A una mujer con VIH-Sida en Venezuela, el estigma y la discriminación de propios y extraños le pasan factura en la cotidianidad. En medio de su lucha, deben sobrevivir a la escasez de antirretrovirales que supera 90 %, a la imposibilidad de tener una dieta balanceada y al alto riesgo de transmitirles el virus a sus hijos. Hasta 2013, en el país moría una mujer cada 17 horas a causa de enfermedades por VIH.
Caracas. Marisol —nombre ficticio para resguardar su identidad— vive en Maracaibo y hace 10 años fue diagnosticada con VIH. En el transcurso de sus 42 años, le ha tocado vivir de todo, desde el rechazo de su familia, hasta ser golpeada salvajemente por su pareja al negarse a tener relaciones sexuales sin preservativos. De las cenizas se levantó. Ahora, al igual que más de 120.000 personas entre adultos y niños según estimaciones de Onusida, intenta sobrevivir en un contexto como el venezolano, donde ser mujer y tener VIH-SIDA es un pecado.
Las seropositivas se enfrentan a múltiples problemas en el ámbito personal, familiar, comunitario, laboral y educativo, además de obstáculos para ser atendidas en centros de salud y sufrir esterilizaciones forzosas.
En Venezuela, se estima que entre 37.000 y 45.000 mujeres son portadoras de VIH de acuerdo con organizaciones sociales y la ONU. Sus vidas ahora están en riesgo, entre otros factores, debido a la escasez de antirretrovirales que supera 90 %.
El informe sobre el VIH de Venezuela elaborado en 2015, reflejó que más de 63.000 personas recibían tratamiento del Estado. 47.969 eran hombres y 15.359 mujeres.
Las cifras dan cuenta de que más de la mitad de las féminas del país son marginadas, pese a que el Ministerio de Salud insiste en que más de 77.000 personas reciben tratamiento sin costo. En cualquiera de los casos, los números están desfasados y el Ejecutivo se niega a firmar las órdenes de compra desde junio del año pasado, decisión que firma sentencia de muerte para más de 70.000 ciudadanos y arrecia una problemática que arrastra la nación desde 2012.
Sin derecho a vivir
Los decesos de mujeres a causa de enfermedades por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, aumentaron más de 186 % entre 1998 y 2013, año en que por última vez el Gobierno publicó los Anuarios de Mortalidad, y mientras globalmente las muertes de féminas con VIH disminuyen, en Venezuela aumentan debido al difícil acceso a servicios de salud sexual, reproductiva y el desabastecimiento de medicinas, aseguró Magdymar León, coordinadora ejecutiva de la Avesa.
Hasta 2013, en Venezuela moría una mujer cada 17 horas a causa de enfermedades por VIH.
Las cifras tienden al alza y La Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) y Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), denunciaron a finales de 2017 que las muertes por Sida aumentaron 75 % desde 2011, debido a la falta de antirretrovirales.
Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (Onusida), 19.000 menores de 17 años han quedado huérfanos en Venezuela a consecuencia de la epidemia.
La mortalidad por complicaciones asociadas al Sida aumentó alrededor de 70 % entre 1999 y 2013 y el Ministerio para la Salud estima que en el país 11.000 personas contraen el virus cada año.
El promedio de edad de hombres con VIH se ubica entre 20 y 35 años, mientras que en mujeres oscila entre los 25 y 34 años, además, la nación es el tercer país en América Latina con más nuevos contagios entre adolescentes y adultos.
En 2006 por cada 5 hombres diagnosticados con VIH se diagnosticaba una mujer.
Esta cifra cambió y en 2010 por cada 3 hombres se diagnosticaba una mujer.
No tan rosa
José Bravo, defensor de los derechos humanos con más de 10 años de experiencia en el tema, explicó que las féminas son discriminadas al momento de querer ser madres, incluso algunas fueron sometidas a esterilizaciones forzosas, les niegan oportunidades de empleo, compañeros de trabajo o familiares las apartan y a sus hijos les niegan el derecho a estudiar. Existen casos en los que tienen que hacer sus necesidades biológicas en el patio o en otro sitio, porque no les permiten utilizar el baño.
Con frecuencia tienden a aislarse, su pareja las abandona y, en muchos casos, a las que no tienen la infección, su esposo o novio seropositivo les exige tener relaciones sexuales sin preservativos en contra de su voluntad, bajo amenazas o maltratos físicos. Se retraen y son más calladas en público que los hombres, sin embargo, cuando van a consultas hablan entre ellas sobre sus hijos y las dificultades que enfrentan, caso contrario a sus pares masculinos.
