El segundo monitoreo hecho por Acción Solidaria demostró que, durante 2021, persistió un patrón de vulneración del derecho a la salud con especial afectación sobre algunas poblaciones, en un contexto de alerta global por el covid-19 en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja
María Jesús Vallejo
La Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria presentó, por segundo año consecutivo, su informe Salud en emergencia: el caso de Venezuela, que resultó del registro de eventos relacionados con el derecho a la salud entre enero y septiembre de 2021, a través de la prensa nacional e internacional y otras organizaciones de la sociedad civil.
La documentación que se hizo en 2020 demostró que hay un patrón generalizado de vulneración del derecho a la salud en todos sus estándares: disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad. Lo que dejo en evidencia que el sistema sanitario público se encuentra en una situación de colapso sin precedentes, tal como lo ha denunciado el gremio desde 2015.
En los tres trimestres monitoreados, se registraron 1.314 eventos de vulneración del derecho a la salud, de los cuales, 1 de cada 5 ocurrieron en centros públicos. El total de casos casi alcanza, en menos tiempo, el resultado del informe de 2020, cuando se contabilizaron 1.436 eventos. Además, se pasó de registrar 85 hospitales a 116 y de esos, 66% son de tipo III y IV.
Para 2021, la desatención del Estado venezolano se ha agudizado y se ha dejado desprovista a la población de centros, bienes y servicios de salud; fueron constantes las denuncias de servicios inoperativos o con fallas en la atención por escasez de insumos, medicinas, personal de salud y servicios públicos.
A diferencia del informe anterior, el de 2021 registró el inicio de la vacunación masiva contra SARS-CoV-2, cuyas jornadas fueron irregulares y sin un plan claro y con enfoque en las poblaciones más vulnerables, como el personal de salud y personas con condiciones de salud de base.
Estructura hospitalaria
En la primera sección, se demuestra el deterioro progresivo de los centros de salud. 127 casos tienen que ver con la operatividad o cierre de los servicios, la falta de insumos y personal especializado. 32 casos, con la ubicación de los hospitales y su accesibilidad para las personas o que tan complicado es llegar hasta uno. 30 casos, con el costo de medicamentos, exámenes u otros servicios, ante la falta de operatividad del sistema sanitario público. 4 casos, con la afectación directa de la Emergencia Humanitaria Compleja y 48 casos, con el estándar de calidad, que además impacta sobre todos los demás estándares.
Poblaciones vulnerables
Entre los grupos registrados que resultaron estar en mayor situación de vulnerabilidad están niños, niñas y adolescentes (NNA), mujeres, defensores y defensoras del derecho a la salud, personal de salud, personas con discapacidad, comunidades indígenas y migrantes.
De estos, el que tuvo mayor número de incidentes fue el personal de salud, con 193, de los cuales 142 son denuncias del gremio sobre la falta de equipo de protección personal para la reducción de riesgo frente a covid-19; irregularidades y corrupción en las jornadas de vacunación; condiciones laborales precarias y falta de mantenimiento y aseo dentro de los centros de salud.
Luego, están NNA con 124 casos, sobre todo relacionados con condiciones de salud crónicas como insuficiencia renal, desnutrición, infecciones respiratorias agudas, cáncer y VIH. De estos, 45% de los eventos enlazados al Hospital de Niños José Manuel de los Ríos -conocido también como Hospital de Niños J. M. de los Ríos-. Las principales denuncias tienen que ver con desabastecimiento de medicamentos e insumos , cierre de servicios y fallas de los servicios públicos.
En el grupo de las mujeres se documentaron 85 eventos y 25% correspondientes a la escasez de medicamentos, incluyendo métodos anticonceptivos. Además, se evidenció que esta población tiene una afectación transversal que puede estar condicionadas por edad, raza, clase, etnia, orientación sexual y, por supuesto, género. Mujeres de la tercera edad, indígenas, migrantes, mujeres con discapacidad y privadas de libertad pueden sufrir doble o triple discriminación.
COVID-19
Hubo 643 eventos relacionados directamente con la pandemia por covid-19 y los estados con mayor incidencia fueron Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Zulia y Táchira. Destacaron las denuncias del personal de salud con respecto a la discriminación en las jornadas de vacunación, por ejemplo, en muchos centros exigían el carnet de la patria como un requisito, y con la opacidad de información sobre el virus. No hubo priorización de la vacunación para personal de salud ni personas con condiciones de salud, como VIH.
Condiciones de salud
En la última sección del informe, se detallan los casos relacionados con coagulopatías, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, personas trasplantadas, cáncer, infecciones respiratorias agudas, tuberculosis, enfermedades mentales, desnutrición, VIH y otras condiciones de salud. Se registraron 461 eventos y explican la afectación diferenciada que tiene la vulneración del derecho a la salud para estas personas en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja.