La decisión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas es una herramienta que podría fortalecer las relaciones entre el organismo y las organizaciones no gubernamentales, con el fin de profundizar en la investigación de la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) en el país
María Jesús Vallejo
El viernes 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) renovó los mandatos en Venezuela de la Misión Independiente Internacional de Determinación de los Hechos (FFM, por sus siglas en inglés) y el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene presencia en Caracas.
Esta extensión, que permitirá dar seguimiento por dos años más a la situación en el país, se logró con 19 votos a favor y 5 en contra; 23 países se abstuvieron. Aun así, el presidente Nicolás Maduro dijo que los promotores de la resolución son “un grupo minoritario de estados, que siguen obedientemente los dictados” de Estados Unidos.
Si bien la FFM se centra en cuatro áreas específicas (ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014), la observación del Alto Comisionado, ahora bajo la responsabilidad de Volker Türk, puede visibilizar la violación sistemática de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca).
Venezuela en la agenda global
La decisión de la ONU ubica a Venezuela, nuevamente, bajo una lupa y recuerda que, pese a la mejoría económica percibida en el último año, las personas siguen sin tener la garantía de todos sus derechos. La resolución que prorroga los mandatos expresa preocupación por el “impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidades”, y que “más de 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país”.
Natasha Saturno, abogada y coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria, explica que esta renovación facilita la visibilización de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa Venezuela desde hace seis años, lo que puede generar soluciones y mayor cooperación internacional.
Sobre el nuevo período del Alto Comisionado en Venezuela, Saturno recomienda fortalecer el trabajo de documentación e investigación de los Desca, que se profundizará en la medida en que se procuren y refuercen las relaciones con las organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo trabajo en los últimos años ha estado marcado por el registro y la denuncia de los diferentes impactos de la crisis en un contexto de opacidad, hermetismo y desinformación. Propone hacer mesas de trabajo, escuchar las recomendaciones de activistas y defensores de derechos humanos y revisar los informes que se han hecho desde la sociedad civil.
La abogada insiste en la importancia de investigar los Desca, con una perspectiva de género y diversidad, porque son los que afectan a la mayoría de la población venezolana. Los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) le dan la razón. Solo en el mes de agosto se registraron 667 protestas en todo el país; 15% más que el año pasado. Del total, 88% de las manifestaciones fueron en reclamo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: servicios básicos, salarios y pensiones dignas, falta de poder adquisitivo, costo de la vida, inseguridad alimentaria, acceso a la salud.
¿Cuál es el rol de las ONG?
Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, precisa que si el Estado cumple con las recomendaciones del Alto Comisionado y con los mandatos de asistencia técnica y protección, podría esperarse una mejoría en la calidad de vida de millones de personas. Además, podría generar que la migración forzada se detenga si se logra que en Venezuela haya dignidad.
Para esto, detalla, es importante la participación conjunta de la ONU con las organizaciones de la sociedad civil para la documentación y denuncia de la vulneración de derechos humanos como la salud, por ejemplo, que no ha sido monitoreado minuciosamente.
Las ONG, explica, deben seguir con su labor de documentación y denuncia, además de hacer recomendaciones a los organismos multilaterales sobre los impactos que ha tenido la EHC. Reyna enfatiza que la renovación de los mandatos le da a la sociedad civil más herramientas para la promoción y la defensa de los derechos humanos.
Como recomendaciones, menciona la revisión de HumVenezuela, que es una plataforma desarrollada por la sociedad civil para el monitoreo, documentación y seguimiento de la EHC. También mencionó el diagnóstico comunitario que se hizo desde la alianza Con Ellas, que pone en evidencia la afectación diferencia sobre niñas, adolescentes y mujeres, y el informe Salud en Emergencia, producido por Acción Solidaria, que demostró que hay un patrón en la violación de este derecho humano.
Natasha Saturno coincide e insiste en que el Alto Comisionado debe exigirle al Estado la publicación de cifras oficiales para conocer la magnitud de la crisis.
Reyna espera que la renovación de los mandatos, junto con la salida de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sea un mensaje para el Estado sobre la responsabilidad que tiene para con la garantía de los derechos de todas las personas.