La salud mental es una dimensión clave del bienestar de las personas y su atención se vuelve especialmente compleja en contextos de crisis. En Venezuela, las limitaciones del sistema de salud y las dificultades de acceso a tratamientos han convertido la continuidad de los cuidados en un desafío cotidiano para miles de personas que dependen de ellos para sostener su estabilidad emocional y su vida diaria.
Fecha: 23/04/2026
Elaborado por: Verlaine J. Rosales C.
Revisado y editado por: Kimberley K. González M.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas viven actualmente con algún trastorno de salud mental. Aunque numerosos países han fortalecido sus políticas públicas y servicios de atención, condiciones como la ansiedad y la depresión continúan siendo altamente prevalentes, con un impacto significativo tanto en la calidad de vida de las personas como en la economía global, generando pérdidas estimadas en un billón de dólares anuales.
En poco más de dos décadas, el número de personas con estos trastornos aumentó en un 50%, pasando de 416 millones en 1990 a 615 millones en 2013. Actualmente, 1 de cada 10 personas tiene ansiedad o depresión, afecciones que representan cerca del 30% de la discapacidad no mortal en el mundo. Esta situación se agrava aún más en contextos de crisis humanitaria, de hecho, la OMS sostiene que durante emergencias humanitarias 1 de cada 5 personas puede desarrollar ansiedad o depresión.
Venezuela: El costo de la crisis
En Venezuela, las consecuencias de la crisis también se reflejan en la salud mental de la población. En 2026, la psiquiatra Aura Isolina Macías, presidenta del capítulo Anzoátegui de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, alertó sobre el incremento sostenido de los trastornos mentales en el país, directamente asociado al contexto social y económico actual. Asimismo, señaló que cerca del 40% de la población podría presentar algún trastorno mental, siendo los más frecuentes la ansiedad, las fobias y los episodios depresivos.
A esta realidad se suma el deterioro del sistema de atención psiquiátrica, la escasez de personal especializado y las constantes fallas de los servicios públicos. Para muchas personas, acceder a atención psicológica o psiquiátrica resulta económicamente imposible, tanto por el costo de las consultas como por el precio de los tratamientos farmacológicos.
Las cifras evidencian esta problemática. Según especialistas, una hospitalización psiquiátrica en Venezuela puede costar entre 2.000 y 10.000 dólares americanos, mientras que el tratamiento posterior requiere gastos continuos en medicamentos que pueden oscilar entre 20 y 30 dólares americanos mensuales. En un país marcado por la precariedad económica y la pérdida del poder adquisitivo, estos costos representan una barrera significativa para el acceso y la continuidad del tratamiento.
Quetiapina: un ejemplo de las necesidades de salud mental en Venezuela
La quetiapina es un medicamento antipsicótico atípico o de segunda generación utilizado para regular neurotransmisores y estabilizar diversos trastornos de salud mental. Su uso ha sido fundamental en el tratamiento de condiciones como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y los trastornos depresivos mayores.
Sin embargo, en Venezuela, el acceso a este medicamento también refleja las profundas limitaciones del sistema de salud. La combinación entre la escasez de medicamentos y los elevados costos en el sector privado dificulta que muchas personas puedan mantener sus tratamientos de forma continua.
En este contexto, Acción Solidaria busca acompañar y apoyar a las personas que enfrentan dificultades para acceder a tratamientos de salud mental, a través de su programa de entrega de medicamentos. Desde la Unidad de Respuesta Humanitaria en Salud se ha brindado atención sostenida a personas que dependen de este apoyo para acceder a tratamientos esenciales para su estabilidad emocional y psicológica.
Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, se entregaron 4.597 tratamientos y 137.910 unidosis de quetiapina. Estas cifras no solo reflejan la alta demanda del medicamento, sino también las enormes dificultades que enfrentan las personas para conseguirlo en el sistema público o costearlo en farmacias privadas.
La interrupción parcial o total del tratamiento debido a la falta de acceso puede tener consecuencias severas para quienes tienen trastornos de salud mental, afectando su estabilidad emocional, sus relaciones personales y su capacidad de desarrollar una vida cotidiana en condiciones dignas.
El acceso a tratamientos de salud mental no debe entenderse como un privilegio ni como un beneficio reservado para quienes pueden costearlo. Se trata de una garantía fundamental del derecho a la salud y a la vida digna. Cuando una persona pierde acceso a su tratamiento, no solo se pone en riesgo su bienestar emocional, sino también su posibilidad de integrarse plenamente a la sociedad.
La salud mental continúa siendo una dimensión frecuentemente invisibilizada dentro de las políticas y respuestas de salud. Reconocer su impacto en la vida de las personas implica avanzar hacia una atención más integral, capaz de comprender no sólo las necesidades físicas, sino también las afectaciones emocionales y psicológicas que atraviesan millones de personas. Garantizar el acceso continuo a tratamientos como la quetiapina representa un paso importante para construir respuestas de salud más completas, humanas y centradas en la dignidad y el bienestar de las personas.