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Fecha: 13/agosto/2020

Natasha Saturno Siñovsky

El día de ayer las organizaciones de la sociedad civil: Prepara Familia, Cepaz, Provea y Acción Solidaria ofrecieron una rueda de prensa a través de la plataforma Zoom para informar sobre la Resolución 42/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que amplía medidas cautelares para la defensora de derechos humanos, Katherine Martínez.

Beatriz Borges, abogada, defensora y coordinadora de Cepaz, quienes lideraron la solicitud de estas medidas cautelares para Katherine, indicó que el tema fundamental es que la “Comisión estimó que Katherine se encuentra en una situación de riesgo grave, urgente y de carácter irreparable de que se vulneren sus derechos a la vida, como a la integridad personal, como consecuencia de su labor como defensora de derechos humanos”.

El caso de Katherine Martínez

Katherine Martínez es una reconocida venezolana defensora de derechos humanos y coordinadora de la asociación civil Prepara Familia, su área de trabajo son los derechos económicos, sociales y culturales de niñas, niños y adolescentes pacientes del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos y de sus madres cuidadoras, desde el 2017 viene denunciando la crítica situación en la que se encuentra la estructura hospitalaria, así como el grave desabastecimiento de insumos médicos y fármacos que ha incidido gravemente en el derecho a la salud, a la vida y a la integridad física de los pacientes.

Su arduo trabajo (en conjunto con Cecodap) de documentación y denuncia de las condiciones del centro asistencial lograron el otorgamiento de medidas de protección al servicio de nefrología del Hospital de Niños bajo la Resolución 8/2018 y posteriormente a otros 13 servicios bajo la Resolución 43/2019 de la CIDH. Esta importante labor le valió el galardón en la 10ma edición del Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá (2019).

Su testimonio

En la rueda de prensa Martínez destacó que dentro de los obstáculos a su trabajo se encuentran: las amenazas a su trabajo desde la primera audiencia en 2017 a la que asistieron con Cecodap y que fueron “subiendo de tono” a medida que pasaba el tiempo, la persecución sufrida a manos de personal de seguridad que los seguían dentro del Hospital en todas sus actividades, la prohibición de entrada al J.M. por parte de la Directiva del Hospital y con órdenes del Ministerio de la Salud, la difamación, el hostigamiento e incluso la invasión a su centro de acopio el 12 de enero del 2020 que lamentablemente tuvieron que cerrar por lo sucedido.

Sin embargo, indicó que todos estos problemas los han ido superando porque “esto es un compromiso de vida, es un compromiso de fe inclusive, el mío, el de mi equipo de voluntarias… nosotros no vamos a dejar que nada nos cambie y nos limite nuestro accionar, nosotros estamos comprometidos”.

La situación de los defensores de derechos humanos

Lexy Rendón quien habló en la rueda de prensa por Provea, Laboratorio de Paz y Civilis, celebró estas medidas otorgadas por la Comisión en especial en este contexto de pandemia por el
COVID-19 donde la labor humanitaria y de defensa de derechos es esencial. Además, agregó que es importante porque han visto un patrón que se repite con los defensores de deslegitimizar su trabajo para que no se conozca la situación real que se vive en el país.

De hecho, el caso de Katherine no es aislado, la defensa de derechos humanos en Venezuela es un trabajo que genera riesgos para la persona que lo ejecuta. En el Informe elaborado por Civilis y otras organizaciones, se registran patrones de violación del derecho a defender derechos humanos en 15 estados del país como: el acoso, la difamación, el hostigamiento, la detención arbitraria y la criminalización.