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María Jesús Vallejo

 

El jueves 25 de marzo, se llevó a cabo la audiencia número 20 del Período de Sesiones 179 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con Organizaciones No Gubertamentales venezolanas. Feliciano Reyna, fundador y director de Acción Solidaria, formó parte del equipo que convocó a la instancia para denunciar la criminalización por parte del Estado hacia defensoras y defensores de Derechos Humanos en el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa Venezuela a la vez que enfrenta la pandemia por COVID-19.

Reyna, quien además representaba a la Asociación Civil Civilis, manifestó que la EHC afecta a la mayoría de la población venezolana y limita el acceso a derechos fundamentales como la alimentación y la salud, la educación y el agua potable. Precisó: 19 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y 13 millones, en situación de inseguridad alimentaria. 

Es por eso, insistió, que es tan importante el trabajo que hacen las ONG que atienden las necesidades de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Reyna explicó: “Entre los patrones que quebrantan las garantías de los derechos humanos destacamos la criminalización intensificada con negativas de registro o procedimientos penales sobre la presunción infundada de delitos de terrorismo, legitimación de capitales e instigación al odio por defender derechos y prestar asistencia humanitaria”.

La criminalización y persecución del Estado es, además, contra activistas, trabajadores de la salud, periodistas y medios de comunicación y líderes comunitarios. Destacó los casos de acoso que sufrieron Prepara Familia, la Asociación Civil Convite,  el Provea, la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Alimenta la Solidaridad y Azul Positivo, cuyos miembros fueron encarcelados durante el último trimestre de 2020.

Aumento de abusos durante el confinamiento 

Otro de los convocantes de la audiencia fue Marino Alvarado, ex coordinador general de Provea, quien denunció que la aplicación del decreto de cuarentena (establecido por Nicolás Maduro en marzo de 2020) se hace a discreción y no respeta a los sectores más vulnerables y prioritarios.

Solo entre marzo y diciembre de 2020, fueron detenidas 258 personas defensoras de los derechos humanos y la mayoría sucedieron durante abril, el segundo mes de la cuarentena nacional. “Los derechos no pueden ser suspendidos”, dijo Alvarado. 

“La ausencia de criterios para garantizar derechos, propios de una emergencia sanitaria, ha jerarquizado el mantenimiento de control sobre la población y el orden sobre el territorio, generando diversas vulneraciones a la ciudadanía. Es decir, ha priorizado la seguridad, entre comillas, a la salud de todas y todos los venezolanos y quienes habitan este país”, enfatizó y recordó que la violación a los derechos humanos en Venezuela es sistemática. 

Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), insistió en la tarea de documentación, registro y denuncia que hacen las ONG frente a las instancias internacionales, de las que Venezuela es firmante, sobre las vulneraciones a los derechos de la sociedad civil.

Exigencias a la CIDH

En un contexto de constante persecución por parte del Poder Ejecutivo, las ONG exigieron a la CIDH, primero, el rechazo y exigencia (a las autoridades venezolanas) del fin de la aplicación de los patrones de criminalización y represión contra la sociedad venezolana y las organizaciones. Luego, que se demande la restitución y garantía de los derechos que permitan la existencia de un entorno propicio, democrático y seguro en el que la sociedad civil pueda desenvolverse libremente; 

En tercer lugar, que requiera al Estado la garantía de  condiciones seguras y habilitantes para que la ciudadanía, atendiendo a la EHC, implemente los programas y actividades humanitarios sin problemas, restricciones ni impedimentos; finalmente, que exija, sobre todo al poder legislativo, el cese de los avances de nuevas leyes que buscan la institución de una sociedad estatizada y por tanto socavan el principio de independencia sobre la cual se sustenta la sociedad civil.