Por: Juan M. Rodrigues.
De acuerdo con informaciones publicadas por El Pitazo, en las últimas 6 semanas han fallecido 11 personas con condiciones renales crónicas sólo en el estado Cojedes, debido a la falta de especialistas en nefrología que puedan atender las emergencias y eventualidades que las personas en estas condiciones pueden presentar.
En el Hospital Dr. Egor Nucete en San Carlos, uno de los principales centros de atención del estado Cojedes, la falta de nefrólogos ha ocasionado que las salas de diálisis están siendo atendidas por el personal de enfermería, que no está preparado para la atención de las emergencias que pudieran presentarse, todo lo cual se traduce en una afectación a la calidad en la atención médica y, en consecuencia, una afectación grave al derecho a la salud de este grupo vulnerable.
Como es sabido, la escasez de personal de salud (médicos y enfermeras) en el sector público, se debe a la migración o renuncia del personal médico ante las adversas condiciones de trabajo, que incluyen la escasez de insumos de protección, bajos salarios y persecución.
Situación similar se vive en el estado Zulia, donde la falta de personal impide aplicar diálisis a quienes lo requieran. Igualmente, en el estado Lara, cerca de 900 personas con estas condiciones crónicas, se han visto gravemente afectadas por la falta de personal y el derrumbe de la estructura hospitalaria.
En este orden de ideas, en el Centro de Diálisis Juan Pablo II ubicado en Caracas, hasta 140 personas con condiciones renales crónicas se encuentran afectados por la falta de médicos especialistas, enfermeros y disponibilidad de máquinas e insumos de dicho centro de salud. De acuerdo con la denuncia de los usuarios, existen 25 máquinas que se encuentran fuera de funcionamiento por diversas causas, lo que afecta gravemente la disponibilidad y acceso a tratamiento para las personas que requieren diálisis.
Otro caso igualmente relevante, que ha sido reseñado en la prensa las últimas semanas, es el caso del Hospital Victorino Santaella en Los Teques, donde la unidad de diálisis no cuenta con los insumos necesarios para poder atender a las personas que requieren diálisis, a las personas adultas le son puestos catéteres infantiles, debido a la poca de disponibilidad para adultos.
Durante todo el año 2020, este tipo de denuncias se ha presentado a lo largo de toda Venezuela, denotando el deterioro agresivo de la estructura sanitaria y la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas que, debido a su condición, no pueden esperar o soportar condiciones de atención de mala calidad.
Han sido comunes los reportes de reducción en las horas de diálisis, daños en las unidades de osmosis inversas de las máquinas, falta de mantenimiento de equipos, falta de suministro de agua potable o poca disponibilidad de máquinas.
Como es evidente, los problemas reseñados anteriormente, exclusivos de este grupo vulnerable, demuestra las graves afectaciones al derecho a la salud que viven estas personas, que tiene como consecuencia la pérdida de vidas humanas.
En el contexto de la pandemia, que amenaza con agudizarse durante este primer trimestre, la atención de este grupo vulnerable debe ser prioritaria, para evitar más muertes. La insuficiencia renal, no espera.