Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, desde Acción Solidaria investigamos los principales retos y desafíos que afectan el ejercicio efectivo del derecho humano a la salud en los centros asistenciales del país, en los cuales los prejuicios y la discriminación son el pan de cada día para quienes forman parte de la comunidad sexo diversa
Anamar Córdova
Según la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la salud se entiende como el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, permitiendo a todas las personas vivir dignamente. Entre los componentes que la integran se encuentra el estándar de accesibilidad, que incluye la no discriminación como una garantía en el acceso y disfrute del derecho a la salud..
En este sentido, la no discriminación implica que todas las personas, sin importar su raza, color de piel, ideología política, o sobre el objeto de este artículo: la identidad de género u orientación sexual, puedan ejercer el derecho a la salud sin restricciones.
Por otra parte, el Estado debe garantizar un sistema integral de salud que promueva en los centros asistenciales de salud, el buen trato hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que es tarea del Estado formular políticas que prevengan la discriminación por estos motivos.
Un buen ejemplo de lo que constituye un acto discriminatorio pudiese ser cuando a una persona con VIH con sus controles médicos al día, medicamentos antirretrovirales y carga viral indetectable, se le imponen trabas para programar una cirugía por su condición de VIH.
En estos casos, se suele pedir el kit de bioseguridad (que no solamente está en desuso sino que es ilegal solicitar), además de otros insumos y medicamentos. Esto ocurre porque aún en el país, está generalizado el estigma de que el VIH es un tema exclusivo de la comunidad LGBTIQ+
Lo mismo ocurre cuando, a un hombre homosexual se le niega la posibilidad de donar sangre a un ser querido por su orientación sexual o cuando el personal médico se rehúsa a dar la atención en virtud de su orientación sexual.
Otro caso muy frecuente es cuando a una persona trans no se le reconoce por su identidad de género sino por su sexo biológico, generando confusión en el mejor de los casos y negandosele servicios médicos en el peor.
Los servicios de salud deben desenvolverse en espacios inclusivos y libres de prejuicios. Lamentablemente en Venezuela, este panorama está lejos de ser una realidad. Las personas de la comunidad LGBTIQ+ continúan enfrentando todo tipo de discriminación y, en el ámbito de la salud, esto genera gran preocupación
Ser discriminado en este sector puede significar poner en riesgo la vida de estas personas, incluso ya hay estudios en otros países que sugieren que las personas de la comunidad LGBTIQ+ evitan ir a servicios de salud para evitar la discriminación que sufren. Esto se traduce en la desatención de condiciones que ameritan diagnóstico y tratamiento, muchas veces de por vida. Preocupa, además, que el personal sanitario puede no estar sensibilizado ante esta situación.
En Venezuela, esta práctica no es la excepción. De hecho, en el Informe Voces contra el prejuicio, informe sobre violencias y discriminación a personas LGBTIQ+ (balance enero – junio de 2023) del Observatorio Venezolano de Violencias, el 8,22% de los incidentes discriminatorios ocurrieron en el sector salud.
En ese sentido, los actos discriminatorios como los ejemplos expuestos, pueden verse como la prohibición de donación de sangre de personas homosexuales a otras personas, comentarios deshumanizantes en el espacio sanitario, negación de atención médica, o el no reconocimiento de las personas trans que acuden a emergencias y consultas especializadas.
Este año, en Acción Solidaria publicamos una serie de informes relativos a las necesidades humanitarias en los estados Lara, Carabobo y Mérida, en donde se evidencia la discriminación hacia personas de la comunidad LGTBIQ+ que interactúan con los servicios sanitarios públicos y que, en su gran mayoría, presentan al menos una condición de salud y asisten al centro para recibir atención primaria.
Al consultarles sobre si recibieron malos tratos del personal de enfermería, la tendencia se inclinó hacia malos tratos verbales, indicando en Lara, por ejemplo, que una persona LGBTIQ+ tiene tres veces más posibilidades de recibir malos tratos verbales en comparación a la media general. Asimismo, al analizar los datos, llama poderosamente la atención que la gran mayoría de las personas que señalaron sentirse discriminadas fue por su orientación sexual o condición de salud, principalmente, por vivir con VIH.
En Mérida, la situación es similar, casi el 40% de las personas LGBTIQ+ que interactuaron con el sistema público de salud, comentaron haberse sentido discriminados por su orientación sexual e identidad de género. De igual forma, la condición de salud que más se reportó como causa de discriminación fue VIH, es decir, 6 de 10 personas con VIH señaló haberse sentido discriminado por la condición. Para el estado Carabobo fue de 5 de cada 10 personas quienes se sintieron estigmatizadas por presentar la misma condición. Efectivamente, al ser una población minoritaria, la lucha por el reconocimiento de sus derechos y la igualdad ante la ley siguen siendo en Venezuela, motivos críticos que requieren atención.
Lo anterior no solamente confirma las constantes barreras que enfrentan las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ en cuanto a servicios de salud, sino que también queda en evidencia que aún existen tabúes, estigmas y constructos sociales que se acentúan cuando evaluamos la relación entre el trato de algunas personas que pertenecen al personal médico y sanitario hacia las personas sexo diversas, lo que genera un obstáculo importante en el acceso a estos servicios y vulnera el estándar de aceptabilidad del derecho humano a la salud.
En el marco del Día del Orgullo LGTBIQ+, desde Acción Solidaria promovemos la implementación de políticas que garanticen el acceso igualitario e inclusivo al derecho a la salud, y exhortamos al Estado venezolano a tomar las medidas necesarias para proteger a las personas LGBTIQ+ que recurren a servicios públicos y son objeto de discriminación por ser, expresarse y amar de forma diferente a lo considerado común socialmente.