El doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, no solo puso a prueba la infraestructura venezolana, también expuso la fragilidad de un sistema sanitario deteriorado con el paso de los años. Más allá de los daños materiales inmediatos observados por agencias como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la verdadera emergencia se traslada al terreno de la salud pública.
Elaborado por: Verlaine J. Rosales C.
Revisado y editado por: Kimberley K. González M.
Venezuela fue definida por primera vez como una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) hacia finales de 2015 a raíz de advertencias de la sociedad civil ante la grave crisis alimentaria y de medicamentos que atravesaba el país. En medio de la crisis los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que ocurrieron en el norte de Venezuela tuvieron un profundo impacto en un contexto atravesado por la fragilidad institucional, humanitaria y sanitaria. A un mes del desastre la emergencia continúa, motivada no sólo por la urgencia de rescatar a los sobrevivientes y atender a los heridos, sino de sostener a aquellas personas que siguen necesitando atención en un sistema colapsado, la emergencia estaría lejos de terminar, indicó la Organización Panamericana de la Salud.
A su vez, de acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas, este escenario ejerce una presión sin precedentes sobre la respuesta sanitaria, elevando los riesgos epidemiológicos en todo el país. La crisis exige ahora avanzar hacia la estabilización operativa para garantizar la continuidad de la atención médica en los sobrevivientes y prevenir brotes epidemiológicos, requiriendo un apoyo nacional e internacional sostenido.
Emergencia silenciosa: las personas con condiciones crónicas de salud
Los hospitales también se vieron afectados tras los terremotos del 24 de junio, Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela señaló que en La Guaira dos de los tres hospitales públicos quedaron fuera de funcionamiento, dejando al único hospital operativo desbordado y sin suministros. Mientras tanto, en Caracas el techo de uno de los principales hospitales de traumatología de la ciudad se derrumbó parcialmente. Además, tan sólo tres ambulancias públicas se encuentran en funcionamiento para el área metropolitana de Caracas.
Sin embargo, el desabastecimiento y las fallas en la infraestructura de los hospitales son un problema de larga data para Venezuela, en abril la Federación Médica Venezolana (FMV) afirmó que el 90% de los hospitales del país están desabastecidos y abandonados, así mismo, la última Encuesta Nacional de Hospitales (2024) señaló que el índice de desabastecimiento de insumos de quirófano estaba en 74% y sólo 4 de cada 10 quirófanos estaban operativos. En medio de esta situación medios de comunicación reportan que al acudir a los hospitales públicos las personas se ven en la necesidad de llevar sus propios insumos, un gasto que para muchos resulta inaccesible.
Ante esta realidad la emergencia ha provocado una priorización de recursos, frente a miles de personas afectadas, el sistema sanitario ha tenido que reorientar sus ya limitadas capacidades para la atención de personas afectadas por el terremoto, brindando atención de urgencias y traumatológicas, sin embargo, debido a lo limitado de los insumos, el personal médico y el deterioro de las instalaciones, otras necesidades como las consultas de control, diálisis o quimioterapias se han visto desplazadas.
La Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió sobre el riesgo que enfrenta Venezuela en materia de salud pública, siendo la demanda de atención en salud mental y el seguimiento de pacientes con condiciones crónicas de salud necesidades que pueden intensificarse durante esta etapa de recuperación.
Aunque la asistencia internacional ha sido un alivio en medio de la crisis, la escasez de servicios esenciales en los centros de atención en salud resulta una preocupación en el largo plazo, no sólo para la atención de lesiones causadas por el terremoto, sino por las consecuencias de las interrupciones en los servicios de salud, el hacinamiento y las deficiencias en el agua.
En definitiva, la realidad de las personas con condiciones crónicas en Venezuela evidencia que la crisis sanitaria va mucho más allá de la disponibilidad de medicamentos; se trata de una falla estructural alimentada por la opacidad informativa, la centralización de los servicios y el estigma institucional. La falta de estadísticas oficiales actualizadas no sólo invisibiliza las barreras diarias que enfrentan los usuarios para acceder a controles rutinarios, sino que condena al sistema público a operar a ciegas, trasladando la carga económica y logística de la supervivencia directamente a las familias de las personas afectadas.
Frente a este escenario, resulta urgente reestructurar la respuesta sanitaria mediante la descentralización de la atención. Esta transformación requiere un compromiso institucional que supere la simple entrega de insumos e integre la prevención, la evaluación oportuna y el acompañamiento continuo dentro de las políticas públicas. Solo así se podrá garantizar que, tanto en la gestión cotidiana como en medio de desastres y emergencias complejas, la salud de las personas sea protegida como un derecho humano inalienable.
Frente a esta omisión estatal que se suma a la desatención de las afecciones crónicas de salud, las organizaciones de la sociedad civil y los propios familiares han tenido que articular mecanismos independientes de rastreo y programas de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS). De este modo, la acción comunitaria intenta sustituir el vacío del sistema sanitario, brindando contención emocional, monitoreo y búsqueda en medio de la incertidumbre.
Desde Acción Solidaria nos unimos a la causa, activando mecanismos de respuesta humanitaria de emergencia para amortiguar el impacto en las comunidades más vulnerables. Aprovechando más de tres décadas de trayectoria en la defensa del derecho a la salud y la gestión asistencial, la organización ha gestionado sus esfuerzos para evaluar de primera mano las necesidades sanitarias y coordinar la entrega prioritaria de ayuda en las zonas más afectadas.