Algunas de las mejoras económicas de los últimos años ponen en duda la necesidad de renovar los mecanismos de monitoreo en el país; sin embargo, la inestabilidad política, económica y social, que ha traído graves consecuencias humanitarias y vulneraciones masivas a los derechos humanos persiste
Natasha C. Saturno S.
Ante la próxima celebración de sesiones, en septiembre de 2022, del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se levanta la inquietud sobre la necesidad de renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM por sus siglas en inglés). Parte de la inquietud se relaciona con la supuesta mejora de las condiciones de vida de la población venezolana y la existencia de otros mecanismos de protección de derechos humanos que se encuentran activos, como el monitoreo que realiza la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Sobre el primer punto, a pesar de que se han percibido algunas mejoras económicas en el país, la causa principal que llevó al caso venezolano a considerarse una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) persiste: inestabilidad política, económica y social, que ha traído graves consecuencias humanitarias y vulneraciones masivas a los derechos humanos.
Estas consecuencias se mantienen muy presentes y siguen siendo un foco de preocupación. En el Plan de Respuesta Humanitario 2022-2023, se aumentó la población meta de 4,5 millones a 5,2 millones de personas, haciendo énfasis en tres áreas primordiales de afectación: salud; seguridad alimentaria y agua; saneamiento e higiene.
En el informe de junio de este año, de la OACNUDH sobre Venezuela, se continúa registrando vulneraciones a los derechos humanos de la población. Destacaron la falta de acceso a información pública, la precariedad del sistema de salud público, la explotación de recursos y personas en el Arco Minero, las restricciones al espacio cívico, las vulneraciones a libertad de expresión, entre otros.
Sobre el segundo punto, la existencia de la OACNUDH no limita o compite con el de la FFM. Aunque ambos mecanismos monitorean e investigan lo que ocurre en materia de derechos humanos, la FFM lo hace con un mandato específico para asegurar la plena rendición de cuentas de los autores de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; para lo cual, recaba pruebas y utiliza un estándar probatorio de “motivos razonables para creer” para la elaboración de sus informes.
En cambio, la OACNUDH posee una mirada más amplia, informa sobre violaciones de derechos humanos, tanto de derechos civiles y políticos, como de derechos económicos, sociales y culturales, y ofrece cooperación técnica al Estado. Estos mandatos, lejos de competir, se complementan para dar una mirada completa y más integral a la situación de Venezuela.
Por lo anterior, un grupo de 125 organizaciones de sociedad civil, donde se encuentra Acción Solidaria, solicitó a través de un comunicado público al CDH la renovación del mandato de la FFM por un período de dos años. Esto permitiría que este grupo de expertos independientes pudiera monitorear en detalle vulneraciones a los derechos antes mencionados en el contexto de las próximas elecciones presidenciales previstas para 2024, fungiendo como un actor clave de alerta temprana que permita evitar o disuadir al Estado de cometer estos abusos.