Hace dos años, casualmente por estas fechas, entrevisté a Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria y Civilis Derechos Humanos. 2017 fue un año de enormes turbulencias políticas. De manifestaciones en las calles y de una ola represiva nunca antes vista. Fue el año en que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Nicolás Maduro, sin apego a lo establecido en la Constitución, llamó a elecciones en las que el propio Maduro salió electo, en un simulacro avalado por la institucionalidad creada y controlada por el chavismo.
También fue el año de la emergencia humanitaria compleja y de las conversaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana, en las que por cierto participó Reyna como representante de la sociedad civil. Así que el entrevistado, que renovó su participación en los organismos de Naciones Unidas que insisten en el diálogo y la salida negociada, tiene mucho que decir.
En 2017, usted cifró a los venezolanos amenazados por el hambre en seis millones de habitantes y la los enfermos que deambulaban, sin éxito, en busca de medicamentes en cuatro millones. ¿Qué diría a la fecha de hoy?
¿Quién puede correr la ola de la hiperinflación de unos alimentos que superan en cuántas veces el salario mínimo, menos de dos dólares al mes? Yo creo que la supervivencia está comprometida desde hace años. Podría decirse que el 90 por ciento de la población venezolana pasa por situaciones de hambre y la absoluta mayoría no tiene acceso a una alimentación adecuada. En la calle, lo que uno ve son zapatos raídos, ropa en mal estado. Personas con pérdidas de peso más que evidentes. Aquí mismo hicimos un taller con jóvenes de ambos sexos del colectivo LGBTI y a mí me invadió una sensación de enorme tristeza. Jóvenes menores de 30 años en estados físicos muy deteriorados, no por el VIH sino por las condiciones generales de vida. De nuevo, la ropa, el calzado y, eventualmente, el aseo personal, porque no tienen acceso al agua corriente.
Viene a cuento lo que dijo en esa ocasión: “la emergencia humanitaria compleja está en la raíz del conflicto político”. Es lo más parecido a una condena.
La gran dificultad que hemos encontrado es la convivencia entre un camino que lleve a resolver la gravísima crisis política y otro, más expedito si se quiere, que lleve a la implementación de medidas que contribuyan a enfrentar la emergencia humanitaria. Y se llama emergencia porque son medidas para salvar vidas, para impedir muchos daños irreparables. Sólo para poner dos ejemplos: una persona con hemofilia, sin los factores de coagulación, tiene la articulación de sus miembros, valga decir, su movilidad, absolutamente deterioradas y si hubiera una recuperación, ya esos daños son irreparables. Perdiste una serie de capacidades físicas para desenvolverte en la vida cotidiana. O los 5.000 pacientes renales que fallecieron porque las máquinas de diálisis no funcionan.
El costo asociado a la grave crisis política es el sufrimiento de las personas y la pérdida de vidas humanas.
Digamos que el conflicto político tiene este camino, tiene estos actores y se necesitan estas soluciones, pero mientras se llega a unos acuerdos, y eso tiene sus lapsos, en los que hay presiones internacionales, sanciones individuales o de otro tipo, uno podría decir: abramos la vía para atender a las personas con necesidad. Eso no está pasando en la dimensión que hace falta. Muchas organizaciones de la sociedad civil estamos involucradas, pero también sobre exigidas en nuestras capacidades y el sistema de Naciones Unidas que, en mi opinión reaccionó muy tarde, empieza a implementar medidas poco a poco. Pero de nuevo es poco a poco. Nuestra preocupación sigue siendo la migración forzosa, a los 4,5 millones de venezolanos que se fueron del país, habrá que sumar otro millón y medio tal como lo señaló Eduardo Stein (comisionado de Naciones Unidas para los refugiados y la migración venezolana), creemos, como Stein, que esa cifra es factible.
El viernes 6 de septiembre el gobierno anunció la suspensión de los diálogos de Oslo. Seguimos en las mismas.
Creo que deberían reanudarse a la brevedad. Los daños que está sufriendo la población exigen la continuidad de estos esfuerzos para resolver la crisis política y sus consecuencias humanitarias.
El informe elaborado por al Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, tiene claros antecedentes. A los allanamientos para amedrentar a la población siguieron 5.000 muertes violentas atribuidas a la fuerza pública. El miedo se convirtió en horror.
