La organización Defiende Venezuela presentó un informe de seguimiento al Plan Nacional de DD. HH. (2016-2019) en el que concluyeron que es un brazo ejecutor del Plan de la Patria con naturaleza ideológica. De los 10 entes de la Administración consultados, solo dio respuesta la Defensoría del Pueblo, pero no dieron especificaciones en cuanto a su responsabilidad de cumplimiento del plan.
Caracas. “El gobierno venezolano pasó de una violación sistemática de Derechos Humanos al desconocimiento absoluto de la existencia de los derechos. No se trata de violar los derechos, sino de desaparecerlos para que el ciudadano sienta que no pueda exigirlos ni denunciarlos “, dijo el abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Vicente Haro.
La organización Defiende Venezuela presentó un informe de seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos (2016-2019) en el que se concluye que el Estado, en un plazo de dos a tres años, ha incumplido 70 % de sus metas y le restaría un año para dar cumplimiento al resto de los indicadores. “Este es un plan con naturaleza ideológica y un brazo ejecutor del Plan de la Patria”, dijo Omar Piñango, investigador de esta institución. De los 10 entes de la Administración consultados, solo dio respuesta la Defensoría del Pueblo, pero no dieron especificaciones en cuanto a su responsabilidad de cumplimiento del plan. De hecho, Piñango sostiene que en la mayoría de los entes no había conciencia de una obligatoriedad de cumplimiento del mismo. “O no lo conocían o no le daban importancia”, agrega.
En cuanto a los cinco ejes estratégicos que componen el Plan, Defiende Venezuela subrayó que en todos existen incumplimientos y reveló por cada uno los elementos que ameritan mayor atención. En el primero, relacionado con la creación de líneas de investigación sobre Derechos Humanos —desde una visión “emancipadora, crítica y alternativa”— bajo la responsabilidad del Ministerio para Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología, se verificó que estas no se producen en 12 universidades del país.
Las iniciativas en esta temática son independientes. Por otro lado, con respecto al “fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de todos” se arrojó un resultado de 62 % de incumplimiento. A falta de información por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministerio para la Defensa, evaluaron la formación de los funcionarios que componen la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y determinaron que no hay un nivel de instrucción en materia de Derechos Humanos y, peor aún, han premiado con ascensos a oficiales responsables de torturas.
“El Plan Nacional de Derechos Humanos es una herramienta que permitirá poner a la Revolución Bolivariana a la ofensiva en la construcción del discurso crítico de la visión liberal burguesa de los DD. HH.”, se lee en la página 16 del documento.
Para la psicóloga social y fundadora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Nancy Hernández, este Plan impone un pensamiento único, controla conciencias, divide, engaña y confunde y, además, criminaliza el pensamiento plural mediante la descalificazión y agresión al que difiere.
Dichos planteamientos se evidencian en los otros tres ejes del Plan.
De acuerdo con los estudios de Defiende Venezuela, no hay acciones dirigidas a crear incentivos para la participación de organizaciones y movimientos de DD. HH. en los espacios del ALBA, Mercosur, Unasur y la Celac. De hecho, Venezuela recibió en 2017 una suspensión del Mercosur por la ruptura del orden constitucional luego de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las que se pretendía desconocer a la Asamblea Nacional y, al mismo tiempo, habilitaban al Ejecutivo a legislar. Por otro lado, dicho Plan se aleja de la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos de Naciones Unidas y, por último, no incentiva políticas públicas para personas en situación de calle o sometidas a adicciones. El último centro de atención médico gratuito inaugurado por el Estado fue el 6 de agosto de 2015 en San Benardino, Caracas y atendía, para ese entonces, a 96 personas.
“Este plan es una herramienta para sostener un sistema político. Atrás queda la libre participación. Es, en definitiva, discriminatorio y excluyente”, sostiene Hernández
Y asimismo lo esclarece la página 15 del Plan cuando establece que:
“Busca dotar de una nueva herramienta a la Revolución Bolivariana para sostener, avanzar y profundizar los logros alcanzados en DD. HH. y acelerar el tránsito hacia una democracia socialista”.
Acciones del Estado que restringen y violan derechos educativos y culturales, según Fenasopadres:
Ley Orgánica de Educación.
Ley de Cultura.
Autonomía Universitaria.
Creación de Consejos Educativos (MBE, MBF, CFI).
Contratación Colectiva.
Ley Resorte.
Igualmente, Hernández advierte que las acciones centradas en fomentar una visión unilateral de la verdad se encuentran en textos de educación formal y medios de comunicación controlados por el Estado. Hizo énfasis en el cambio del calendario escolar con la incorporación de efemérides relativas a “batallas” y la eliminación de otras como: Día Internacional de la Democracia, Día Mundial de la Tolerancia, Día Internacional del Refugiado y Día Internacional de Nelson Mandela. Se incorporaron fechas como el natalicio y muerte de Hugo Chávez y establecieron el 4 de febrero como Día de la Dignidad Cívico-Militar y 13 de abril como Día de la Dignidad.
“Los Derechos Humanos han sido una conquista de los pueblos. Lamentablemente, siempre hay sangre de por medio. Nos toca seguir luchando para reconquistarlos en Venezuela“, concluyó Haro.
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Fuente: Crónica Uno