Jennifer C. Jardim Gouveia
En los últimos meses, la prensa nacional ha reseñado en múltiples oportunidades cómo varias personas se han dedicado al ejercicio ilegal de actividades profesionales médicas, generando preocupación entre la población venezolana que acude en búsqueda de atención médica
Según el artículo 22 del Código de Deontología Médica vigente en nuestro país, el intrusismo se define como la incursión o interferencia en el desarrollo del ejercicio profesional médico legalmente consagrado. En Venezuela, recientemente se ha vuelto común en el ámbito sanitario, lo que afecta no solo el prestigio de la profesión, sino la salud y bienestar de quienes se dirigen ante estas personas que ejercen sin la titulación necesaria.
La organización Médicos Unidos de Venezuela (MUV) ha manifestado su preocupación ante el aumento de denuncias recibidas “sobre el ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de datos personales e intrusismo” profesional.
El tipo de intrusismo médico más documentado es la realización de actividades propias de la medicina por personas sin la formación médica y certificaciones correspondientes, el cual, también se estipula en el artículo 114 de la Ley del Ejercicio de la Medicina.
El aumento de estas denuncias en los últimos seis meses ha causado alarma entre la población venezolana. En La Victoria, estado Aragua, un hombre que se hacía pasar por ginecólogo implantó a unas 20 mujeres palitos de chupetas, les hacía creer a sus víctimas que se trataba de un anticonceptivo subdérmico (Implanon); esta persona “trabajaba” como médico en tres clínicas de la localidad, pese a no tener credenciales para su ejercicio.
En Carabobo, dos personas ejercían labores como médicos y aplicaban, sin permiso alguno, tratamientos en una vivienda que no contaba con las medidas sanitarias exigidas para este tipo de establecimientos. Además, elaboraban carnets del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) y prescribían récipes e informes médicos con sellos húmedos pertenecientes a centros asistenciales de la Alcaldía de Valencia y la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (CHET).
La rama de la medicina donde se contabilizan más casos de intrusismo en la actualidad es la cirugía plástica, tal como ha advertido la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial (Svcprem). En el estado Bolívar, 3 personas, presuntamente, se hicieron pasar por cirujanos plásticos para practicar una mamoplastia a una mujer generándole graves lesiones.
Enrique Machín, miembro del Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos del Estado Zulia, denunció la “práctica ilegal” de médicos generales que ejercen labores de medicina especializada: “Hay muchos médicos generales que hacen prácticas de medicina estética sin haber estudiado una especialización”. Al menos 19 médicos estaban llamados a comparecer ante este tribunal en marzo de este año, por violar las normas éticas del ejercicio de la medicina, entre ellas el intrusismo médico.
Odontología, la profesión más afectada
Sin duda alguna, el gremio que más se ha visto afectado por la incursión de personas no capacitadas y sin la titulación es el gremio de odontólogos. En marzo, fue detenido un hombre que se encargaba de ofrecer sus servicios de odontología en una clínica ubicada en Bello Monte, estado Miranda, tras causarle un daño severo a la salud bucal de una persona que acudió a sus servicios. Denuncias similares se han registrado en diversos estados del país en lo que va de año: Guárico, Maracay, Miranda y Táchira.
Con el cierre técnico de las consultas públicas de odontología, los consultorios privados se convirtieron en la opción más inmediata para quienes requieren atención odontológica. No obstante, en la búsqueda de opciones más asequibles las personas se exponen al intrusismo profesional odontológico. En San Félix, en el estado Bolívar, a finales de junio de 2021, varias personas fueron detenidas por ejercer la odontología ilegalmente en la vía pública, estas personas aplicaban ortodoncia con Pega Loca.
¿Cómo podemos verificar la titulación de nuestro médico?
