Los niveles de pobreza, las fallas de los servicios públicos y la desnutrición, son algunos de los factores que contribuyen al aumento de casos de tuberculosis en el país. También, el financiamiento deficiente del programa de respuesta supone obstáculos graves para el diagnóstico y el tratamiento, lo que tiene un especial impacto en grupos vulnerables
Juan M. Rodrigues Goncalves
En Venezuela se ha establecido un estándar deplorable: la opacidad en el manejo de cifras oficiales. Desde el año 2016, no ha sido publicado el boletín epidemiológico que permite llevar registro de condiciones de salud que en general han tenido un repunte importante en los últimos años, como lo son tuberculosis, malaria, dengue, zika o hepatitis.
De acuerdo con un monitoreo hecho por Acción Solidaria, a través de medios de comunicación y ONG, sobre situaciones que constituyen vulneración al derecho a la salud en Venezuela, durante el año 2021 se contabilizaron 56 casos relacionados con eventos sobre tuberculosis y en lo que va de 2022, 50. Lo que significa un aumento de 98% antes del tercer trimestre.
Algunos datos oficiales, que han sido recogidos en medios de comunicación, señalan que Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar se encuentran entre los 10 estados del país con mayor número de casos de tuberculosis. Aunque Caracas también ocupa un puesto dentro de la escala.
Los niveles de pobreza, las fallas de los servicios públicos y la desnutrición, son factores que contribuyen al aumento de casos en el país. Solo en 2018 fueron registrados 10.574 casos, lo que representó un pico histórico. Según datos de la OMS, en 2020, se reportaron 9.150 casos, entre nuevos y recurrentes.
Poco financiamiento para la respuesta
La pandemia por la COVID-19 complicó aún más el escenario de atención y control de la tuberculosis.
La mayoría de los recursos se concentraron en la atención de la emergencia global, mientras que los servicios de salud para otras condiciones fueron relegadas.
Cifras de la OMS señalan que el financiamiento interno de los programas de repuesta contra la tuberculosis ha disminuido de forma progresiva y alarmante desde 2017. Para 2020, el presupuesto nacional para la respuesta contra la tuberculosis era de casi 3 millones de dólares, de los cuales solamente se pudo cubrir 38%: el Estado venezolano aportó 7% y 31% restante fue financiado por fuentes internacionales.
Asimismo, la capacidad diagnóstica y de tratamiento es limitada y poco accesible para la población. De acuerdo con informaciones recogidas en varios medios nacionales, en los últimos 20 años las pruebas de detección a través de microscopio disminuyeron 50% y en la actualidad, solamente 5 laboratorios en el país tienen capacidad para realizar pruebas de cultivo, uno de los métodos más eficaces. Están ubicados en Distrito Capital y en los estados Aragua, Lara y Mérida.
Esto representa un problema de salud pública que tiene un impacto grave sobre los grupos más vulnerables, entre los que destacan las personas con VIH, privadas de libertad e indígenas.
Personas con VIH
Cifras de la OMS estiman que 43% de las personas que fueron diagnosticadas con tuberculosis durante 2021 eran personas con VIH. De la misma forma, organizaciones como Acción Ciudadana Contra el Sida han denunciado de forma reiterada el estado de deterioro grave en el que se encuentran los servicios de atención de tuberculosis y VIH en el país. Varios medios de comunicación han reseñado la muerte de personas con VIH que además fueron afectadas por la COVID-19 y la tuberculosis.
Personas privadas de libertad
Sin lugar a dudas, la población de personas privadas de libertad es la más vulnerable de contraer tuberculosis debido a las condiciones precarias de los centros de reclusión, caracterizados por el hacinamiento, la desnutrición, la falta de acceso a agua potable y servicios de salud.
De los 50 registros de eventos relacionados con la tuberculosis monitoreados por Acción Solidaria este año, 28 involucran a personas privadas de libertad. Situación similar ocurrió en 2021, cuando de los 56 registros, 41 se relacionaron con personas privadas de libertad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) estima que solo 10% de las personas privadas con tuberculosis son diagnosticadas y reciben tratamiento médico. Estas personas no reciben servicios ni atención médica de forma continua y adecuada a los estándares internaciones del derecho a la salud.
El OVP ha denunciado que 121 personas privadas de libertad fallecieron en los centros de reclusión durante 2021, 90 de los cuales fallecieron por situaciones de salud, entre las que destacan la tuberculosis y la desnutrición, siendo los estados Lara, Anzoátegui, Guárico y Carabobo, donde mayor cantidad de muertes hubo.
En lo que va de 2022, los estados Lara, Anzoátegui y Zulia siguen siendo los más críticos en cuanto a mayor número de casos de tuberculosis y fallecidos. Según datos de Una Ventana a la Libertad (UVL), entre octubre de 2021 y marzo de este año, se han detectado 207 casos de tuberculosis en la Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Miranda y Nueva Esparta.
Poblaciones indígenas
Los estados Delta Amacuro, Amazona y Bolívar, que albergan una concentración importante de pueblos indígenas, se encuentran entre los 10 con mayor incidencia de tuberculosis en Venezuela.
A la lista se suma el estado Sucre, donde las denuncias reseñadas en algunos medios apuntan a que la mayoría de las muertes entre los adultos mayores y niños indígenas de la etnia Warao son consecuencia de la desnutrición y la tuberculosis.
Pueblos indígenas pertenecientes a esta etnia en el estado Bolívar se han asentado en las inmediaciones de un vertedero de basura, con el objetivo de poder subsistir hurgando entre los desechos, por lo que la tuberculosis y otras condiciones de salud representan una amenaza real para estos grupos que no cuentan con acceso adecuado a servicios y bienes de salud.
La tuberculosis es una de las tantas consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y que tiene más impacto sobre los más vulnerables. Deben tomarse acciones que permitan mayor financiamiento del programa de respuesta, dirigir los recursos para poder atender la capacidad diagnóstica en Venezuela, para atender los casos de personas contagiadas y, además, hacer más accesible estos estudios médicos, con especial atención a grupos en mayor riesgo.