Aun siendo profesionales, hay reportes de mujeres que se ven obligadas a dedicarse a labores del hogar o actividades informales. “Cuando los patrones saben que tiene el virus no las quieren ni para trabajar en la casa”.
Morir una, dos y tres veces
Estefanía Mendoza, coordinadora de Planificación de la organización no gubernamental Mulier, comenta que el estigma de la enfermedad continúa siendo un impedimento para tener una vida normal. A estos flagelos, se suman elementos de la crisis que atraviesa Venezuela como la escasez y encarecimiento de alimentos, preservativos, pruebas serológicas para la detección del virus, reactivos para sus pruebas y chequeos, alto riesgo de contagio vertical de madre a hijo a través de la lactancia, escasez de fórmulas lácteas para sustituir la leche materna —el gobierno de Venezuela incumple con la entrega de este suplemento a las pacientes con bebés recién nacidos desde enero de 2014— y obstáculos para llevar una dieta balanceada.
El Estado es el principal responsable de violar sus derechos humanos, y el de todos los pacientes, y es su obligación prestarles atención. Las mujeres con el virus no deben amamantar, pero ante la crisis, prefieren hacerlo que dejar morir de hambre a sus pequeños, acotó Mendoza.
Solo 27 % de las embarazadas seropositivas en 2017 recibían antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión infantil.
No implementar políticas públicas que eduquen a la población sobre la enfermedad y permitan disminuir la discriminación es otro de los reclamos que hacen los especialistas al Ejecutivo.
Una tierra sin ley
Pese a que en Venezuela existe una legislación que contempla sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, como la Constitución de la Republica o la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus familiares —que incluso en su artículo 29 hace referencia a la protección específica de las mujeres— en la realidad es letra muerta.
La coordinadora de Planificación de Mulier lo admitió y argumentó que las leyes, sin la efectiva diligencia del Estado para aplicarlas, se quedan en declaraciones de intenciones. Daniela Guerra, directora general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), expuso que muchos de los casos de discriminación ocurren por desconocimiento y se asume que la enfermedad la tienen solo los promiscuos.
“El Estado no considera como prioridad a estas personas. El sistema de salud no cuenta con insumos para atenderlas y algunos médicos se niegan a prestarles atención alegando esto”.
El informe del Fondo de Población de la ONU del 2017 reflejó que las mujeres entre 15 y 24 años constituyen 60 % del total de jóvenes que viven con VIH y 58 % de los nuevos contagios, lo que indica que estas cifras son consecuencia de la falta de acceso a medicamentos anticonceptivos.
Para tratar de sobrevivir, los pacientes con VIH/SIDA no descartan cualquier opción, desde intentar comprar medicamentos revendidos de dudosa procedencia en el interior del país o en el exterior, hasta emprender una epopeya de 4000 kilómetros a países vecinos como Perú, en busca de empleo y salud.
Se volvió al tiempo en que ser mujer y tener VIH es sinónimo de muerte temprana: su organismo, como el de los otros pacientes con la condición, envejece 10 años más rápido que el resto de las personas. La realidad actual del país acelera ese proceso.
La situación no pasa inadvertida en el resto del mundo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe reciente sobre la grave situación de los DDHH en Venezuela recuerda, entre otras cosas, la sentencia número 487 de 6 abril del 2001 que dio lugar al amparo constitucional para la provisión de medicamentos necesarios para el tratamiento de VIH/SIDA y exhorta al Estado a garantizar el derecho a la salud y la vida de las personas con VIH, movilizando los recursos necesarios y disponibles para ello, incluyendo los de cooperación internacional.
En Venezuela, el Ministerio de Salud no realiza campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual desde hace más de cinco años. Las veces que hicieron alguna, esta no tuvo continuidad.
Esteban Colina, director de la Asociación Civil Manantial de Vida (Amavida), señaló que la falta de empoderamiento femenino es uno de los problemas y muchas veces, las damas son víctimas de sus parejas que tienen encuentros sexuales ocasionales con otras personas.
“El VIH es un problema de mecanismos de protección. Vivir con el virus para las mujeres es mucho más complejo y cuando quedan embarazadas no tienen cómo enfrentar la enfermedad. La salud no es un regalo del Estado, su obligación es garantizar a todas las personas el derecho a la salud, educación y bienestar y en la actualidad ni siquiera le garantiza el derecho a la vida. Las mujeres zulianas les dan a sus hijos de comer alimentos que no los nutren como chicha de topocho, de espagueti y de arroz”.
A Marisol le toca continuar. No es la única, en Venezuela miles de mujeres con VIH/SIDA salen todos los días a la calle con la intención de luchar y sacar adelante una vida que, en muchos casos, factores internos y externos amenazan con apagar.
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Fuente: Crónica Uno