Por: Juan Manuel Rodrigues
El pasado lunes 13 de septiembre, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentó una nueva actualización sobre el estado de los Derechos Humanos en Venezuela, haciendo especial énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Uno de los elementos que más fueron citados en la actualización oral de la ACNUDH es el impacto negativo que tienen las sanciones sectoriales impuestas por Estados Unidos sobre PDVSA, la petrolera estatal venezolana. En este sentido, si bien es cierto que las consecuencias de la imposición de estas sanciones han agravado la situación actual que vive el país, no son la causa de la misma.
Esta actualización, que llega unas semanas después de la publicación de un comunicado de prensa titulado “Venezuela: salvar vidas de pacientes con cáncer en peligro por sanciones de Estados Unidos”, publicado el 21 de julio de 2021 y suscrito por 6 relatores y expertos independientes de Naciones Unidas, falla en hacer explícitas las verdaderas causas de la crisis actual y se basa en informaciones inexactas.
En este orden de ideas, las primeras sanciones de carácter general impuestas a Venezuela por Estados Unidos ocurrieron en agosto de 2017, cuando se prohibió a personas estadounidenses o relacionadas con ese país, negociar o reestructurar los bonos de PDVSA y de la República. Seguidamente, en enero de 2019, las sanciones escalaron hasta llegar a la inclusión de PDVSA en la lista de sancionados, por lo que los activos y propiedades de la estatal petrolera bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedaron bloqueados, lo que, por supuesto, afectó las operaciones de la compañía, repercutiendo negativamente en los ingresos del Estado.
Ahora bien, y como se expuso de forma precedente, estas sanciones no son el origen ni explican por sí solas la situación actual que atraviesa Venezuela y que ha sido categorizada y descrita como una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), cuyos inicio se remontan al año 2015, es decir 3 años antes de la imposición de las primeras sanciones. Incluso, el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconocía en 2016 que Venezuela atravesaba una crisis humanitaria.
Esto último es un aspecto fundamental que ha sido omitido por la ACNUDH en su informe y que resulta crucial para poder comprender y documentar el contexto venezolano. La extrema dependencia de los ingresos petroleros, la inestabilidad política y económica, y la “gran corrupción”, como la denomina Transparencia Internacional, son el origen de la actual crisis, cuyas primeras evidencias comenzaron a asomarse desde, al menos, 2013, cuando varios economistas advertían sobre el estancamiento de la economía venezolana y las profundas distorsiones en las que estaba y sigue inmersa.
Asimismo, el informe señala que las sanciones han tenido un impacto directo en la reducción de las importaciones de alimentos y medicinas, aunque numerosos estudios económicos sostienen que el Estado venezolano ha aplicado drásticos ajustes que se han traducido en la reducción de importaciones totales desde el 2013.
Sobre el derecho a la salud
En los aspectos referidos al derecho a la salud, la ACNUDH sostiene que el gobierno informó sobre un aumento en el número de camas disponibles en los centros públicos de salud (58%) y de camas disponibles en unidades de cuidados intensivos (44%). Suponiendo que dichas cifras fueran ciertas, hay que evaluar el verdadero impacto de dicho aumento, en cuanto a disponibilidad de servicios de salud en el sistema público, donde se han venido reportando de forma sostenida el drástico declive de camas disponibles en diversos servicios médicos hospitalarios.
De acuerdo con cifras aportadas por la plataforma HUM Venezuela, entre 2012 y 2016, el sistema público de salud perdió 40% de sus capacidades de prestación de servicios. Asimismo, entre 2017 y 2019, la inoperatividad o cierre alcanzó 80% de los servicios de atención, 60% de la atención ambulatoria especializada y 69,5% de la hospitalaria, razón por la cual los aumentos en camas disponibles, reportados por la ACNUDH, aunque pudieran ser ciertos, no representan una mejoría significativa en una estructura hospitalaria que ha tenido un progresivo y agudo proceso de deterioro en los últimos seis años.
Igualmente, la ACNUDH hace referencia a los reportes periódicos y regulares de las cifras de casos de COVID-19 en el país, sugiriendo que, “como otros países”, las cifras de casos son probablemente más elevadas. No obstante, la sociedad civil y diversos gremios académicos, como la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales alertaron que los casos reales podrían haber sido hasta 7 veces más que los reportados oficialmente en diversos momentos de la pandemia.
De la misma forma, y con cifras aportadas por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), para julio de 2020 se evidenciaba la poca capacidad diagnóstica del gobierno: solamente se había hecho 16% de las pruebas diagnósticas que debían realizarse según estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin una capacidad diagnóstica adecuada, difícilmente puede estimarse el impacto real de la pandemia en el país y difícilmente podrían tomarse medidas de priorización de recursos financieros, humanos y de estructura, para la atención de la pandemia.
En esta misma línea, la asignación de centros centinelas para la atención de casos de COVID-19 no obedeció a criterios de población. Por ejemplo, el estado Zulia, el más poblado del país, con 4 millones de habitantes, contaba solamente con dos centros centinelas. Un monitoreo hecho por Acción Solidaria durante 2020, arrojó que 43,3% de los registros de eventos relacionados con el derecho a la salud y con la pandemia por el SARS-COV-2, implicaron la vulneración del estándar de disponibilidad.
Los hechos que más se han reseñado son la falta de personal y salarios bajos, grave escasez de equipos de protección personal, poca disponibilidad de camas de cuidados intensivos y de tratamientos para el COVID-19.
La actualización de la ACNUDH además sostiene la gratuidad de los tratamientos para la COVID-19; sin embargo, del monitoreo realizado por Acción Solidaria, 11,6% de los registros sistematizados en 2020 están referidos a problemas graves de asequibilidad para tratamiento para la COVID-19.
Por otra parte, sobre el plan de vacunación nacional, la ACNUDH sostiene que existe y que después de su aprobación le fue presentado; sin embargo, reconoce que el mismo no fue publicado, evitando que todos los actores y ciudadanos pudieran estar al tanto sobre la forma de implementación.
Esta situación de incertidumbre aún se mantiene, puesto que se desconoce el contenido de dicho plan y se sabe que el proceso de vacunación se ha implementado de forma irregular, a lo cual la misma ACNUDH hace referencia en su informe, cuando menciona que no existe información detallada de cómo ha sido implementado el plan.
Aun habiendo reconocido esas contradicciones, resulta sorpresivo que la ACNUDH no haya sido más enfática en su llamado a que ese plan sea publicado. En febrero, antes del inicio de la vacunación en Venezuela, el gobierno había anunciado una primera fase que incluía a personal de seguridad y autoridades políticas, por lo que difícilmente pudiera pensarse que el plan siga exigencias médicas o epidemiológicas.
Otro punto importante es que en la actualización se da a entender que la suspensión del programa nacional de trasplantes fue consecuencia de las sanciones generales impuestas por Estados Unidos; sin embargo, esa afirmación no está basada en los hechos puesto que la suspensión del programa ocurrió en el año 2017, como la misma ACNUDH reconoce en su informe, es decir, antes de la entrada en vigencia de las primeras sanciones generales sobre Venezuela. Por lo tanto, la suspensión del programa antes referido fue una decisión del Estado venezolano, así como lo fue la suspensión de compras de antirretrovirales del fondo rotativo de la OPS, suspendida por decisión gubernamental desde el año 2016.