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Por: Naiguel J. Baspe

Han transcurrido seis meses desde el decreto de estado de alarma como medida de prevención tras la pandemia de COVID-19 en Venezuela, durante este tiempo han fallecido 242 privados de libertad, de los cuales 199 murieron por causas de salud. La investigación del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que, entre abril y septiembre de 2020, en las cárceles murieron 163 presos y de esta cifra 93 personas presentaron enfermedades.

En lo que respecta a casos positivos de COVID-19 en la población carcelaria del país, el observatorio documentó 130 contagios en los centros de detención preventiva      y un fallecido hasta la fecha, la víctima fue un privado de libertad en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar. El estado Nueva Esparta reporta la mayor cantidad de contagios, con 88 casos. En Miranda, el OVP registró 26 positivos con COVID-19, en Táchira 9, y Lara y Barinas con cinco casos cada uno. Solo en la Comunidad Penitenciaria de Fénix, en el estado Lara, hay tres casos. El OVP documentó la muerte de 13 funcionarios a causa del nuevo coronavirus, según datos oficiales.

La desnutrición es otro de los graves problemas que se suma a las personas con tuberculosis. La ONG registró que 558 reclusos tienen desnutrición y 10 viven el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Sin embargo, en ambas condiciones se denuncia por parte de los familiares que no tienen acceso a tratamientos de manera periódica, ni se les permite el traslado a los centros de salud para las consultas médicas de rutina que además permitan retirar el tratamiento pertinente.

Santiago Bacci, Médico Infectólogo agregó que “En Lara 13 privados de libertad murieron por tuberculosis durante el período de la muestra (octubre 2019-abril 2020). De 116 reclusos enfermos, 74 fallecieron por tuberculosis y 25 de ellos por coinfección con tuberculosis y VIH. De los 74 que murieron solo 18 recibieron tratamiento, la mayoría no recibió tratamiento”.

Por su parte la ONG Una Ventana a la Libertad monitoreó 60 centros de detención, entre mayo y septiembre de 2020, y en este período registraron que ocho reclusos murieron a causa de tuberculosis, en las celdas ubicadas en el área metropolitana y que 183 reclusos viven con tuberculosis en la actualidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tuberculosis es ocasionada por una bacteria y se transmite por el aire, de persona a persona, y es una de las 10 causas de mortalidad en el mundo. El Observatorio Venezolano de Salud destacó que el aumento es altamente significativo y además no hay cifras oficiales desde el boletín de 2016.

Sumado a esto, El OVP ha denunciado casos donde mujeres privadas de libertad son víctima de situaciones irregulares en su detención. Como es el caso de 3 mujeres que se encuentran recluidas en el calabozo de la PNB en Yaracuy, quienes llevan aproximadamente cuatro meses en condiciones deplorables, entre las que destacan: la falta de agua, alimentos e instalaciones acordes, esto las  ha llevado a un estado de salubridad no optimo en cual conviven dentro de su celda con desechos orgánicos y gusanos, tampoco se les ha garantizado el acceso al aseo personal y material a usar durante su periodo menstrual. Se trata de un caso más de retardo procesal penal, señala el OVP.

En el informe presentado por OVP se detalla que “la situación clínica preexistente de estos reclusos no se pudo determinar por no contar con las pruebas clínicas; sin embargo, debemos indicar que según los estudios sobre esta enfermedad, la tuberculosis afecta mayormente a individuos que tienen anemia y desnutrición. Si al ingresar a un centro penitenciario la persona presenta condiciones de salud endebles, tales como las mencionadas, ello implica un mayor riesgo a contraer enfermedades durante el período en prisión”.

Es menester recordar que según lo consagrado en el artículo 6 del Código Orgánico Penitenciario, el Estado tiene la obligación de velar que los centros de detención cuenten con las condiciones mínimas para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de los presos, entre ellos el derecho a la salud. Sin embargo, la mayoría de los enfermos no reciben chequeo médico ni atención de salud, según lo descrito por las ONG y los familiares. Además, el Estado venezolano debe reconocer que la población de reos en el país es un grupo vulnerable significativo que espera respuestas y acciones por parte de quienes deben velar por su integridad y trato igualitario ante la ley.