Fecha: 30/jul/2020
Juan M. Rodrigues Goncalves
La primera acepción del verbo estigmatizar, de acuerdo con la RAE es marcar a alguien con hierro candente, la tercera es, afrentar o infamar. De estas dos, la primera resulta alarmantemente, más apropiada para describir lo que sucede con el trato a los venezolanos que, por diversas razones, están regresando al país durante la pandemia por el COVID-19.
Aunque no los marquen con un hierro candente, en su sentido literal, al calificarlos de «armas biológicas», «bioterrorista», «trocheros», «ilegales» y tantos otros calificativos que han salido de voceros oficiales, estas palabras bien podrían considerarse como tal, porque su efecto es el mismo: separarlos.
Cabe además destacar que, en ninguno de estos calificativos que han sido utilizados, existe fundamento científico alguno, y mucho menos, humanitario. Se trata simplemente de trasladar la culpa y responsabilidad hacia los hombros de los venezolanos.
Debemos recordar igualmente que, cuando aparecieron los primeros casos, la etiqueta utilizada fue que el COVID-19 era un virus de personas que viajaban y se circunscribían a un sector específico de la ciudad de Caracas (el de la clase pudiente). Hoy, y ante el aumento sostenido de casos que hemos visto en las últimas semanas sabemos que la ciencia tuvo razón.
El defensor de DDHH y presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, bien lo explicó en una serie de tuits: la responsabilidad absoluta del manejo de la pandemia es del Estado, y es su deber, no solamente alejarse de estas conductas y tratos en contra de los migrantes venezolanos que se encuentran retornando al país, sino de proveer al sistema de salud y a los trabajadores del sector, de los insumos necesarios para poder afrontar de forma segura y adecuada la pandemia.
De acuerdo con la Encuesta Crisis en Venezuela, para el 15 de julio la escasez de tapabocas en el sector salud era de 50%, guantes 56%, jabón 75% y gel desinfectante 75%. Estos números, dan cuenta de las necesidades del sector, y la urgente atención que requiere por parte del Estado.
Asimismo, tiene el garantizar el suministro de agua limpia y potable, esencial para el lavado de manos, no solamente para hospitales – que ya reportaban niveles alarmantes de falta de agua en 2019 – sino para toda la población.
Aunado a lo anterior, y debido a la precariedad económica que viven los venezolanos, se hace necesario que el Estado garantice a la población el acceso de otros servicios públicos que también dependen de su actuación: gas, transporte, alimentos y electricidad.
Ahora bien, y como también lo señala Reyna, debido a la Emergencia Humanitaria Compleja, se hace necesaria la participación de los sectores nacionales y del apoyo internacional, para poder mitigar sus efectos y poder garantizar mínimas condiciones de vida y asistencia a los sectores más vulnerables. Para que esto suceda, el Estado debe permitirlo.
Asimismo, y es algo que debió asumirse desde el inicio, pero que se hace urgente ahora, darle a la pandemia el manejo científico y humanitario que merece, alejado de los estigmas, la criminalización de las personas y la promoción del miedo, que lo único que genera es que las personas quieran ocultarse, lo que hace aún más complicado la detección y aislamiento de los casos.
Un ensayo publicado en la revista británica The Lancet, sostiene que el retardo en la aplicación de pruebas es uno de los hechos que más impacto tiene en el aumento del número de casos, debido a que sin pruebas suficientes, no puede conocerse el alcance del virus y aplicarse las medidas efectivas para cortar la transmisión y ¿De quién es la responsabilidad de aplicar un número suficiente de pruebas para la detección de casos?
Sobre este asunto, otros sectores nacionales podrían ayudar al Estado en su labor de aumentar el número de pruebas y sobre esto, y otras cosas más, se fundamenta el acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional, hace algunas semanas. Nuevamente, se hace necesaria su implementación efectiva.
Igualmente, hay que destacar el exhorto que hiciera en un programa de Radio, Héctor Marcano, vicepresidente de la Clínica El Ávila, donde hizo un llamado a las autoridades del gobierno a permitir la descentralización de pruebas e incluir al sector privado, esto permitiría una rotación rápida en las camas de clínicas privadas.
En síntesis, la estigmatización y criminalización al retorno de venezolanos, así como contra cualquier otro ciudadano durante la pandemia, nos aleja del objetivo de control de la situación. Es necesario que el Estado asuma las responsabilidades que tiene, y que permita la participación de más – empresa privada y sociedad civil – para el manejo efectivo de la pandemia en tiempos de Emergencia Humanitaria Compleja.