800 en 2014 a más de 5.000 hasta 2018.
No solo el personal de salud ha puesto en alerta al Estado sobre la crisis sanitaria. En 2019, Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos para la ONU, advirtió sobre las condiciones del sistema de salud en el informe de actualización sobre la situación de Venezuela. El derecho a la salud, así como la creación de políticas públicas que garanticen la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de los centros de atención, es responsabilidad del Estado, establecida en la Constitución y en acuerdos internacionales de los que Venezuela forma parte.