En enero de 2018 Penélope fue al edificio del Ministerio Público en la avenida Urdaneta para hacer una denuncia. “Vengo a denunciar al Ministerio de Salud. Vengo a denunciar al Gobierno venezolano porque no tengo mi tratamiento“, dijo a los funcionarios. Tiene 22 años viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y desde 2017, cuando empezaron a escasear los antirretrovirales, ha luchado por preservar lo que considera más importante: su salud.
El pasado 10 de octubre Penélope, una mujer trans de 39 años, se convirtió en una de las 43 beneficiarias de la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a personas con VIH/sida. La decisión solicita al Estado venezolano garantizar el suministro de tratamiento a los pacientes de forma regular y oportuna, así como también asegurar el acceso a exámenes de diagnóstico y seguimiento.
Solo 43 solicitantes se vieron beneficiados por la medida cautelar de un total de 364 seropositivos que documentaron su dificultad para acceder a tratamiento médico. La ONG Acción Solidaria, que prestó apoyo legal para llevar las denuncias hasta la Cidh, precisó que algunos de los pacientes suman hasta dos años sin recibir antirretrovirales, medicamentos cuyo suministro corresponde al Estado a través del Ministerio de Salud.
También detalla que, en promedio, los pacientes con VIH han perdido nueve kilogramos en lo que va de 2018 y que algunos abandonaron el país incluso antes de que el organismo regional emitiera su decisión.
“Se estima que en el país hay 66 mil personas con VIH y que unas 10 mil se han ido del país o han fallecido por la falta de antirretrovirales. Una de las solicitantes que no recibió la medida cautelar, una señora de 55 años, murió hace tres meses”, detalló Natasha Saturno, abogada de Acción Solidaria.
Acción Solidaria denuncia que desde 2017 el Gobierno venezolano no ha realizado las compras de medicamentos antirretrovirales y que a partir de ese año se empezaron a registrar las fallas de tratamiento. Mediante la medida cautelar, la Cidh también pide al Estado venezolano investigar las causas que derivaron en la ausencia de este tipo de fármacos.
“La Comisión reconoce que la situación en la que nos encontramos actualmente puede llegar a ser una violación de derechos humanos. La Cidh exige al Estado venezolano entregar de forma regular los medicamentos de forma adecuada a las necesidades de cada persona”, afirmó Saturno.
El próximo 9 de noviembre, a un mes del otorgamiento de la medida cautelar, el Estado venezolano deberá informar las medidas que ha tomado o tomará para cumplir la resolución de la Cidh.
Dejados a su suerte
A Samuel le diagnosticaron el virus de inmunodeficiencia humana hace 28 años. Conoce muy bien su condición, pero la falta de reactivos en los hospitales públicos no le permiten hacer seguimiento de su enfermedad. Desde hace un año no se ha podido realizarla carga viral, prueba que permite cuantificar la infección por el virus, y la hiperinflación hace que sea imposible ahorrar para hacerse el examen.
“No sé cómo estoy yo. No sé si estoy bien o mal. Ya hace un año que no tomo mi tratamiento y sigo en esta incertidumbre”, lamentó Samuel.
La cuarta semana de octubre asistió a una clínica privada para preguntar por el costo de la carga viral. El monto de ese entonces estaba muy lejos de sus posibilidades. “Cuando pregunté, costaba 4 mil bolívares soberanos. No sé en cuánto puede estar ahora”, dijo. No se hizo la evaluación médica.
El examen para el conteo de CD4, utilizado para hacer seguimiento del estado del sistema inmunitario en personas infectadas con el VIH, también está fuera del presupuesto de muchos. “Yo me lo hice la semana pasada y pagué 1.120 bolívares soberanos en una clínica privada. Otra persona preguntó hace poco y ya sobrepasa los 2.000”, apuntó.
La Cidh solicita que se garantice no solo el acceso a tratamiento antirretroviral, sino también “a diagnósticos y exámenes médicos”, actualmente en falla debido a la escasez de reactivos.
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Fuente: Efecto Cocuyo