Las organizaciones Funcamama, Unión Afirmativa, Prepara Familia, Cepaz, Uniandes y Acción Solidaria presentaron un informe que refleja la afectación diferencia de la Emergencia Humanitaria Compleja sobre niñas, adolescentes y mujeres. Además, se plantean soluciones para mitigar el impacto
Acción Solidaria
La alianza Con Ellas nació de la necesidad de visibilizar el impacto de la crisis con un enfoque de género e interseccionalidad. Este miércoles 5 de octubre, las organizaciones presentaron el informe Ser Mujer en Venezuela: diagnóstico comunitario y propuestas para la acción humanitaria, que expone la vulneración exacerbada en el acceso y ejercicio de los derechos a la salud, la alimentación y la vida libre de violencia de las mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela, así como los derechos de las venezolanas en situación de movilidad humana.
Además, esta investigación pretende abrir un camino hacia la asistencia con un enfoque diferencial, que logre mitigar y resolver las consecuencias de la falta de garantía de derechos y que responda a las necesidades apremiantes de las venezolanas, a la vez que se avanza en las otras dimensiones complementarias.
El diagnóstico comunitario involucró a casi 6.500 hogares en 18 de los 24 estados del país, como parte de los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil para llenar los amplios vacíos de información sobre la crisis a través de la plataforma HumVenezuela.
Derecho a la salud de las mujeres
En esta sección, el informe revela la realidad sobre la pobreza menstrual que viven miles de adolescentes y mujeres. El 25% de las encuestadas respondió que no cuentan nunca o solo algunas veces con toallas desechables sanitarias en su hogar, es decir, 1 de cada 4, además, este número empeora a 3 de cada 5 mujeres cuando se refiere a toallas sanitarias reusables, tampones o copas menstruales.
De acuerdo al Fondo de Población de Naciones Unidas, cuando las mujeres no cuentan con artículos para su higiene menstrual, las mismas pierden días de colegio o trabajo, afectando su educación y profesión. También, el informe señala que una deficiente higiene menstrual conlleva a mayores riesgos de infección.
Por otra parte, el 32% de las encuestadas indicaron que ellas o algún miembro de su familia tiene una condición crónica de salud, siendo las más frecuentes: hipertensión, diabetes, hipo/hipertiroidismo e insuficiencia renal. Así mismo, el 44% indicó que en los últimos 6 meses antes de la encuesta, no habían recibido la atención médica necesaria, principalmente por problemas de asequibilidad (59%) y por servicios inoperativos (17%).
Respecto a tratamientos, un 32% respondió que no había recibido en el mismo período, y la causa principal (68%) fue el costo de los medicamentos, esto se explica también, cuando las mujeres limitan sus gastos de salud como una estrategia para reducir su nivel general de gasto, ya que, priorizan la alimentación antes que cualquier otro gasto doméstico.
Derecho a la alimentación de las mujeres
Al respecto del derecho a la alimentación, el informe detalla que 8 de cada 10 mujeres considera que la cantidad de alimentos que llevan a sus hogares es deficiente, escasa o muy escasa, a pesar de que 6 de cada 10 respondió que se gasta casi todo el presupuesto familiar en alimentos. Sin embargo, el 76% afirmó que al menos una persona de su grupo familiar presenta desnutrición.
Entre las estrategias más empleadas por las mujeres para adquirir alimentos están: comprar a crédito (36%), gastar ahorros (55%), pedir comida prestada o ayuda a otros (40%), pedir dinero prestado (43%), reducir el tamaño de las porciones (65%), reducir la cantidad de comidas al día (44%) o reducir los gastos de salud, educación u otros (40%). Además, el 94% recurren a “comprar alimentos más baratos”, entre esos, el 61% señala como fuente de aprovisionamiento el CLAP.
Derechos de las mujeres en situación de movilidad humana
Las causas principales reveladas en el diagnóstico de las mujeres para mudarse son: conseguir o cambiar de trabajo y mejorar los ingresos (32%), reunificación familiar (17%) y acceso a medicinas, servicios de salud y/o acceso a servicios públicos (16%).
Ahora, al preguntarles a las mujeres que se habían mudado sobre sus dificultades, casi 3 de cada 10 contestaron que encontraron obstáculos para realizar la mudanza, siendo los costos (96%) el motivo principal, sin embargo, para los hombres, el dinero solo representó un problema en el 29% de las respuestas.
Esto demuestra una de las brechas de género más importantes encontradas en el diagnóstico y se relaciona con investigaciones que han encontrado que los recursos necesarios para mudarse suelen ser más altos para las mujeres que para los hombres, por lo general, vinculado a sobrecostos por regulaciones y discriminaciones vinculadas a sesgos de género.
Otras dificultades señaladas por mujeres para mudarse fueron: responsabilidades de cuidado de adultos mayores, padres, nietos e hijos, en cambio, en otras respuestas dadas por los hombres, indicaron obstáculos por: pandemia, documentación y traslado.
Respecto de la intención de mudarse, 1 de cada 10 mujeres indicaron querer mudarse, el 64% a otro país, principalmente para: mejorar los ingresos (25%), tener acceso a medicinas o servicios de salud y/o acceso a servicios públicos (24%), conseguir o cambiar de trabajo (16%) y reunificarse con sus familiares (11%).
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Para 2021, el 7% de las mujeres entrevistadas señaló haber sido víctima de violencia familiar, los tipos más prevalentes fueron: violencia psicológica (87%), física (59%), simbólica (25%), económica (24%) y sexual (10%). El 64% de estas violencias, en el caso de las mujeres adultas, fue cometido por las parejas o ex parejas.
