Entre 2020 y 2021 se redujo 49 % el número de servicios disponibles en salud mental y apoyo psicosocial. Solo 31,2% son financiados por el Estado. El contexto de Emergencia Humanitaria Compleja aumenta la situación de vulnerabilidad de esta población
Naiguel Baspe
El informe de Seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja correspondiente al año 2022, presentado por HumVenezuela,el 4 de octubre, demuestra que la situación en torno a la Emergencia Humanitaria Compleja no ha mejorado. De acuerdo con el estudio, 19,1 millones de personas en Venezuela tienen necesidades humanitarias en materia de salud, todo como consecuencia del impacto que ha tenido la crisis sobre el sistema sanitario público (SSP).
De ellas, 8,4 millones enfrentan dificultades severas para recibir atención médica, mientras que las medicinas son económicamente inaccesibles para 9,3 millones de personas. En el período estudiado, 3,1 millones de personas no contaron con tratamientos para tratar diversas condiciones.
Estos datos son un reflejo del estado general del SSP, sin embargo, cuando se tratan los temas relacionados con el impacto de la emergencia sobre las personas y sobre la infraestructura sanitaria, no suele considerarse los impactos sobre los servicios especializados en salud mental dentro del sector público y, especialmente, las consecuencias sobre grupos vulnerables.
Salud mental de la niñez y la adolescencia
De acuerdo con datos aportados por Abel Saraiba, coordinador del servicio de atención psicológica de Cecodap, en el año 2021 fueron atendidas 4.910 personas. En el 69,1% de los casos se trató de niñas, adolescentes y mujeres y 26,49% presentaron ideación o riesgo de suicidio.
Según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, entre 2020 y 2021 hubo un incremento en los casos de suicidio de 306 a 340, de esos, 16,2% fueron niños, niñas y adolescentes (NNA).
Saraiba apuntó, además, que ha habido una reducción en los servicios de atención a la salud mental en el sistema público de salud, ya que entre 2020 y 2021 redujo sus servicios operativos en un 49%.
Los servicios de salud mental en el sector público no escapan del éxodo masivo de profesionales de la salud, el deterioro de las infraestructuras hospitalarias, la falta de servicios básicos, y la falta de financiamiento. El Estado destina menos del 1% del presupuesto público a la salud mental. De acuerdo con estas cifras, las diversas organizaciones de sociedad civil con trabajo en este tema están asumiendo el 70% de la responsabilidad de atención.
En los últimos años, las situaciones de violencia entre grupos armados, la situación económica de las familias e incluso casos de violencia sexual no atendidos, están entre las causas más comunes de suicidio infantil. Enfatizó que las familias venezolanas están bajo un estado de exigencia muy grande y no hay apoyo por parte del Estado para mejorar su situación.
Destacó que la cultura sobre la asistencia de salud mental en el país aún no está normalizada, ni entre la población ni entre los entes administrativos de salud nacional. Como consecuencia de la inoperancia y cierre de los servicios de salud mental, las personas deben acudir al sector privado, donde los costos son prohibitivos.
¿Qué hacer?
De acuerdo con Cecodap, estas son algunas de las recomendaciones pertinentes para abordar el tema de la salud mental de niños, niñas y adolescentes:
- Generar una política pública en materia de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) que permita ofrecer una respuesta de calidad para mitigar el impacto de la emergencia.
- Generar una política pública específica en materia de SMAPS de NNA, dado que existe evidencia suficiente y contundente que permite identificar a este grupo como uno de los más vulnerables en cuanto a salud mental en el contexto de la emergencia en Venezuela.
- Promover desde la arquitectura humanitaria (incluyendo al sistema de Naciones Unidas y otros actores humanitarios) convocatorias de proyectos regulares y con perspectivas de continuidad para el desarrollo y consecución de programas en SMAPS.
- Potenciar la generación de programas y servicios que atiendan a población de los estados del interior del país en los que existe una restringida o nula oferta de servicios de SMAPS.
- Adoptar medidas especiales que permitan garantizar el funcionamiento de servicios de SMAPS especializados en la atención de NNA con condiciones psiquiátricas y trastornos de neurodesarrollo, de acuerdo a protocolos de atención en esta materia. Para ello es fundamental incrementar y fortalecer las capacidades de los servicios hospitalarios y públicos. Debe asegurarse el acceso a medicamentos especializados para dicha población.
- Garantizar condiciones operacionales y de respeto a las organizaciones de derechos humanos y actores humanitarios que forman parte de la sociedad civil y ofrecen programas y servicios en SMAPS; que en muchos casos constituyen la única alternativa con la que cuentan NNA y sus familias para hacer frente a sus necesidades psicosociales. La participación de la sociedad civil en la protección de NNA es un derecho, y es un deber del Estado promover, reconocer, acompañar, proteger y facilitar la participación de la sociedad civil.
- Publicar y difundir los datos de morbilidad del sistema público de salud que permitan contribuir a dimensionar las necesidades de la población en materia de salud mental. Dichos datos deben ser desagregados, verificables y accesibles. Es una responsabilidad del Estado garantizar un sistema de registro e información para identificar las principales problemáticas que afectan a los NNA.