De acuerdo con un estudio de Consorven hecho a 103 personas que viven con alguna discapacidad, 84% de las personas con discapacidad requieren atención médica y 81% tiene más de un año que no la recibe
Juan. M. Rodrigues G.
No caben dudas de que las personas con discapacidad (PCD) son un grupo vulnerable. Por esta razón los países deben implementar una serie de políticas que garanticen su inclusión y el ejercicio de sus derechos. Esa situación de vulnerabilidad en la que viven aumenta en un contexto como el venezolano, producto de las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) y de la pandemia del SARS-CoV-2.
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La EHC y la pandemia son dos variables fundamentales para comprender cómo sus consecuencias tienen una afectación transversal en todos los niveles de vida, afectando de forma diferenciada a los grupos más vulnerables, entre ellos, las PCD.
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), en un estudio publicado en enero de 2021, con enfoque en el impacto de la pandemia sobre las PCD, arroja algunas luces sobre la gravedad del problema, específicamente, en el tema de la salud: de las 103 PCD consultadas, 84% requiere atención médica asociada a la discapacidad con la que viven, y de esta proporción, 58% requiere de atención especializada; 31%, rehabilitación médica y 12%, servicios de salud mental.
Las cifras citadas anteriormente por sí solas no son suficientes para explicar la dimensión de la vulnerabilidad con las que viven las PCD. Ese mismo estudio determinó que 74% de las personas con discapacidad no accede regularmente a los servicios médicos por diversos motivos, entre los cuales destacan los graves problemas del estándar de accesibilidad, tanto física como geográfica.
Cuando hablamos de PCD, el transporte es un servicio fundamental, especialmente cuando se trata de personas con alguna discapacidad motora y en este espectro, 13% de esta población no tiene acceso a servicios de salud por falta de transporte.
33% de las PCD ha dejado de recibir atención médica por ausencia de servicios de salud cercanos a sus domicilios, con las consecuencias sobre la calidad de vida que la falta de atención médica tiene sobre esta población afectada.
De la misma forma, 51% de las personas consultadas por Consorven sostiene que los centros de salud no son accesibles geográficamente, ya que 48% de las personas debe recorrer entre 5 y 10 kilómetros para recibir atención médica y 43% recorre más de 10 kilómetros.
La llegada de la pandemia por el Sars-Cov-2 dentro del sistema público de salud relegó a segundo plano la atención de otras condiciones de salud y, en consecuencia, también la atención de personas con discapacidad, por lo que se han visto desprovistas de atención médica.
En algunas sesiones de trabajo entre Consorven y Acción solidaria, llevadas a cabo este año, fue discutido el impacto negativo que ha tenido los cierres de las Salas de Rehabilitación Integral, asociadas a la Misión Barrio Adentro durante la pandemia, lo que ha desmejorado considerablemente la calidad de vida de las personas beneficiarias de estos servicios.
La situación es tan grave que 81% de las PCD consultadas en el estudio de Consorven no recibe atención médica desde hace más de un año, lo que determina las consecuencias notables que ha tenido la pandemia en el ya precarizado sistema público de salud.
Los problemas son de asequibilidad y accesibilidad: 48% de las personas que vive con alguna discapacidad no accede a servicios médicos por falta de recursos económicos, lo que impide a esta población, y a sus familiares, acceder a servicios privados o, incluso, pagar transporte para acudir a algún servicio público de salud.
La afectación del derecho a la salud de las personas con discapacidad es global, ya que existen hechos que constituyen vulneración a los estándares de disponibilidad, en cuanto al número de servicios y bienes de salud disponibles y adaptados a sus discapacidades; accesibilidad, tanto en su dimensión física como en la económica, por las largas distancias que deben recorrer las personas para recibir atención médica y la falta de recursos económicos para poder sufragar los costos que estos traslados conllevan y, por supuesto, repercute igualmente en el estándar de calidad.
La atención de grupos vulnerables es prioritaria y en los planes de respuesta, necesariamente, debe considerarse un enfoque de discapacidad y no solamente limitado a discapacidades físicas, sino que incluya el espectro de discapacidades completo: visuales, mentales, múltiples. Solo de esa forma se puede garantizar una inclusión y respuesta adecuada, que garantice servicios y bienes de salud mínimos que permitan mejorar y salvar vidas.