Conforme a la última reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina (Gaceta Oficial N°41.984), además del título propio de la profesión otorgado de acuerdo a las leyes sobre la materia, para el ejercicio médico se requiere la inscripción del título correspondiente en la Oficina del Registro Principal; estar inscrito tanto en el Colegio de Médicos, en la jurisdicción donde se ejerza, como en el Instituto de Previsión Social del Médico y las demás contenidas en las leyes que regulan su actividad.
Asimismo, el Código de Deontología Médica venezolano señala que todo médico tiene la obligación de combatir el intrusismo en todos los aspectos, denunciando ante el respectivo Colegio de Médicos cualquier acto destinado a explotar la credulidad y la buena fe del público.
Mala praxis, la responsabilidad del profesional
El intrusismo médico no debe ser confundido con mala praxis que refiere a la responsabilidad (inclusive penal) del profesional de la salud ante actos de negligencia, ya sea por omisión u acción. En las regiones, recientemente se dieron a conocer dos denuncias de mala praxis que impactaron en el dominio público; durante el mes de marzo del presente año, un hombre con condiciones renales falleció tras una cirugía. Un examen de rayos x evidenció que tenía un cuerpo extraño alojado en su estómago, pues habían sido olvidadas unas tijeras (oblito) durante su intervención.
En Portuguesa, fue condenado un médico gineco-obstetra luego de ser acusado de la muerte de una adolescente de 15 años, tras una intervención ambulatoria que devino en el fallecimiento de la joven 18 días después. Sobre el especialista ya existían dos averiguaciones penales por esterilización forzada y violencia obstétrica.
Un gremio perseguido y criminalizado
El pasado 23 de abril, el presidente Nicolás Maduro prometió poner “mano de hierro” a las “mafias” instaladas en los hospitales que se roban medicamentos e insumos, asociando la crisis de desabastecimiento que existe en el Sistema Sanitario Público con actuaciones irregulares del personal que labora dentro de sus instalaciones.
Al respecto, se pronunció la organización Médicos Unidos de Venezuela (MUV) a través de un comunicado para rechazar las declaraciones del presidente; advirtiendo que este plan se ha traducido en requisas constantes y sometimiento al escarnio público de los trabajadores de la salud que consideren sospechosos: “En los últimos tiempos, en las redes sociales, ha aparecido una serie de actuaciones por parte de organismos del Estado, en casos que incluso a veces no compete, realizando acciones de privación de libertad de personal de salud que labora en el sistema público de salud o exponiéndose al escarnio público sin el debido proceso”.
Uno de los casos más resaltantes, nombrado en el comunicado, fue el de un médico residente de primer año que cargaba algunos medicamentos y materiales quirúrgicos en su koala para su uso dentro del quirófano y manifiestan que fue detenido de forma arbitraria.
A este escenario se suma esta nueva ola de casos de intrusismo médico, que puede añadir un nuevo estigma a quienes sí ejercen la medicina siguiendo las normas establecidas, con la capacitación necesaria y conforme a la Ley del Ejercicio de la Medicina. La preocupación es que el Estado venezolano vea en estos casos aislados una oportunidad para continuar con la persecución y represión contra el personal de salud.
Además, esta situación desvía la atención del problema principal: el colapso generalizado que sufre el Sistema Sanitario Público desde la instauración de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela (EHC) en el 2016, debido principalmente, al desfinanciamiento, a la corrupción y a la errada implementación por años de políticas públicas en el sector salud.
Para concluir, el intrusismo médico es un problema de salud pública, y de acuerdo a sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, el Estado venezolano debe garantizar el derecho a la salud de la población venezolana. Esto se traduce en el acceso a bienes y servicios apropiados desde el punto de vista científico y médico, además de que deben ser de buena calidad.
Ello requiere, entre otras cosas, que el personal médico esté capacitado, bien remunerado y calificado para atender a la población, de allí la importancia de frenar esta práctica ilegal que pone en peligro la vida y salud de la población, pero sin que ello suponga un nuevo factor de criminalización a un gremio que ya está siendo vulnerable.