Por: Juan Rodrigues
Una de las actividades indispensables en la prevención del COVID-19 es lavarse las manos, por al menos, 40 segundos con agua y jabón, sin embargo, esta tarea no es sencilla de cumplir en Venezuela, toda vez que el servicio de suministro de agua limpia y potable es extremadamente deficiente.
Es común leer en los portales de noticias, redes sociales o grupos de WhatsApp vecinales, hechos relacionados con el colapso del suministro de agua en el país. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Para responder a esta interrogante, se detallarán algunos datos interesantes, que explican la situación actual y su origen.
La distribución y comercialización del agua limpia y potable en Venezuela, está en manos del Estado, quien a través de una red de 21 empresas públicas distribuye y comercializa el agua. En este sentido, un informe elaborado por Transparencia Venezuela explica que para el 2016, la capacidad operativa de esas empresas no superó el 60% de la capacidad instalada, lo que se traduce en una disminución considerable en la cantidad de litros por segundo que reciben los hogares venezolano.
Asimismo, más del 70% de las empresas públicas de agua tiene conflictos laborales o han estado inmersas en casos de corrupción, generado especialmente por la forma descontrolada en las que se adjudican los contratos a empresas privadas, que también han estado inmiscuidas en estos escándalos.
De acuerdo con el mismo informe, entre 1958 y 1999, en Venezuela se construyeron 72 grandes embalses que, sumados, tienen una capacidad de 32.715 millones de metros cúbicos de agua, mientras que entre 1999 y 2015, solamente se construyeron dos que, sumados, tienen una capacidad de 188 millones de metros cúbicos de agua. Igualmente, el gasto público en el sector, entre 2002 y 2012, no superó el 0,1% del PIB, cuando los estándares internacionales sugieren que la inversión en el sector debe ser equivalente al 1% del PIB.
En cuanto a la cobertura, de acuerdo con el expresidente de HIDROCAPITAL, José Norberto Bausson, para 1998 el 87% de la población recibía agua potable por tubería, mientras que para 2001, y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, el 62% de los hogares venezolanos recibía agua todos los días en 2011, lo que da cuenta del deterioro.
Entre 2016 y 2017, un estudio de PRODAVINCI estimó que, al menos el 30% de los venezolanos vivía bajo esquemas de racionamiento de agua y el promedio de suministro de agua potable por semana en ese mismo período fue de 2 días. Las zonas rurales recibieron, en promedio, 41,61 horas de agua a la semana, mientras que las urbanas recibieron 49,75 horas.
El Observatorio de Conflictividad Social indicó que el 2019 cerró con un total de 16.739 protestas, de las cuales 9.698, es decir el 58%, estuvieron referidas a derechos económicos y sociales, entre los cuales se encuentran el acceso a servicios públicos como el agua. La tendencia de protestas por falta de agua se mantiene aún en 2020 y a pesar de la pandemia.
Igualmente, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), sostuvo que durante el mes de abril de este año, 73% de los eventos relacionados con problemas en servicios públicos, registrados en los medios de comunicación y redes sociales, estuvieron relacionados con el servicio de agua potable, lo que demuestra el estado general del suministro en el país.
Para junio de 2019, el OVSP estimó que al menos el 9% de las personas que viven en Caracas no tenían acceso a agua potable. En Barquisimeto, Maracaibo, Ciudad Bolívar y Valencia, el porcentaje de personas que no recibían agua potable era de 11%, 30%, 27% y 8%, respectivamente. En ese mismo estudio, hecho entre habitantes de 7 ciudades del país, solo 23% de las personas indicó que reciben agua de forma continua
Con este escenario, es difícil concebir una lucha eficiente contra la propagación del COVID-19, ya que el acceso al agua, por parte de la población, es cada vez más limitado. El acceso a agua potable, es un derecho humano, y de acuerdo a la Observación General N°15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, “…es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico…”. El problema del suministro de agua es uno de los tantos temas que deben ser abordados con urgencia, debido a su impacto transversal en la vida y salud de las personas. Para ello, debe comenzarse por: i) adoptar criterios de transparencia en el manejo de la empresas públicas del Estado y el presupuesto, ii) el manejo de la distribución y comercialización deben estar guiados por aspectos técnicos y no políticos; y iii) debido a la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa Venezuela, considerar ayuda internacional que permita establecer soluciones temporales viables y así, permitan que más personas, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a agua.