Venezuela es el país latinoamericano con el índice más alto de embarazos en adolescentes y el tercero de toda América. La emergencia Humanitaria Compleja ha agudizado las desigualdades y ha dejado, sobre todo, a niñas y adolescentes desatendidas en un contexto en el que nunca se han garantizado los derechos sexuales y reproductivos. A propósito del Día Nacional de la Prevención Escolar del Embarazo en Adolescentes, expertas hablan de lo que se puede hacer individual y colectivamente
María Jesús Vallejo
Diana* es una adolescente de 17 años. Estudia su último grado en un bachillerato técnico y está embarazada. Lo supo porque su período tenía un retraso de tres semanas, le faltaba el apetito, sufría de náuseas y se sentía muy débil. Su embarazo no fue planificado, pero siguió adelante y comparte la responsabilidad con su pareja, el padre del bebé; dice que la apoya emocional y económicamente. También les apoyan sus familias. Lo único que le preocupa, hasta ahora, es que será difícil cumplir con las pasantías que exige el sistema educativo para poder graduarse.
En Latinoamérica, 18% de los embarazos son de adolescentes; es la tasa más alta del mundo. En la región, Venezuela ocupa el primer lugar y el tercero de todas las Américas, luego de Ecuador y Honduras, de acuerdo con las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela (UNFPA). Durante una entrevista, en mayo de este año, Jorge González Caro, representante nacional del organismo, indicó que en 2020 se registraron 97,7 embarazos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años. La media regional es 43,6 por cada 1.000.
Pero este no es un problema reciente. En el informe Mujeres la Límite, de 2019, se registraron 2.339 partos de adolescentes, lo que es 27% de un total de 8.518, de acuerdo con un monitoreo en cuatro hospitales del país. Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), explica que la organización reconoce y atiende esta realidad desde hace dos décadas; sin duda, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) la ha agravado.
Los costos y la escasez de los anticonceptivos orales y las pocas opciones y disponibilidad de otros métodos reducen la capacidad de decisión de jóvenes con respecto a su proyecto de vida. Sin embargo, esa es solo una parte, Muñoz, quien es educadora, insiste en que debe haber un programa de Educación Sexual Integral (ESI) con enfoque de derechos humanos que transversalice todos los niveles del sistema educativo venezolano.
“Debe ser una educación sexual integral, no problematizada ni represiva. También se le llama tipo afectiva o alternativa, como sea, debe ser desde la infancia”, dice y explica que la posibilidad de crear y desarrollar un proyecto de vida y tener acceso a la información reduce la probabilidad de un embarazo durante la adolescencia.
Falta de políticas públicas
Que todas las personas tengan la oportunidad de acceder a la salud sexual y reproductiva es responsabilidad del Estado. El artículo 76 de la Constitución respalda el derecho y la protección a la maternidad y la paternidad y el artículo 50 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) establece el acceso a información, atención y servicios. Además, Venezuela, como miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se había comprometido a colaborar con el Quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio: lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
Sin embargo, se está lejos de la meta. Nunca ha habido un plan de educación sexual ni políticas públicas enfocadas en los derechos sexuales y reproductivos. Venus Faddoul, abogada feminista, manifiesta que el gobierno venezolano solo habla de parto humanizado, pero no reconoce las deficiencias producto del deterioro del sistema sanitario público, tampoco la necesidad de ofrecer educación sexual ni las condiciones precarias en las que funcionas las escuelas y liceos, lo que impide el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Mucho menos, reconoce la falta de acceso a métodos anticonceptivos.
Yelismar Briceño tiene 21 años y cuenta que nunca recibió educación sexual. Cuando salió embarazada tenía 15. Siempre pensó que sería madre luego de los 23. Ahora, con una niña de 6, su única preocupación es que crezca sana, pero en retrospectiva, le hubiese gustado saber más sobre prevención, sobre cómo sería asumir por completo la crianza de su hija y sobre cómo sería el camino de una madre soltera que no puede salir a trabajar sin abandonar las labores de cuidado.
Lo imperativo de la maternidad
La falta de políticas públicas orientadas a la salud sexual y reproductiva pasa por la concepción de los estereotipos de género. Como explica Mercedes Muñoz, en Venezuela, como en todo el continente, las mujeres, desde niñas, son socializadas con la maternidad como destino.
Este mandato es promovido incluso desde el Poder Ejecutivo. En marzo de 2020, durante un evento del Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna que estaba siendo televisado, el presidente Nicolás Maduro dijo que lo más importante que tiene Venezuela son sus mujeres embarazadas. «¡A parir, pues, a parir! Todas las mujeres, a tener seis hijos, ¡todas! Que crezca la patria», exhortó.
Sin embargo, el Estado no protege a las madres, adolescentes o adultas. Maritza Landaeta, coordinadora de Investigación y Docencia de la Fundación Bengoa, expone que hay una relación estrecha entre la desnutrición y las madres adolescentes en el país: al menos 20% inicia la gestación con déficit nutricional. “En Venezuela no hay un seguimiento adecuado durante la etapa prenatal y no reciben una atención adecuada. No hay control para ver cómo avanza”, dice.
La investigadora precisa que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), existe un 8% de bajo peso en menores de 15 años y esto tiene que ver con la forma en la que nacen los y las bebés. Además, hay 30% de retraso en el crecimiento y es el resultado del déficit nutricional durante los primeros 1.000 días de vida.
Algunos datos explican el contexto. De acuerdo con la Encovi, en Venezuela, el país más desigual de América, 94,5% de los hogares viven en pobreza y 76,6% en pobreza extrema. En 2021, la desnutrición en el mundo aumentó en 35% y Venezuela ocupó el puesto 27 con más población con esta condición. Además, 12,3 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria, según HumVenezuela.
Landaeta insiste en que debe haber programas maternos públicos que garanticen la suplementación de la madre y la atención del bebé. Algunas organizaciones no gubernamentales han asumido esa tarea. Ponte Poronte, por ejemplo, es una alianza entre Prepara Familia y Mapani, que ofrece atención integral y nutricional y formación. Pero es el Estado quien debe hacerse responsable.
Estigmatización como castigo
Para la sociedad venezolana, la maternidad parece ser un mandato, pero a la vez, se castiga a la mujer que decide iniciar su vida sexual. Mercedes Muñoz advierte sobre el peligro que significa esta idea de la maternidad como obligación: “Cuando no hay otras opciones para las mujeres, ocurre esto (embarazos no planificados), además, las relaciones sexuales durante la adolescencia son parte de la vida”. De ahí lo imperativo de atender, orientar y acompañar a adolescentes, mujeres y hombres, durante el desarrollo de su proyecto de vida.
En el suroeste de Caracas, en las parroquias Coche y El Valle, la Asociación Civil Niña Madre trabaja en favor de la prevención del embarazo en adolescentes desde hace 32 años: formación de educadores y estudiantes para que sean multiplicadores de la educación sexual; capacitación de jóvenes promotores que puedan compartir la información con sus pares; acompañamiento y asesoría sobre maternidad y paternidad responsable y sobre el parto; información y atención sobre violencias basadas en género e infecciones de transmisión sexual.
Nubia Laguna, coordinadora técnica de Niña Madre, sabe bien que la prevención del embarazo en adolescentes es estructural e involucra a todas las partes de la sociedad. Explica que desde las individualidades se puede hacer contraloría e incidencia pública para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos; desde las colectividades se puede ejercer presión para la creación y ejecución de políticas públicas.
Los embarazos en adolescentes, así como las infecciones de transmisión sexual, son consecuencias de la desatención del Estado, la sociedad y la familia, dice. La especialista insiste en que hay que reconocer a las adolescentes que quieren decidir sobre sus cuerpos y sus sexualidades, sin juzgarlas.
“Es difícil porque nosotras estamos atravesadas por una cultura machista que dice que nuestros cuerpos les pertenecen a los hombres; primero al papá, al hermano, luego al novio, a la pareja y así”, afirma y resalta que en contexto de crisis y pobreza, como el venezolano, lo único que tienen muchas niñas y adolescentes para subsistir son sus cuerpos.
Maritza Landaeta coincide y asegura que hay mucha estigmatización en torno a las muchachas embarazadas, por eso, muchas no reciben el apoyo que requieren. Según datos de la UNFPA, 7 de cada 10 abandonas sus estudios. “El embarazo no es una razón para la exclusión, más bien hay que incluirlas para que puedan entrar al campo laboral y mejorar su calidad de vida”, dice.
* Diana es un nombre utilizado para resguardar la identidad del testimonio