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Un grupo de venezolanos con hemofilia solicitará, con el apoyo de ONG´s, medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de recibir los factores de coagulación y otros tratamientos necesarios para tratar su condición.

Así lo informó la abogada Natasha Saturno durante el conversatorio “Del lenguaje de la salud a las medidas cautelares ante la CIDH” organizado por la ONG Acción Solidaria y efectuado este martes 27 de noviembre en las oficinas de Comstat Rowland, en Caracas. La experta puntualizó que en Venezuela 4 mil 990 personas padecen hemofilia y otras coagulopatías.

Saturno precisó que con esta solicitud buscan “replicar lo que se hizo con Johonnys Hernández en 2017”, que contemplaba el cumplimiento del tratamiento por parte del Estado venezolano y la garantía al derecho a la salud.

La abogada explicó que “en esta oportunidad la solicitud es mucho más compleja, porque se trata de nueve casos individuales, de los cuales dos son menores de edad. Ha tomado bastante tiempo porque cada caso tiene características complejas que requieren mayor precisión en los escritos. Además, hemos tenido dificultades para documentar, porque son personas que viven en las regiones del país, donde hay más problemas con la electricidad, el internet, el teléfono, entre otros, lo que obstruye la comunicación”.

También indicó que la CIDH otorgó medidas cautelares a 43 personas con VIH en el país que exigen el acceso al tratamiento antirretroviral por parte del Estado venezolano.

Precisó que más de 79.000 personas con VIH dejaron de recibir estos medicamentos antivirales específicos desde 2017, y que el número de defunciones aumentó de 1.800 en 2014 a posiblemente más de 5.000 en el último año.

Saturno indicó que la Comisión “pide mucho nivel de detalle”, y recordó que en el caso de Johonnys Hernández, con hemofilia tipo A, recabar toda la información necesaria requirió 4 meses, “mientras el de VIH tomó mucho más tiempo”.

Señaló que este joven “no recibe su tratamiento de forma regular”, específicamente el factor VIII, y que el gobierno alega que no puede garantizar el derecho a la salud debido a la llamada “guerra económica”.

“El Estado ha permitido algunas ayudas técnicas, pero estas resultan insignificantes ante las necesidades que estamos viviendo. Una opción es el uso de la cooperación internacional para palear el sufrimiento humano, pero esto debe venir de la mano con políticas efectivas dirigidas a resolver la crisis”, expresó Saturno.

Explicó que tanto en el caso de la hemofilia como el de VIH no están disponibles los tratamientos necesarios, y los pocos que se consiguen provienen de ayudas técnicas, “pero alcanza para pocos meses”.

Periodistas y salud

En el encuentro también participó la periodista Gabriela Buada, quien insistió en la importancia de que los profesionales de la información manejen un lenguaje adecuado a la hora de tratar noticias del sector salud. A su juicio, es preferible una información concisa y clara a un titular que busque lectores.

Buada recomendó a los periodistas estar en contacto con defensores de derechos humanos y expertos en salud “para saber si el uso de las palabras o términos es el apropiado”. Asimismo, criticó el uso dado a los términos “paciente” y “enfermo”.

“Cuando se usa paciente, por lo general se aplica a personas que están internas en un hospital y esperando tratamiento. Lo incorrecto es cuando hablamos de pacientes al referirnos a personas que están protestando por la falta de medicamento, en esa situación es incorrecto referirse al manifestante como paciente”, dijo.

Con respecto a los enfermos, la periodista aclaró: “no todas las personas son enfermas como tal. Tu puedes padecer una enfermedad, tener una enfermedad, pero no eres un enfermo”. Aseveró que el uso incorrecto del término “peca en el amarillismo, discriminación, vulnera la dignidad de las personas en situación crónica de salud” y pone en riesgo la exigibilidad de derechos y el trabajo de las ONG en instancias internacionales.

“En una redacción, en vez de “enfermo”, es preferible colocar “persona con enfermedad crónica”, puntualizó Buada, quien insistió en que “un lenguaje que respete la dignidad humana siempre será responsable”.

Fuente: El Estímulo