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María Jesús Vallejo

El contexto en el que viven las familias venezolanas está lleno de contrastes. En la misma semana en la que se firma el acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se visibiliza la Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021 y que fue rechazada por casi 700 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por representar la criminalización de la defensa de los Derechos Humanos. 

Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, en una breve entrevista, explica qué implicaciones tiene esta medida, cuál podría ser su impacto y qué puede hacer la ciudadanía para involucrarse en la lucha de las más de 600 ONG que pudieran ver interrumpido su trabajo, de aplicarse la providencia tal cual se plantea. 

¿Qué implica esta providencia? 

Hay, en la lucha global contra la ilegitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, unos mecanismos creados que ayudan a que los países puedan hacerlo pero siempre sujetos a estándares que tienen que ver con el derecho internacional humanitario, con libertades… es decir, esta lucha no puede ser de cualquier manera y además una de las provisiones que tiene este conjunto de acuerdos internacionales es que, si se va a hacer una lucha efectiva contra esa ilegitimación de activos y de financiamiento al terrorismo, se haga siempre considerando, por lo menos en lo que respecta al mundo de las organizaciones sin fines de lucro, que las medidas que se tomen no afecten directamente a las personas beneficiarias de los programas que están llevando estas organizaciones.

Ahora, ¿cuál es la preocupación en el caso venezolano con esta providencia? Es que se plantea en un contexto general de campañas de estigmatización, de restricciones indebidas al trabajo de las organizaciones e incluso detenciones arbitrarias como el caso de Azul Positivo, con base en supuestos que no son legítimos y además por medio de órganos que no pueden actuar en casos como este: organismos militares (…).

Diosdado Cabello dice, sin ningún sustento, que hay organizaciones que tienen vinculación con el terrorismo (…), en ese contexto cuando se propone este conjunto de medidas que plantea esta providencia, uno dice: claro, la idea no es tomar unas medidas para prevenir el lavado de estos capitales y el financiamiento al terrorismo, sino mandar una señal y mantener esta conducta criminalizadora y que vincula a las organizaciones con actividades ilegitimas.

No solo se intenta criminalizar el trabajo de las ONG, sino que se intenta decir que los fondos de la cooperación internacional son para desestabilizar. Se criminaliza la recepción de esos fondos y luego el trabajo porque supuestamente no son para actuar en beneficio de la sociedad, sino para llevar adelante actividades que no son legítimas. 

¿Cuántas personas se benefician del trabajo que hace Acción Solidaria?

Un programa como el nuestro, solamente en tratamientos (antirretrovirales), está beneficiando a unas 55.000 personas al mes. Ahora, suma las 700 organizaciones que firmaron el rechazo a la providencia administrativa…

Esto sucede en medio de una pandemia, en un país que atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja. ¿Esto puede aumentar la situación de vulnerabilidad, sobre todo, de poblaciones con condiciones particulares como las personas con VIH?

Si se hace una aplicación de esta providencia tal como está, que es incumplible, y eso pudiera implicar la interrupción, aunque sea temporal, de organizaciones como Acción Solidaria, realmente el impacto sobre personas con necesidad sería inmensa.

(…) Esto terminaría siendo como una onda expansiva, donde tú afectas a un grupito en el centro pero aquello siempre tiene repercusiones mucho más amplias y aunque uno no lo perciba así en el día a día, al final probablemente lo sentiríamos. En el caso de Acción Solidaria es claro que afectarnos termina siendo un detrimento de por lo menos 55.000 personas que reciben donaciones de tratamientos, en el caso de Alimenta la Solidaridad podemos imaginar lo que significó el cierre, así fuera temporal de 22 comedores , son 16.000 personas al día: Azul Positivo con más de 10.000 personas o Convite con todo lo que hace con las personas mayores. Es decir, si uno va sumando, el efecto de esta providencia administrativa sobre la sociedad es inmenso. 

¿Cuáles son los pactos que viola el Estado con esta medida?

La forma en la que se implementa y el contexto en el que se da son violatorios de compromisos de garantía de libertad de asociación, garantía de protección, libertad de expresión y participación en asuntos públicos y el derecho a defender derechos humanos, establecidos en el pacto de derechos humanos.

También se viola el acuerdo de defensores de derechos humanos del cual forma parte Venezuela, aunque no es un pacto.

¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía?

Desde los espacios de interlocución de cada persona, poder reconocer este trabajo que se hace en las organizaciones, entender su importancia, si hay posibilidades de comunicarlo, hacerlo; si se trata de personas de la diáspora ayudar, levantar su voz y, claro, quienes estamos más vinculados al movimiento, estamos informando y solicitando el respaldo de organismo internacionales de derechos humanos.