La actualización del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advierte que, pese a las recientes liberaciones, en Venezuela continúan las restricciones al espacio cívico, las vulneraciones al derecho a la salud (especialmente de personas detenidas) y las limitaciones en el acceso a derechos humanos como la alimentación, el agua y los servicios de salud.
El pasado 16 de marzo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó una actualización oral sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.
Aunque se han registrado algunas medidas recientes como la liberación de personas detenidas arbitrariamente, su pronunciamiento deja claro que persisten problemas de fondo, y una afectación que se mantiene en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Acceso limitado a derechos
Uno de los principales elementos señalados es la persistencia de obstáculos en el acceso a derechos básicos, como advirtió el Alto Comisionado, “los venezolanos siguen enfrentando dificultades importantes para acceder a la atención sanitaria, el agua y el saneamiento, y la alimentación”.
Estas condiciones reflejan la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que continúa viviendo el país y que impacta directamente la vida cotidiana. La insuficiencia de ingresos agrava este escenario, al impedir cubrir necesidades básicas. En este contexto, Türk subrayó la importancia de que se “garantice el pleno respeto de la libertad de reunión pacífica” frente a las demandas sociales.
La actualización también llama la atención sobre la situación de las personas privadas de libertad, particularmente en relación con su salud. El Alto Comisionado señaló que “muchos venezolanos siguen detenidos arbitrariamente, entre ellos personas con discapacidad y con condiciones de salud críticas”. Esta situación evidencia riesgos adicionales para quienes requieren atención médica.
A ello se suma que continúan las denuncias de “torturas y malos tratos a detenidos”, lo que agrava el impacto sobre la integridad física y mental. Garantizar la atención médica adecuada en centros de detención no solo es una obligación del Estado en materia de derechos humanos, sino una condición mínima para proteger la dignidad humana.
Otro aspecto central es la persistencia de limitaciones al espacio cívico. Según el Alto Comisionado, “el espacio cívico sigue restringido. Años de represión han generado miedo a expresarse”. Este entorno restringe la participación ciudadana y debilita los mecanismos de exigibilidad de derechos.
Además, la normativa vigente sobre organizaciones de la sociedad civil continúa siendo un obstáculo. En palabras de Türk, “la ley de fiscalización de las ONG sigue obstaculizando la capacidad de la sociedad civil para trabajar de forma segura y libre, y debe ser derogada”. Estas restricciones afectan directamente la labor de organizaciones, periodistas y personas defensoras, limitando la documentación de vulneraciones y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
El Alto Comisionado también subrayó la importancia de contar con información pública confiable. En este sentido, instó a las autoridades a “demostrar mayor transparencia con las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud y la educación”.
La falta de datos dificulta el diseño de políticas públicas efectivas y limita la posibilidad de monitorear avances o retrocesos.
Asimismo, destacó que los ingresos provenientes de sectores estratégicos deben orientarse a garantizar derechos, señalando que “los ingresos deben utilizarse para promover los derechos económicos, sociales y culturales de todos los venezolanos, así como para proteger el medioambiente”.
Los derechos humanos como eje de la respuesta
El mensaje es claro: la respuesta a la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) requiere colocar los derechos humanos en el centro.
Garantizar el acceso a salud, alimentación, trabajo y servicios básicos es fundamental para mejorar las condiciones de vida y avanzar hacia una recuperación sostenible. Esto también implica fortalecer las instituciones y asegurar un entorno donde la sociedad civil pueda actuar libremente.
La población venezolana vive hoy, en palabras de Türk, “una mezcla de esperanza, miedo e incertidumbre”. Frente a este escenario, colocar los derechos humanos en el centro no es solo una prioridad técnica, sino una decisión necesaria para garantizar condiciones de vida dignas.
Desde Acción Solidaria nos sumamos al llamado del Alto Comisionado, a avanzar en medidas concretas que permitan revertir la situación en Venezuela, incluyendo la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y la adopción de reformas estructurales en los sistemas de justicia y seguridad. Así como el llamado a que las autoridades cooperen plenamente con la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y mantengan el compromiso con la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
De manera prioritaria, reiteramos la urgencia de garantizar y ampliar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en particular la salud, la alimentación, el trabajo y los servicios básicos, así como asegurar condiciones dignas mediante políticas públicas transparentes y basadas en evidencia. Asimismo, coincidimos en la necesidad de proteger y ampliar el espacio cívico, garantizando que la sociedad civil, las organizaciones, periodistas y personas defensoras puedan ejercer su labor libremente y sin temor, como condición indispensable para la participación, la exigibilidad de derechos y la reconstrucción del tejido democrático.