Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En los últimos dos años, Argentina, Colombia y México han dado pasos importantes hacia el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En Venezuela, los grupos feministas intentan avanzar en medio de un contexto complejo que relega las necesidades de los movimientos sociales
María Jesús Vallejo
Venezuela es uno de los 10 países en Latinoamérica que solo permite el aborto bajo ciertas condiciones. Según el articulado del Código Penal, que data de hace más de 100 años, solo se podrá interrumpir el embarazo si la vida de la gestante está en peligro de muerte y esto debe determinarlo el especialista.
De acuerdo con un comunicado realizado por más de 20 organizaciones feministas, “oficialmente, se reconoce que los abortos inseguros, practicados en un contexto de desinformación, soledad y miedo, son la tercera causa de mortalidad materna. A esto hay que sumar un importante subregistro de abortos clandestinos y la falta de estadísticas con respecto a las consecuencias sobre la salud o tasas de morbilidad, convirtiéndose así en un problema de salud pública que no es objeto de políticas públicas”.
Aunque no hay datos oficiales en el país, el Instituto Guttmacher de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que una de cada ocho muertes relacionadas con el embarazo en todo el mundo está asociada con el aborto inseguro. Además, Human Right Watch, atribuye el 13% de las muertes maternas en el mundo a la práctica clandestina.
En este contexto, surgieron iniciativas como Madre Si Yo Decido, en 2008, y La Ruta Verde, en 2021, que exigen la legalización del aborto en Venezuela.
El aborto como un derecho humano
Yelena Carpio Cuesta, abogada feminista, explica que la perspectiva de derechos humanos es la que ella ha impulsado dentro del movimiento de mujeres para desarrollar los argumentos para exigir la despenalización del aborto. La punitividad y criminalización de esta práctica, asegura, vulneran los derechos a la vida, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres.
El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), ya en 2006 y en 2014, había mostrado su preocupación porque la penalización en Venezuela obliga a acudir a abortos clandestinos e inseguros. Además, le solicitó al Estado modificar su legislación para despenalizarlo en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones del feto, y eliminar las medidas punitivas para las mujeres y personas gestantes que se sometan a la práctica.
Venus Faddoul, también abogada feminista y vocera de la ONG 100% Estrógeno, afirma que Venezuela, como Estado parte de la Cedaw, ha ratificado su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos, el aborto. “En Venezuela no tienes acceso a salud integral ni a ninguno de estos derechos. Ni siquiera tenemos las causales humanitarias que son peligro de la vida de la mujer, violación o inviabilidad del feto. No hay un protocolo claro que establezca qué debe hacer el médico en caso de tener que interrumpir el embarazo”.
Además, enfatizó que la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país ha agravado la situación y visibilizado las realidades.
Melanie Agrinzones, activista del grupo feminista independiente Uquira, coincide. Asegura que entiende que el gobierno venezolano viola de manera sistemática todos los derechos humanos de todas las personas, pero insiste en que esto afecta de forma diferenciada a mujeres y personas LGBTIQ+.
¿Despenalización o legalización?
Claudia Rodríguez Gilly, parte de la iniciativa feminista Mujeres en Lucha, expone que la exigencia mínima que se le hace al Estado venezolano es la revisión del Código Penal que criminaliza el aborto. Sin embargo, precisa que la despenalización debe pasar por la legalización, que es diferente.
En principio, la despenalización sería la regulación de una práctica que, según Rodríguez, ya es un hecho en el contexto actual venezolano. De acuerdo con un estudio realizado por Avesa, en 2019, ocurrían, en promedio, 15 abortos al día: más de 2.000 al año. No hay datos oficiales porque, como lo explica la activista, no hay políticas públicas enfocadas en los derechos sexuales y reproductivos.
Pero despenalizar no es suficiente. Rodríguez precisa que esto significaría la modificación de las penas por la práctica y que cualquier persona pueda hacerlo si tiene los recursos, lo que provocaría la mercantilización del aborto y dejaría fuera a las personas en situación de pobreza. La despenalización no garantiza el acceso gratuito y seguro. Pero la legalización implicaría establecer políticas públicas y protocolos para la práctica, atención integral y educación sexual. “La única forma en que no se convierta en un privilegio es la legalización”, dice.
Melanie Agrinzones lo resume con una consigna: educación para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir.
Avances de las organizaciones
La lucha por la despenalización del aborto en Venezuela no es reciente, sin embargo, la detención de Venessa Rosales, una educadora que estuvo presa durante nueve meses por haber ayudado a una alumna de 13 años a abortar luego de una violación, marcó un precedente. Así lo cree la abogada Venus Faddoul, quien fue su defensora en el caso.
A partir de eso, en 2021, se fortaleció la articulación de los movimientos feministas y de mujeres en Venezuela. Laura Cano, activista de La Ruta Verde, cuenta que la conformación de esa plataforma ha significado un logro político por la ruptura de la polarización, pues esta iniciativa agrupó a personas de diferentes tendencias políticas y partidistas.
“El año pasado fue un hito por ser la primera vez que se hace una marcha así que reúna a los feminismos de Venezuela. Aunque no se puede hablar de logros definitivos, sí se han generado espacios para asambleas y para llevar a cabo reflexiones en torno al aborto”, detalla.
La primera causa por la despenalización del aborto, presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en noviembre de 2018, exigía la derogación de los cuatro artículos del Código Penal, pero, como explica Cano, ahora se pide construir de manera colectiva un proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos.
La incidencia en la calle y en las comunidades y la acción en red en estados como Mérida, Miranda, Carabobo, Sucre, Anzoátegui y Distrito Capital, lograron abrir una mesa de diálogo como parte de la agenda legislativa de la Subcomisión de Protección Social, Sistemas de Misiones y Grandes Misiones, de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN). Aunque luego de dos reuniones no hubo una respuesta satisfactoria.
La activista precisa el camino a seguir: para darle legitimidad a las exigencias, decidieron recoger 21.000 firmas de electores y electoras para respaldar el proyecto de ley, de las cuales han recaudado 10.000. Esperan introducirlo para que se discuta en las sesiones ordinarias de la AN. El proyecto incluye educación sexual integral, métodos anticonceptivos, prevención y atención de infecciones de transmisión sexual, acceso y garantía a tratamiento antirretroviral para persona con VIH, prevención y atención de abortos espontáneos e información sobre embarazos no deseados.
Faddoul, por su parte, insiste en que la sociedad venezolana está muy marcada por la religión y el patriarcado, esto ha impedido el avance de las luchas feministas, entre ellas, la despenalización del aborto. Admite que el problema no es la creencia , sino hasta donde un dogma sostiene la vulneración de los derechos humanos.
Además, es enfática: “No todo es consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja. Las violencias basadas en género y los abortos, tienen tiempo, pero no hay datos que nos respalden. No tener claro de dónde vienen los problemas, dificulta su resolución. En el movimiento de derechos humanos tiene que tenerse esta conversación (sobre el aborto) porque no se pueden defender unos derechos y otros no”.