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  • La ONUSIDA considera que el fin de la epidemia del VIH todavía es posible, pero son necesarios los esfuerzos y compromisos de los gobiernos para dar prioridad a esta población, evitar desigualdades y garantizar un financiamiento adecuado y sostenido

Jackelin Díaz L.

La lucha para erradicar el VIH del mundo, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para la lucha contra la enfermedad (ONUSIDA), ha avanzado lo suficiente para fijar una posible fecha: el año 2030. El informe publicado el jueves 13 de julio titulado El camino que pone fin al sida arroja datos alentadores que trazan un camino que solo puede ser materializado con solidaridad, colaboración internacional y políticas públicas. 

La ONUSIDA celebró en su nueva actualización que la terapia antirretroviral aumentó su cobertura de 233.000 personas en 2019 a más de 2,5 millones en 2022.

El informe calcula que 29.8 de los 39 millones de personas que viven con VIH recibieron tratamiento antirretroviral en 2022. Por otra parte, el 82 % de las embarazadas y lactantes, quienes viven con VIH, también accedieron al tratamiento.

También aplaudió cómo el acceso a la terapia antirretroviral se ha expandido en África, Asia y el Pacífico. 

Las estimaciones indican que, en caso de mantenerse esta tendencia, es posible llegar al objetivo de garantizar tratamiento para 35 millones de personas que viven con VIH para 2025. 

Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, en la rueda de prensa, consideró que, en la actualidad, poner fin a la epidemia es una “elección política y financiera”. Por ello, citó los ejemplos de los países que ya están liderando e implementando medidas con éxito para reducir las cifras de la enfermedad. “Necesitamos que todos los líderes sigan ese camino”, acotó Byanyima en la presentación de la actualización de la edición 2023.

El informe enfatiza que las respuestas efectivas al VIH están arraigadas a un fuerte compromiso político. Esto significa usar datos, ciencia y evidencia, abordar las desigualdades que frenan el progreso, apoyar el papel fundamental de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en la respuesta y garantizar una financiación adecuada y sostenible.

Los países y regiones donde la inversión financiera es mayor son los que más progresos están teniendo. En África oriental y meridional, por ejemplo, las nuevas infecciones por el VIH han disminuido un 57 % desde 2010.

Por otra parte, otra población clave afectada de manera desproporcionada son las mujeres y niñas. El informe revela que en 2022, en todo el mundo, 4.000 mujeres jóvenes y niñas se infectarán con el VIH cada semana.

El obstáculo de leyes antiderechos

La ONUSIDA considera que en la actualidad varios obstáculos bloquean la eliminación de esta amenaza a la salud pública, como, por ejemplo, las leyes que discriminan a las poblaciones en riesgo, pero también la disminución de la financiación para la lucha eficaz contra la enfermedad a nivel mundial.

Destacan que el progreso en la respuesta al VIH se fortalece cuando el marco legal y de políticas no socava los derechos humanos, sino que los garantiza, permite y protege. En 2022 y 2023, varios países eliminaron leyes perjudiciales, incluidos cinco (Antigua y Barbuda, Islas Cook, Barbados, San Cristóbal y Nieves y Singapur) que despenalizaron las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

A partir de allí, el número de personas en tratamiento antirretroviral se ha cuadriplicado, de 7,7 millones en 2010 a 29,8 millones en 2022.

Caso Venezuela 

En la actualización del informe se hace mención a Venezuela en relación a la situación de las personas que viven con VIH. La ONUSIDA sostiene que la región sigue experimentando una Emergencia Humanitaria Compleja que ha provocado el éxodo de más de 6 millones de migrantes venezolanos. De acuerdo con datos del informe, se calcula que 2 millones de personas han huido por el empeoramiento de la pobreza.

La organización advierte que, entre los venezolanos migrantes y desplazados, existe un alto nivel de estigma relacionado con el VIH, así como miedo a la deportación y acceso limitado a servicios, lo que provoca una participación insuficiente en los programas de VIH. 

En el informe también se estima que aproximadamente entre 30.000 y 40.000 migrantes y desplazados venezolanos viven con VIH.

“Las brechas de cobertura entre los migrantes y la población local se agravan cuando los sistemas de seguro de salud en los países anfitriones no otorgan a las personas un acceso a servicios de salud y laboratorio”, concluye la ONUSIDA.