El último monitoreo realizado por Acción Solidaria deja en evidencia las violaciones al derecho a la salud en el país, que continuaron durante el 2022. Las carencias en el sistema de salud público y la pandemia del COVID-19 afectan transversalmente a la población venezolana, en especial, a niños, niñas, adolescentes y mujeres
Jennifer C. Jardim Gouveia
El equipo de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria hizo el informe Venezuela: salud en emergencia 2022, en el que se identificaron, nuevamente, patrones de violación del derecho humano a la salud de la población venezolana, entre el 30 de septiembre de 2021 y el 5 de octubre de 2022.
Este tercer informe permite confirmar el patrón sistemático, grave y masivo de vulneraciones a este derecho en todas sus dimensiones —disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad— de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas.
La estructura hospitalaria del sector público
La investigación encontró incidentes en 99 centros de salud distribuidos en 23 de 24 estados del país, lo que denota la gravedad y magnitud del problema, que ya se venía documentando en informes previos (2020 y 2021). Además, 2 de cada 10 eventos registrados ocurrieron en el contexto hospitalario.
El Hospital J.M De Los Ríos (Caracas) se mantiene como el centro de salud con más registros entre las fuentes monitoreadas, seguido por el Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar (Monagas) y el Hospital Central de Barquisimeto (Lara). El estándar del derecho a la salud más afectado fue el de disponibilidad: la escasez de insumos, medicinas, equipos médicos, personal de salud calificado, entre otros, fueron los problemas más denunciados.
Niños, niñas, adolescentes y mujeres siguen siendo los grupos más afectados
El informe documentó 1.430 incidentes al derecho a la salud que afectaron a grupos vulnerables. Y como en años anteriores, los más afectados fueron la infancia venezolana, el personal de salud y las mujeres.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, el 86% de los registros denunciaron problemas de salud por desnutrición, en el contexto de la crisis, muchos padres y madres venezolanas se encuentran sin la posibilidad de abastecer sus hogares con suficientes alimentos para sus hijos e hijas. Asimismo, los servicios de nutrición hospitalaria y de fórmulas lácteas en hospitales pediátricos presentan limitaciones en su composición, entrega y disponibilidad.
Para el personal de salud, la situación es diferente. Los eventos nos hablan de las precarias condiciones en las que trabajan, los bajos salarios, aunado al desabastecimiento de medicamentos e insumos como equipos de protección personal, dejaron especialmente vulnerable a este gremio que viene de enfrentar en la primera línea de acción al virus del SARS-CoV-2.
Sobre la afectación diferenciada que viven las mujeres, se registró un aumento en el número de condiciones de salud que afectaron a las venezolanas, entre ellas: cáncer (especialmente de mama), VIH y desnutrición, como en el caso de niños y niñass. Otro problema que salió a relucir en el informe fue el aumento de las infecciones de transmisión sexual y que responde a la falta de políticas orientadas a la salud sexual y reproductiva.
Dos años de pandemia por COVID-19
De acuerdo con el estudio, un aspecto a considerar es que la pandemia por el SARS-CoV-2 parece haber dejado de ser una preocupación entre las fuentes consultadas, todo gracias al alcance de la vacunación y a la disminución del número de casos. Sin embargo, esto no quiere decir que el país haya afrontado con éxito esta crisis mundial
La opacidad se vio igualmente reflejada tanto en la distribución geográfica del COVID-19 como en la visibilidad de las nuevas olas de contagios, en muchos casos, asociada a las nuevas mutaciones del virus e información dudosa respecto a la implementación del plan de vacunación. Tal como se reflejó en años anteriores, los índices de opacidad en torno al COVID-19 se mantuvo, de las fuentes documentadas, más del 20% se relacionaban con este tema.
El informe concluye que la afectación al derecho a la salud en Venezuela es sistemática, grave y masiva, con tres años de registros de fuentes (2020, 2021 y 2022) y un análisis jurídico con base en estándares internacionales de este derecho. También en el análisis del informe se pone en evidencia el deterioro que viene sufriendo el sistema público de salud y que tiene décadas en detrimento y que, lamentablemente, persistirán durante los próximos años si no se atienden las causas estructurales de la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta Venezuela desde el 2016.
La situación de emergencia del sistema sanitario público es, probablemente, la cara más visible del estado del derecho a la salud en el país. En este sentido, en el informe se presentan algunas conclusiones adicionales y recomendaciones dirigidas tanto al Estado venezolano como a mecanismos de protección de derechos humanos para paliar los efectos de la crisis y disminuir las vulneraciones de los estándares del derecho humano a la salud.
Para leer o descargar el informe completo: