Una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar
Naiguel Baspe
De acuerdo con la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1993, la violencia contra la mujer es “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una propuesta de Naciones Unidas por la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y establecida como una forma de visibilización.
Las cifras de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes son alarmantes. Según la ONU, una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña es asesinada por un familiar. En la última década, muchos movimientos por los derechos de las mujeres han contribuido de forma notable e importante a la visibilización de los casos de violencia basada en género y, especialmente, los escenarios en donde ocurren.
Así, destaca el movimiento #MeToo, que hace cinco años provocó una manifestación global, sobre todo en occidente, que evidenció la imperante necesidad de prevenir y responder a esta situación. A este le siguieron otros movimientos en todo el mundo como #NiUnaMenos, #BalanceTonPorc, #TimesUp entre otros.
La visibilización de la problemática ha sido, sin duda, un elemento fundamental para poder reconocer que existe toda una estructura que perpetúa los ciclos de violencia en contra de las mujeres y facilita la impunidad de los perpetradores.
¿Qué sucede en América?
De acuerdo con el informe Carga de la violencia armada (2015) del Instituto Superior de Estudios Internacionales y Desarrollo de Ginebra, y citado por ONU Mujeres, 15 de los 25 países con mayores tasas de feminicidio en el mundo estaban en el continente americano.
No obstante, el trabajo que numerosos movimientos feministas en Latinoamérica ha contribuido para que en la región se comenzara a legislar sobre la necesidad de eliminar la violencia contra la mujer. Así, los pioneros fueron Costa Rica y Guatemala, que tipificaron el feminicidio en 2007 y 2008, respectivamente. Luego, entre 2010 y 2016, se firmaron leyes semejantes en México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. El último en la región fue Uruguay, en 2017.
Ahora bien, la sanción de leyes no resulta suficiente si no se acompaña con una institucionalidad robusta que pueda implementarlas. En este sentido, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los gobiernos de la región tienen estructuras débiles que no contribuyen a la disminución de las formas de violencia contra las mujeres.
A su vez, el gasto público para la aplicación de políticas públicas para prevenir la violencia basada en género tiende a ser bajo o inestable. Como ejemplo, el BID advierte que los porcentajes que reciben los ministerios de la Mujer en Argentina, Chile, Paraguay y Perú son solo un 0,18% del asignado a todo el poder ejecutivo.
La violencia contra la mujer tiene graves consecuencias para ellas y sus hijos, desde lesiones físicas o problemas psicológicos a desenlaces fatales. También tiene un impacto significativo en la economía de la región, puesto que está asociada a una pérdida entre el 1,6% y el 4% del Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe.
¿Qué sucede en Venezuela?
En 2013, se crea en Venezuela Mamá Rosa, un programa que lleva el nombre de la abuela del fallecido Hugo Chávez, como la promesa de que se erradicaría “la violencia de género en todas sus expresiones”; sin embargo, hasta la fecha se desconoce el alcance de este programa.
Aunado a lo anterior, resulta imposible saber oficialmente los índices de violencia contra la mujer, ya que desde 2017 no hay cifras. Las organizaciones de sociedad civil, con una capacidad reducida en comparación con la del Estado, han pasado a suplir el rol de este, documentando los casos de violencia que se registran en el país.
En 2016, según las cifras gubernamentales, hubo 122 feminicidios, apenas un año después, Cofavic registró un alza del 74 por ciento: 213 feminicidios en 2017. La cifra continúa en ascenso, ya que en 2021 el Monitor de Feminicidios de Cepaz contabilizó 290.
La igualdad prometida en legislaciones no es completa y en ocasiones inexacta. El mensaje de respuesta al reclamo de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes debe ser integral y absoluta, sin mecanismos eficientes o sin garantías en el tiempo.
La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es una realidad que toca la puerta de muchos hogares en nuestro país y el mundo, además se nos ha demostrado que esta puede llegar a otros escenarios, como el laboral o los centros de salud. Las políticas públicas en esta materia deben ser vigiladas, gestionadas, garantizadas y, en muchos casos, integrales y actualizadas, sin dejar a un lado la realidad que afronta una mujer que ha sido víctima de violencia, el acompañamiento debe ir más allá del abordaje de la situación o incluso dar justicia mediante instrumentos legislativos.