El informe de Michelle Bachelet, al igual que el de Zeid Ra’ad Al Hussein —quien fue su predecesor— son de las evidencias más importantes que tenemos de la gravedad de la conducta del grupo que está en el poder, al que no podemos llamar gobierno porque un gobierno resuelve cosas. Las ejecuciones extrajudiciales que mencionas, empiezan a ocurrir en lo que eran los bastiones del chavismo. Son estas intervenciones de la OLP o el FAES, en las que se arrasa y se roba a gente pobre, se llevan el televisor que pudieran tener en la sala y la comida que tienen en la nevera. Además, montan unos supuestos enfrentamientos en las que terminan asesinados, más que todo, varones jóvenes.
Lo que queda del Estado venezolano es incapaz de garantizar la prestación de un solo servicio público. ¿Cómo se puede vivir en total ausencia de lo que es la vida cotidiana de la gente? ¿Pudo ser esta crisis algo deliberado?
Mi impresión es que pueden haber jugado contra las leyes de la economía cuando hubo mucho dinero. Que se podía prescindir de todo el ámbito privado de producción. Pero cuando se vio el descalabro cogió cuerpo la idea de dominación. En medio de la depauperación de los venezolanos y de la destrucción del país, nos quedamos en el poder al costo que sea. Ya no importa si se está sobre ruinas y cenizas, pero nos quedamos en el poder. Pero no creo que originalmente haya sido por diseño. La destrucción ha llegado a tal punto que afecta al grupo que está en el poder. Yo dudo que las familias de los militares, por ejemplo, estén viviendo por encima de las condiciones que nos afectan a todos. Se han visto contra la pared y pareciera que el espacio a la negociación comienza a abrirse, porque esto puede seguir deteriorándose, pero no es sostenible en estas condiciones.
¿Cuáles son las evidencias que marcan el deterioro? ¿Qué ha hecho la sociedad civil para enfrentar la crisis?
Varios indicadores: el incremento de la malaria, el aumento de la emigración forzosa y las cifras que comienzan a aparecer sobre suicidios, entre otras cosas. En 2017, justamente, comenzamos a trabajar con organizaciones aliadas de la sociedad civil, que juegan un papel muy importante en la implementación de nuestro programa humanitario. Ya son más 90 en todo el país. Estamos entregando más de 15.000 tratamientos al mes y hemos entrado a la callada en más de 40 hospitales públicos.
Puede ser una buena noticia, pero en realidad no lo es, porque las organizaciones sociales no tienen la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la vida y otros derechos consagrados en la Constitución.
Si uno tiene en consideración el inmenso sufrimiento de los venezolanos, que sigue en aumento, más todo lo que significa la migración forzosa, es necesario decir, una vez más, que las personas que se quedan en Venezuela tienen comprometida su sobrevivencia, su alimentación y necesitan esos programas de ayuda humanitaria. ¿Qué sería lo deseable? Que se llegara a algún tipo de acuerdo en la negociación política, que lleva su tiempo, pero que ya, hoy, entre al país lo que hace falta, en la dimensión que hace falta, sin obstáculos de distribución y de atención para que tú salves vidas, para que evitemos más daños y para que evitemos que las personas sientan que la única opción es irse de Venezuela.
La ayuda humanitaria se politizó apenas arribó al país. La oposición montó una operación con camiones en la frontera y el gobierno la presentó como un logro en su aparato de propaganda.
Una cosa es el reclamo que hay que hacer y otra es tomarse las banderas para decir: … No, fui yo… No, fuiste tú… No, fuimos nosotros, vamos a ver si horadamos los espacios. Todo eso trajo un ruido que afortunadamente ha cesado y comienzan a entrar las ayudas, si bien tardías, de las agencias internacionales: Organización Panamericana de la Salud, Unicef, Acnur, Fondo de Población, Cruz Roja Venezolana. Además de muchas organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando con muchas restricciones. A nosotros (Acción Solidaria) nos han ofrecido un avión mensual y cargas portuarias. Pero no podemos aceptarla, porque no hay la apertura que haría falta.
¿Por qué la ayuda humanitaria se maneja políticamente a cuentagotas? ¿Por qué se obstaculiza el envío de insumos y medicamentos a las organizaciones de la sociedad civil?
El 5 de julio, la Alta Comisionada presentó el informe sobre Venezuela y yo estuve allí, presentando la visión de las organizaciones de la sociedad civil, pero ¿Qué dijo el representante del Estado? No hay en Venezuela una situación de crisis humanitaria. Siguen negándola. Mi impresión es que para el gobierno esto son pequeñas ayudas para unos grupos minoritarios que pueden traerla y qué bueno que sea así. Es algo totalmente alejado de la realidad. Es no entender que son millones de personas en estado de necesidad extrema. Lo que hemos planteado es que es imperativo que realmente se avance en un proceso de negociación de buena fe. Lo de República Dominica, desafortunadamente, no se hizo en esos términos. Quizás porque pensaron que no íbamos a llegar a esta situación tan grave. Pero sirvió para ganar tiempo, que se mide en vidas humanas y sufrimiento.
