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María Jesús Vallejo

El paludismo, también llamado malaria, es una enfermedad potencialmente mortal que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se transmite al ser humano por la picadura de las hembras de varias especies de mosquitos Anopheles. Aunque es la más importante de las enfermedades debilitantes, la comunidad científica ha demostrado que es prevenible y curable.

En 2019, hubo 229 millones de casos y 409.000 muertes, según el Informe mundial sobre paludismo. De esas muertes, 274.000 -lo que representó 67%, fueron de niños y niñas menores de cinco años. 

Desde la Asamblea de la Salud de la OMS del año 2007, cada 25 de abril se conmemora el Día Mundial del Paludismo con la intención de insistir en la necesidad de invertir en la investigación, prevención y control de esta enfermedad por parte de los Estados. Sin embargo, de los 3.000 millones de dólares que se utilizaron para financiar estos objetivos en 2019, solo 900 millones -o 31% del total- fueron contribuciones de los gobiernos de los países endémicos. 

Ahora, ¿cuáles son los datos en Venezuela? El Ministerio para la Salud no ofrece información pública sobre el sistema sanitario desde 2013; pero para 2016, se estimaba que habían más de 200.000 casos, un aumento de 76% con respecto al año anterior. 

Un grupo independiente de la comunidad científica, sobre la base de datos extraoficiales y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), elaboró un informe presentado por la investigadora Adriana Tami en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID), en Holanda, y en el que se precisó que para finales de 2018, había más de un millón de personas infectadas.

Las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela desde 2017 tienen repercusiones en la región. 

Desde que comenzó la migración masiva de familias venezolanas, los casos de paludismo en la región han aumentado. Para finales de 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), registró que cerca de 6,5 millones de personas han emigrado y, probablemente, la mayoría sin contar con la certeza de no estar infectadas o padecer alguna otra enfermedad. La OMS considera que la malaria es un problema de salud pública en Latinoamérica y Venezuela aporta el 53% de los casos del continente. 

Además, los estados fronterizos son los que más presentan casos. Bolívar, al sur del país, es la mayor zona endémica. Isleidy Garrido, bioanalista, en su investigación titulada Enfoque epidemiológico de género en la importación/introducción de la malaria en Venezuela. Caso del Estado Aragua, plantea la relación directa que hay entre la propagación de la malaria y la actividad minera, sobre todo, con la prostitución. 

En el texto se explica: “(…) Ahora bien, lo que se encuentra solapado, o quizás un determinante que no ha sido visibilizado como un factor social y que se traduce a un problema de salud pública es la intervención de las mujeres como trabajadoras sexuales. De modo que, la prostitución se entrelaza con la práctica de minería, muchas son las mujeres que por deprimidas condiciones de vida o coaccionada se ven en la necesidad de ofrecer servicios sexuales a cambio de oro o diamantes, convirtiéndose en un negocio lucrativo que nace para la ‘atención’ de los mineros”. Por lo que esta enfermedad afecta de forma diferencia a las mujeres, porque el trabajo sexual se han convertido en un factor de riego y de contagio.

Las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad son los niños y las niñas, las mujeres embarazadas y las personas con VIH. Este último grupo, según ONU Sida, lo conforman más de 100.000 personas. A propósito de este día, es importante recordar la responsabilidad del Estado sobre el acceso a la salud, sobre todo para estas poblaciones, como lo establecen los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución. 

*Fuentes utilizadas: