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Natasha Saturno Siñovsky

La firma del Acuerdo para financiar la entrada de Venezuela al mecanismo COVAX fue celebrado por la sociedad civil, como un avance en la respuesta humanitaria que tanto necesitamos los venezolanos frente a la pandemia por Covid-19 en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC).

El COVAX es uno de los tres pilares en el Acceso a Herramientas para el Covid-19 que fue lanzado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) en respuesta a la pandemia. Su objetivo, es lograr una alianza con gobiernos, organizaciones de salud, proveedores, científicos, sector privado, organización civil, entre otros para ayudar a proveer de forma accesible los diagnósticos, tratamientos y vacunas.

Parte del trabajo que quieren lograr es garantizar el acceso a vacunas para el 20% de la población de cada país para este año, es importante destacar, que para ser empleadas deben estar autorizadas para su uso de emergencia por la OMS.

Ahora, parte de las vacunas aprobadas es la de la compañía farmacéutica AstraZeneca desarrollado en conjunto con la Universidad de Oxford. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ratificó su decisión de no permitir su entrada (que sería la primera en llegar al país a través del mecanismo COVAX). En su locución el mandatario informó que: “Ya hemos enviado ciertas condiciones al mecanismo Covax. No va a entrar a Venezuela ninguna vacuna que no haya sido autorizada por el comité del país”.

Lo anterior, se debe a la suspensión temporal que tuvieron algunos países europeos en la aplicación de la vacuna por algunos casos de coágulos. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) revisó la AstraZeneca y concluyó que su uso no estaba asociada a un mayor riesgo de coágulos, y los países reanudaron su uso en la población.

Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro continúa negando su uso, lo que significa un retroceso nuevamente en los avances logrados con el Acuerdo de COVAX que ya tenía reservado para Venezuela alrededor de 2 millones de dosis de la AstraZeneca, y en consecuencia, un retroceso en el plan de vacunación, donde Venezuela lidera los últimos puestos en la región.

Lo que más preocupa, es que mientras el gobierno de Maduro impide el uso de una vacuna aprobada por la EMA y por la OMS, si están impulsando los ensayos de fase 3 en la población venezolana de las vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala, sobre las cuales, no existe información confiable en las fases 1 y 2, además, que el país no está preparado para hacer debido seguimiento al estudio, alertas que han realizado tanto el Centro Nacional de Bioética, como la Academia Nacional de Medicina.

Además, se anunció este 30 de marzo, que al país habían llegado unas dosis de una nueva vacuna rusa llamada EpiVacCorona, la cual, sólo ha sido aprobada para su uso en Rusia y en Turkmenistán, y ya se tiene planificado su aprobación, uso y distribución en el país.

Se debe destacar que el Estado venezolano tiene responsabilidades respecto al derecho humano a la salud de sus ciudadanos, no sólo por lo establecido en el artículo 83, 84 y 85 de nuestra Constitución, sino por las obligaciones derivadas de tratados internacionales en materia de DDHH firmados y ratificados por el país como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que contemplan la salud como un derecho humano.

Por lo que, cualquier acción u omisión en sus estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad o calidad en la debida respuesta a la pandemia por Covid-19, debe ser considerado una vulneración al derecho a la salud de los venezolanos.