No veo señales de que en Barbados la cosa sea diferente.
Yo acabo de regresar de Bruselas y recientemente estuve en Nueva York trabajando en conjunto con la Oficina del Secretario General y del sistema de Derechos Humanos. Allí planteamos que es imperativo que esas negociaciones, que está facilitando Noruega, tenga un respaldo internacional muy amplio, pero con el propósito de que haya una salida real a esta crisis, de lo contrario seguiremos en este declive sostenido.
Vamos al extremo: a lo único que puede aspirar la oposición es a un proceso electoral que abra la posibilidad, y subrayo la palabra posibilidad, de que el chavismo arriesgue la pérdida del poder, en unas elecciones limpias.
Hay varios factores que han cambiado con respecto a República Dominicana. Se impusieron nuevas sanciones y quizás se impongan otras, si se advierte que no se negocia de buena fe. Tengamos en cuenta que Europa se ha contenido, por ejemplo. Y yo recuerdo, porque estuve en Santo Domingo junto con Francisco Valencia, más que nada para presentar la visión de las organizaciones civiles sobre la emergencia humanitaria, que la delegación de Maduro planteó con insistencia que había que quitar las sanciones individuales. Esa era una de las piedras de tranca, porque generan mucha presión. Quizás la ruta de la oposición (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) tenga variaciones y muchos estarán en desacuerdo. Pero si no tienes los elementos para decir se van ya del gobierno, no te queda otra que avanzar en negociaciones, que no serán nada fáciles.
¿Será que Feliciano Reyna está pensando en el futuro? ¿Pero acaso puede pensar en el futuro si no tenemos presente?
Quizás por nuestro trabajo, uno va haciendo incidencias en el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también en el sistema político, que está en Nueva York, digamos en el Consejo de Seguridad, así como en el sistema interamericano de Derechos Humanos. Uno ve grupos, países, trabajando en la idea de que Venezuela llegue a un tipo de salida del conflicto político y algo similar podría decirse en el plano interno, con todas las dificultades.
¿Será que usted tiene información crítica que no quiere compartir en esta entrevista?
Ojalá tuviese información más precisa. Más bien comparto una frustración. Me gustaría ver una conducta distinta en ciertos grupos internacionales. Venezuela está aspirando a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay dos puestos para la región. El otro candidato es Brasil. Y es muy probable, si no se presenta la candidatura de otro país, que Venezuela entre al Consejo de Derechos Humanos. Lo otro es que hemos pedido una investigación para establecer responsabilidades en distintos temas, uno de ellos es la actuación de las FAES. Es posible que no se designe a la comisión investigadora y la manipulación podría ser tremenda.
Insólito, ¿cómo es que un Estado que está incurso en graves violaciones a los Derechos Humanos, incurso en crímenes que pudieran tipificarse como de lesa humanidad, se presenta como un paladín de los Derechos Humanos?
La información que uno maneja no deja de estar llena de desafíos, de frustraciones enormes, pero también adviertes que hay un terreno en la política internacional, para tener una percepción positiva. Me refiero a que el año pasado hubo una resolución que llevó al informe que presentó la Alta Comisionada, Michelle Bachelet. Y ahora debe venir una segunda resolución. Con antelación sólo había declaraciones. Son pasos que ponen presión sobre el grupo que está en el poder.
Seguramente Cuba pondrá al servicio de su gran aliado, el señor Maduro, toda su influencia en Naciones Unidas.
Hemos visto mucho de esa comunicación constante entre la representación cubana y la venezolana en las sesiones de Ginebra. Hay una experiencia de muchísimos años, como la hay en otros países que se han sostenido a pesar de las violaciones a los Derechos Humanos. Pero eso no quita que sigamos trabajando, tenemos grandes aliados en organizaciones civiles y en Estados democráticos con los que se puede influir y tener incidencia. Son procesos complejos, pero se pagan costos por cualquier error que se pueda cometer en el camino, que te hace retroceder y perder confianza en sectores de la población.
¿Está hablando del fiasco del 30 de abril?
Sí, yo creo que ese fue un paso muy preocupante. Pero retomando todo el proceso, hay una población que está determinada a seguir luchando por su país, por su democracia y por sus libertades.