Por: Jennifer C. Jardim Gouveia
En el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama (19 de octubre) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la resolución 68/2020 contentiva de medidas de protección para 12 mujeres venezolanas con cáncer de mama.
Los peticionarios de las medidas cautelares (CEPAZ, FUNCAMAMA, Senos Ayuda, Prepara Familia, Acción Solidaria y Edward Pérez) alertaron a la Comisión de las vulneraciones a los derechos a la salud, integridad personal y el riesgo inminente de violación del derecho a la vida de estas mujeres, principalmente por la falta de acceso a medicamentos para atender su condición oncológica. Al respecto, la Comisión consideró que esta situación cumple prima facie con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño.
Así mismo, la CIDH solicitó al Estado venezolano adoptar todas las medidas necesarias para proteger esos derechos, posibilitando a las beneficiarias el acceso a los tratamientos médicos adecuados, la atención por profesionales de la salud, así como, los diagnósticos y exámenes que permitan hacer un seguimiento de su condición de salud.
La medida nace de la preocupación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el terreno y es apenas un pequeño reflejo de la realidad que deben enfrentar estas mujeres en medio de una EHC y la pandemia por COVID-19. En este sentido Luisa Rodríguez Táriba presidente de FUNCAMAMA conversó con el equipo de Acción Solidaria a través de la plataforma de Instagram Live el pasado 15 de octubre.
En el evento, Rodríguez denunció que el cáncer de mama es la primera causa de muerte asociada al cáncer en la mujer, y que en nuestro país, al menos 1 de cada 10 mujeres va a desarrollarlo a lo largo de su vida, por lo que, el diagnóstico oportuno es esencial para salvar vidas.
Sin embargo, la mujer venezolana se consigue con múltiples barreras para atender estas necesidades de salud vinculadas a temas de disponibilidad (para bienes y servicios de salud públicos) asequibilidad (posibilidad económica de acceso) y accesibilidad (geográfica). Incluso, en esta carrera contra el tiempo, una mujer con sospecha de cáncer de mama puede esperar de 3 a 4 meses para lograr tener un diagnóstico y esperar hasta 10 meses para iniciar su tratamiento.
En una institución privada, una mamografía puede llegar a costar entre 50$ a 200$, mientras que los costos relativos a una biopsia por punción con aguja gruesa, procedimiento que no se practica con mucha regularidad en el país, puede llegar a costar 300$. En Venezuela, desde aproximadamente el año 2017 no hay reactivos en el país para la realización de un estudio de gammagrama óseo, el cual, es un examen comúnmente solicitado para conocer si existe otra lesión en el cuerpo.
Otros estudios como inmunohistoquímica pueden resultar inaccesibles cuando cada marcador tumoral puede llegar a costar entre 50$ y 60$, señala además que la hora de quirófano tiene un costo promedio 500$ por lo que una mujer puede gastar hasta 4.000$ sin siquiera haber recibido tratamiento de radioterapia o quimioterapia.
También, Rodríguez indicó que en el país no existe una especialización adecuada para que los médicos venezolanos puedan brindar la atención ideal a las mujeres con cáncer de mama, indicando que solo se ofrece un Diplomado en Mastología promovido por la Sociedad Venezolana de Mastología y la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, pero que no alcanza los estándares de un postgrado académico. Ello supone una desmejora en la calidad de los servicios de salud ofrecidos a la mujer venezolana que va a consulta en busca de un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado a las especificaciones de su caso.
Por otra parte, para el año 2016, Venezuela contaba con 25 equipos de radioterapia, en la actualidad, este número se ha visto ampliamente reducido y centralizado el servicio, por lo que, las personas deben movilizarse a Caracas para acceder a este tipo de tratamiento en el sector público. Respecto a la Quimioterapia, la EHC y la escasez de medicamentos, ha llevado a las mujeres diagnosticadas y a sus familiares a adquirir por el mercado negro medicamentos oncológicos de dudosa procedencia para iniciar o seguir con su tratamiento, arriesgándose a comprometer aún más su salud.
A todo lo anterior, se suma la situación de la pandemia por COVID-19, las restricciones de la cuarentena y la crisis de desabastecimiento de gasolina que han dificultado a las personas con condición oncológica el acceso a los centros de salud, así como a sus tratamientos. Además, las fallas de los servicios públicos, como electricidad y agua potable, han limitado el servicio que algunas organizaciones sin fines de lucro como Senos Ayuda y FUNCAMAMA prestaban a sus usuarios.
En definitiva, esta resolución de la CIDH coloca en evidencia una situación que trasciende de los 12 casos de las beneficiarias, es una arista más de la profunda crisis del sistema de salud público venezolano que tiene años deteriorándose y que para poder resurgir requerirá de una amplia coordinación, voluntad, recursos y acuerdos entre los actores clave.