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Por: Naiguel J. Baspe.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) publicó un informe de actualización sobre el caso Venezuela el pasado 3 de agosto donde revelan preocupantes cifras sobre como el COVID-19 ha empeorado las necesidades humanitarias en el país que se enfrenta a una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC).

El documento indica que de un total de 1.511.433 pruebas para la detección de COVID-19 aplicadas hasta el 28 de julio del 2020, tan sólo el 6% corresponden al metodo de reacción de cadena de la polimersa (PCR) siendo el otro 94% de los diagnósticos vía pruebas rápidas. Agregan que las autoridades sanitarias siguen trabajando para «descentralizar e incrementar las capacidades de diagnóstico PCR con el apoyo de la OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud)». Además, se activó a finales de julio un segundo laboratorio en la ciudad de Caracas para estudiar las pruebas PCR  y agilizar la detección de contagios.  Sin embargo la Presidenta de la Federación de Colegios de Bionalistas de Venezuela Judith León, señaló que la descentralización de las pruebas PCR no se concreta porque las autoridades “no quieren”, agregó que en Venezuela existen 5 laboratorios públicos (de las Universidades) y 6 privados que hacer mil pruebas al día.

El informe también destaca la preocupación por el aumento de contagios en personal sanitario, hasta el 11 de julio se reportaban 212 casos confirmados.Sin embargo la organización Médicos Unidos de Venezuela especificó que hasta el 31 de julio, han fallecido 38 trabajadores del sector salud lo que representa el 24.1% de los casos que han reportado. Entre las causas destacan la limitada disponibilidad y accesibilidad a equipos de proteccion e incluso su uso inadecuado. Cabe destacar que de acuerdo a una denuncia del Presidente de la AN Juan Guaidó Venezuela tiene la tasa de mortalidad del personal de salud más alta de Latinoamerica a causa de COVID-19.

Sin embargo, OCHA, advierte que el incremento de las necesidades humanitarias de cara a la EHC, empieza por el aumento de las necesidades económicas de la población, motivado a la caída de los precios y a la producción de petróleo, y la reducción en la demanda de los hogares por la pérdida de ingresos. Además, la ONU señala que, el acceso a servicios públicos es un “reto” a lo que se suma la escasez y aumento de los precios del combustible.

OCHA agregó que la situación de los migrantes que vuelven al país debe ser una de las prioridades estatales, en lugar de crear un criterio de discriminación hacia ellos, se deben tomar acciones mediante una “respuesta epidemiológica en general”, a su vez indicaron que el Estado debe controlar “enfermedades inmunoprevenibles en los estados priorizados y la prevención de la reintroducción del virus del sarampión” que ha estado afectado a parte de la población según reportes.

Es imperativo fortalecer el diagnóstico por PCR de la enfermedad en la población en general, trabajadores de salud y grupos de riesgos, sobre todo en la población migrante, para poder garantizar que las decisiones de flexibilización para todos los sectores del país estén basadas en las recomenciones hechas por la OMS además garantizar las medidas sanitarias necesarias para disminuir las posibilidades de contagio.