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46% de la población venezolana tiene hipertensión arterial o diabetes en un país donde el salario mínimo no alcanza los tres dólares mensuales y los tratamientos pueden costar hasta 20

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1.130 millones de personas en el mundo tienen hipertensión arterial y apenas 1 de cada 5 personas tiene controlado el problema. Esta condición se posiciona como una de las causas principales de mortalidad prematura. En el caso de la diabetes se estiman más de 422 millones de personas con esta condición de salud, que es frecuentemente asociada a la insuficiencia renal, infartos, accidentes cerebrovasculares y amputaciones. En ambos casos, la mayoría de las personas que sufren de estas condiciones de salud viven en países de ingresos medios o bajos y se enfrentan a diferentes obstáculos para poder atenderse adecuadamente.

Las implicaciones de vivir con hipertensión o diabetes en Venezuela
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Venezuela, es un país que aparte de contar con ingresos medios o bajos y presentar los mismos desafíos para atender a su población en estas condiciones crónicas de salud, enfrenta una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) desde el 2015 y, más recientemente, los estragos causados por la pandemia por el virus del SARS-CoV-2.

En nuestro país, de acuerdo con el Estudio Venezolano de Salud Cardio-Metabólica (Evescam) del año 2017, se estimó que 34,1% de la población venezolana sufre de hipertensión arterial y 12,3% de diabetes. Lo más preocupante es que alrededor de 60% no está controlado adecuadamente, estas cifras triplican las estimaciones de la OMS.

Esta falta de control se debe principalmente al colapso generalizado del Sistema Sanitario Público (SSP); la falta de campañas de prevención e información; la falta de insumos y medicamentos como glucómetros y lancetas, o sus altos costos; el deterioro de la infraestructura; la falta de mantenimiento de los equipos médicos; el cierre de servicios médicos como la consulta de pie diabético en el Hospital Simón Bolívar en Maturín y el éxodo de profesionales de la salud. Son factores a los cuales se les sumó la actual pandemia y que impiden que la población venezolana realice sus controles médicos necesarios y acceda a su tratamiento para atender su condición de salud.

Otro problema fundamental, lo vemos en términos de asequibilidad: la pérdida de la capacidad de compra del venezolano se refleja en la dificultad para adquirir los medicamentos e insumos necesarios para controlar estas condiciones crónicas que requieren de tratamientos mensuales.

Un claro ejemplo lo vemos con medicamentos para la tensión que de una revisión de la página de Farmatodo se pueden ver que algunos precios oscilan entre 3 y 7 dólares para un tratamiento mensual. En el caso de los lápices de insulina para personas con diabetes, pueden llegar a costar entre 15 y 20 dólares en un país donde el salario mínimo mensual no excede los 3 dólares.

Poblaciones vulnerables: doble afectación

Como sucede con la mayoría de las afectaciones de salud, si lo padece una persona que además pertenece a alguna población vulnerable como mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes (NNA), la afectación se duplica, por lo que los riesgos y dificultades, incrementan. 

Al respecto se expresaron miembros del Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas (Gremca) en una entrevista con Acción Solidaria. Esta organización tiene como objetivo la atención de la población ante eventos adversos como desastres naturales; sin embargo, desde el apagón general que vivió el país en el año 2019, la organización ha ido ampliando su campo de acción hacia la parte humanitaria.

Indicaron que este año tuvieron jornadas simultáneas de salud donde se entregaron medicamentos y se ofrecieron algunos servicios médicos en Caño Amarillo, Caricuao y Parque Alí Primera (conocido como Parque del Oeste), donde atendieron a más de 800 personas. 

Aunque no ofrecieron datos específicos, mencionaron una especial preocupación sobre la cantidad de NNA insulinodependientes que tuvieron que atender. Recordaron un caso de una adolescente, de 16 años, embarazada, que tuvo muchas dificultades para trasladarse desde la madrugada para buscar la insulina. También comentaron la situación de los adultos mayores encuentran en estado de abandono, con condiciones crónicas de salud, sin posibilidad de dar continuidad a sus tratamientos médicos y que deben ser apoyados por terceros, como sus vecinos para el traslado, porque los familiares están fuera del país.

La organización de sociedad civil Convite indicó que cerca de 70% de los adultos mayores son diabéticos, hipertensos o ambas y apenas 5% puede adquirir los medicamentos con facilidad. Recordemos que esta población, además, depende de la pensión del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) para poder cubrir sus necesidades, la cual, no alcanza los 2 dólares mensuales. Muchas veces deben decidir entre comer o tomar su medicamento, o como indica Luis Francisco Cabezas, director de Convite, deben abandonar sus tratamientos o sustituirlos por remedios naturales como guarapos, aunque su efectividad no está comprobada.

En el caso de las mujeres, la alianza de organizaciones de sociedad civil Salud para Todas, en una investigación entre septiembre y octubre del 2020 donde se consultaron a 203 mujeres y se revisaron 640 historias clínicas, encontraron que el 20% tiene un diagnóstico de hipertensión arterial y 40% reconoce no tener los medios para atenderse su condición. Además, encontraron que 2 de cada 10 embarazadas reportan haber presentado hipertensión arterial, la cual, es una complicación frecuente del embarazo y que de no ser controlada adecuadamente puede costarle la vida a la madre y al hijo por nacer.

Al respecto, otro estudio del Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu), en el estado Lara, concluyó que la región registró durante 2020 una tasa de mortalidad materna superior a la registrada en 1957, con una tasa de 121,3 decesos por cada 100.000 nacidos vivos y la principal causa de mortalidad materna fue la hipertensión arterial no controlada.

La pandemia del SARS-CoV-2 limita la atención de otras condiciones de salud

Ya la crisis en Venezuela era apremiante cuando apareció el virus del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del Covid-19. Desde la declaración de Estado de Alarma en marzo de 2020, se produjeron una serie de medidas que incluyeron cuarentenas radicales, cierre de negocios, restricción de la movilidad terrestre y aérea, asignación de centros de salud centinelas para la atención de personas contagiadas.

Los cuales tienen (a pesar de la flexibilización de las medidas) impactos importantes en el acceso a bienes y servicios de salud de personas con condiciones crónicas de salud. Un ejemplo, son las personas que se atendían en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt) de Maturín quienes fueron remitidos a otros centros de salud en el Estado Monagas. Esta situación, dificulta el traslado de esta población a sus consultas, que además deben enfrentarse a las restricciones de las semanas radicales, a los costos del transporte público y a la escasez de gasolina.

Por otra parte, tener una condición de base es un factor de riesgo para desarrollar síntomas severos en el Covid-19, especialmente, si la persona sufre de hipertensión arterial o diabetes, por lo que se hace necesario que se consideren estas características como prioritarias a la hora de realizar las jornadas de vacunación.

Sin embargo, la organización de sociedad civil SOS Pacientes Renales que opera en el Estado Lara ha venido denunciando la necesidad de dar prioridad a personas con condiciones crónicas de salud como grupos prioritarios en las jornadas de vacunación.

Incluso, introdujeron el pasado mes de julio una solicitud a la Secretaría de Salud de ese estado, para que se aclare cómo funciona el algoritmo del Sistema Patria (mediante el cual se pide la cita para ser vacunado) ya que han evidenciado casos donde personas jóvenes sin condiciones previas, son vacunados primero que personas con condiciones de base, especialmente, en el caso de personas con diabetes que tienen entre 3 y 4 veces más probabilidad que la población general de ingresar a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).