Lamentablemente, sólo el 31% de las mujeres que refirieron ser víctimas de violencia, reportaron o denunciaron lo ocurrido, el 60% lo hizo ante una institución u oficina pública, un 30% prefirió acudir a amigos o vecinos y el 10% a organizaciones sociales. Las principales razones para no reportar se debieron a que los actos no se consideraron graves (37%), por miedo a represalias (36%), desconfianza a las instituciones (14%) y porque los servicios para ello fueron inaccesibles para las víctimas (9%).
Otra de las brechas de género más significativas halladas en el informe se encontraron en esta sección, por cada hombre que fue víctima de violencia familiar física, simbólica y/o sexual hubo 2 mujeres que sufrieron de estos abusos.
Además, las mujeres que son víctimas de violencia tampoco encuentran o tienen información sobre redes de apoyo a las cuales acudir. El 61% respondió que no tienen contacto o relación con alguna organización social y a cambio prefieren en un 50% apoyarse en ellas mismas, un 30% en amigos y vecinos y menos del 8% en iglesias y organizaciones religiosas.
También, el 13% de las mujeres encuestadas reportaron haber sido discriminadas, un 28% por ser mujer y 3% por estar embarazada. En cuanto al contexto en que ocurrió la discriminación, el 51% de estos actos de discriminación ocurrieron en la comunidad, el 34% por expresarse o querer participar en alguna actividad, el 20% en el trabajo, el 17% en el grupo familiar, el 12% en un programa del Estado, el 11% en la escuela, el 11% en un centro de salud y el 4% en un programa de asistencia humanitaria.
Derecho a la igualdad y no discriminación de personas LGBTI
Sobre las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTI, en los diagnósticos se encontró que el 31% personas LGBTI indican alguna condición crónica de salud; de ese grupo, 39% dijo que no cuenta con ningún tipo de atención médica, y 25% que no tiene medicinas para su tratamiento.
Lamentablemente, casi la mitad (48%) de las personas LGBT encuestadas, aseguraron haber sufrido algún episodio de abuso o violencia de terceros, 48% de las mujeres lesbianas encuestadas informaron haber sufrido algún tipo de abuso o violencia por parte de un funcionario policial y 19% de personas binarias ha sido objeto de abuso o violencia por parte de compañeros de trabajo.
6 de cada 10 personas LGBTI, aseguraron haber sufrido algún tipo de violencia dentro del grupo familiar, siendo la violencia psicológica (38%), la simbólica (27%) y la física (22%) las más comunes, de este grupo, el 73% admitieron que no denunciaron el abuso o violencia por falta de acceso a las instancias correspondientes (19%); miedo a represalias (17%); desconfianza (15%) o porque no se consideró grave el abuso o la violencia (44%)
De quienes si denunciaron, 36,7% dijo haberlo hecho ante una institución pública; 23,3% ante una organización social, y 40% ante amigos o vecinos.
Las propuestas generales
El informe presente siete propuestas de carácter general y por cada sección se realizan propuestas más detalladas que varían también dependiendo del actor al que van dirigidas. La intención es dirigir la mirada y las acciones de forma urgente hacia las niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela, quienes viven la crisis con un impacto diferenciado y más perjudicial.
- Publicar periódicamente cifras actualizadas, auditables y desagregadas por zonas geográficas, edad, discapacidad, identidad de género y orientación sexual sobre la situación de las mujeres venezolanas, específicamente en las áreas de: salud, alimentación, agua y saneamiento, movilidad humana, educación y VBG.
- Priorizar, convocar y supervisar la asignación de fondos a proyectos que beneficien la atención y el desarrollo de las mujeres venezolanas con un enfoque interseccional (adultas mayores, LGBTI, NNA, condiciones crónicas de salud, privadas de libertad, indígenas, discapacitadas, entre otras), ejecutados por organizaciones de sociedad civil humanitarias y de derechos humanos que trabajan en terreno.
- Favorecer la atención en el área de salud a las mujeres, en prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto de condiciones de salud transmisibles y no transmisibles, como crónicas y de alto costo.
- Desarrollar un enfoque de protección y de derechos para la atención de niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad, contribuyendo a su inserción social y legal a países de acogida y garantizando su acceso a servicios y bienes de salud, empleo, educación y vivienda.
- Combatir la discriminación, violencia, estereotipos y roles de género que sufren las mujeres, considerando la formas múltiples y entrecruzadas de violencia y discriminación.
- Promover el fortalecimiento de las capacidades y la resiliencia para la independencia económica de las mujeres que permitan prevenir y mitigar los riesgos a la VBG.
- Realizar políticas alimentarias inclusivas con un enfoque de género y de diversidad, con especial atención a mujeres embarazadas y NNA.
El informe revela una situación de violación sistemática de derechos humanos en relación a salud, alimentación, derecho a una vida libre de violencia y movilidad de las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas. Si bien este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por las organizaciones de sociedad civil en Venezuela, el aporte de este informe se basa en su enfoque de género y diversidad, en el marco de la emergencia humanitaria compleja.
Además, se destacó que el enfoque del triple nexo (acción humanitaria, paz y desarrollo) que se está comenzando a aplicar en el país, sin duda, presenta importantes ventajas para la construcción del país que deseamos. Sin embargo, la inclusión de las dimensiones de desarrollo y paz no pueden ir en detrimento de la respuesta humanitaria. Sería incorrecto considerar que abordar la crisis desde esta perspectiva es equivalente a decir que la crisis compleja ha sido superada.