El anuncio del Plan de Optimización de Hospitales plantea avances en infraestructura, pero deja en evidencia desafíos estructurales persistentes como la escasez de insumos, los bajos salarios del personal de salud y la falta de transparencia, en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC).
Elaborado por: Valeria Carrasquel Rodríguez
Revisado y editado por: Natasha C. Saturno S.
En los primeros días de abril, las autoridades nacionales venezolanas anunciaron el lanzamiento del “Plan de Optimización de Hospitales”, encabezado por la ministra del Poder Popular para la Salud, Dra. Nuramy Gutiérrez. Este plan busca avanzar en la rehabilitación de centros de salud públicos, en un contexto marcado por una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que continúa afectando de manera sostenida al sistema sanitario venezolano.
De acuerdo con la información oficial, el plan contempla una fase inicial de intervención en treinta centros de atención ubicados en Caracas, Miranda y La Guaira, priorizando hospitales como la Maternidad Concepción Palacios, el Hospital de Niños J.M. de los Ríos y el Hospital Domingo Luciani. Las acciones anunciadas se concentran en la recuperación de infraestructura crítica, incluyendo impermeabilización, mantenimiento de ascensores y estabilización de servicios básicos como agua y electricidad.
Si bien estas medidas responden a necesidades urgentes acumuladas durante años de deterioro, su alcance debe analizarse frente a la magnitud de la crisis. Según la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) 2024, el 74% de los quirófanos presenta inoperatividad o limitaciones severas, el 59% de los laboratorios se encuentra fuera de servicio y cerca de la mitad de los centros no cuenta con suministro continuo de agua potable, lo que compromete directamente la calidad y seguridad de la atención.
Una crisis que trasciende la infraestructura
La rehabilitación física de los hospitales es una condición necesaria, pero claramente insuficiente. La crisis del sistema de salud en Venezuela está profundamente vinculada a la escasez de insumos médicos, medicamentos, equipos de diagnóstico y personal especializado, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema y profundiza las barreras de acceso.
En la práctica, esta situación obliga a los usuarios a asumir costos elevados para poder acceder a intervenciones, trasladando la carga financiera a los hogares y convirtiendo el derecho a la salud en un privilegio que muchos no pueden costear.
A ello se suma la crítica situación del personal de salud; los bajos salarios, la falta de condiciones laborales dignas y la ausencia de incentivos sostenidos, han impulsado la migración de profesionales y debilitado progresivamente el sistema. Sin una política integral que garantice la protección, estabilidad y remuneración adecuada del talento humano, cualquier esfuerzo de recuperación estructural enfrenta serias limitaciones.
A su vez, la brecha sanitaria evidencia una desigualdad en la distribución de recursos. Mientras los centros hospitalarios de la región capital suelen recibir mayor atención y abastecimiento prioritario, los estados del interior del país, como Amazonas, Cojedes y Carabobo, enfrentan una realidad más crítica. Según los monitoreos de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), los mismos registran los niveles más preocupantes de desabastecimiento en insumos básicos y operatividad de servicios, en donde 36% de los centros de atención médica a nivel nacional han reportado falta de insumos y suministros básicos para emergencias.
Información pública: una deuda persistente
Tras diez años de opacidad, la publicación del boletín epidemiológico representa un avance en materia de acceso a la información pública. Sin embargo, la publicación reciente ha evidenciado la ausencia de datos clave, lo que limita la comprensión integral de la crisis sanitaria y dificulta el diseño de respuestas efectivas basadas en evidencia.
Esta situación resulta especialmente alarmante en un contexto en el que la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en Venezuela ha sido reiteradamente documentada por organismos internacionales. Recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a alertar ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la persistencia de graves desafíos en el país, incluyendo limitaciones en el acceso a derechos humanos como la salud.
La falta de información completa, oportuna y verificable no sólo restringe el monitoreo independiente, sino que también debilita la posibilidad de evaluar el impacto real de las políticas anunciadas.
De anuncios de planes a políticas públicas sostenibles
De forma complementaria, el Ministerio de Salud también informó que están evaluando la situación de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y Consultorios Populares, cuyo proceso busca fortalecer la capacidad de atención a los usuarios. No obstante, estos esfuerzos deben integrarse en una política pública coherente, sostenida en el tiempo y orientada a atender las causas estructurales de la crisis.
Al fortalecer los centros de atención primaria se permite que los hospitales tipo III y IV puedan descongestionarse del flujo de usuarios, debido que, al ofrecer atención primaria en centros de diagnóstico integral y consultorios populares, estos pueden concentrarse en ofrecer servicios rápidos en casos preventivos y ambulatorios, facilitando que estos centros puedan concentrar sus recursos en procedimientos especializados y emergencias críticas.
Las intervenciones puntuales, sin continuidad ni articulación, resultan insuficientes en un contexto de crisis prolongada que requiere planificación, financiamiento adecuado y mecanismos efectivos de implementación.
Desde Acción Solidaria exigimos al Estado venezolano garantizar la transparencia en la ejecución de este plan, incluyendo el acceso a información pública completa y de calidad, la rendición de cuentas sobre el uso de recursos y la apertura a mecanismos de monitoreo independiente. Asimismo, es fundamental que estas iniciativas se traduzcan en políticas públicas sostenibles, con enfoque de derechos humanos, que aseguren no solo la recuperación de la infraestructura, sino también el acceso equitativo a servicios de salud de calidad y condiciones dignas para el personal que labora dentro de estas instituciones.
Solo a través de respuestas estructurales, sostenidas y verificables será posible avanzar hacia la garantía efectiva del derecho a la salud en Venezuela.