Un estudio de Acción Solidaria realizado en la Gran Caracas revela que persisten importantes desafíos para la respuesta al VIH en Venezuela: baja percepción de riesgo, dificultades para acceder a pruebas diagnósticas, barreras para iniciar tratamiento, centralización de servicios y prácticas discriminatorias dentro de los centros de salud.
Aunque los avances científicos han permitido que el VIH sea una condición crónica manejable cuando existe acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento, miles de personas en Venezuela continúan enfrentando obstáculos para ejercer plenamente su derecho humano a la salud.
Así lo evidencia el informe «Hablar del VIH en Venezuela: Lo que sabemos, lo que falta y lo que duele«, elaborado por Acción Solidaria a partir de 755 encuestas realizadas entre mayo y agosto de 2025 en Distrito Capital, Miranda y La Guaira. El estudio analiza las necesidades, barreras de acceso y experiencias de personas con VIH, grupos clave y población general usuaria de servicios públicos de salud.
Aunque los hallazgos permiten identificar patrones y problemáticas relevantes que afectan a las personas con VIH y a los grupos clave, los resultados deben interpretarse como un diagnóstico situacional y no como una medición estadísticamente representativa. El estudio busca aportar evidencia cualitativa y cuantitativa sobre las experiencias de acceso a la salud, discriminación, tratamiento y atención médica de las personas participantes, con el propósito de orientar acciones de incidencia, monitoreo y fortalecimiento de la respuesta al VIH en Venezuela.
La situación resulta especialmente preocupante porque incluso entre las personas sexualmente activas, 2 de cada 10 nunca se han realizado una prueba de VIH. Esto refleja importantes brechas en materia de educación sexual, prevención y acceso a información sobre salud sexual y reproductiva.
El estudio también evidencia que persisten barreras que retrasan el inicio oportuno del tratamiento antirretroviral para personas con VIH. Algunas personas reportaron dificultades para acceder a exámenes especializados como la carga viral y el conteo de linfocitos CD4, requisitos necesarios para ingresar formalmente al Programa Nacional de VIH/Sida.
Estas limitaciones ocurren en un contexto donde Venezuela se encuentra en una crisis humanitaria y continúa dependiendo en gran medida de la cooperación internacional para garantizar la disponibilidad de tratamientos antirretrovirales. De acuerdo con el informe, el Estado venezolano no realiza compras de estos medicamentos desde 2017 y la cobertura actual depende principalmente del financiamiento del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
La investigación también identificó problemas relacionados con la accesibilidad geográfica de los servicios. La mayoría de las personas que reciben tratamiento retiran sus medicamentos en farmacias ubicadas en Caracas, incluso cuando residen en otros municipios o estados cercanos. Esta centralización obliga a muchas personas a asumir costos de traslado y enfrentar dificultades adicionales para mantener la continuidad del tratamiento.
Las brechas no se limitan al VIH. El estudio encontró un acceso limitado a pruebas diagnósticas para otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, hepatitis B, hepatitis C y virus del papiloma humano (VPH). Particularmente preocupante es la situación del VPH, considerando que las vacunas no están disponibles en el sistema público de salud y que sus costos en el sector privado resultan inaccesibles para gran parte de la población.
El informe también documenta la persistencia del estigma y la discriminación dentro de los propios servicios de salud. Más de 2 de cada 10 personas con VIH reportaron haber experimentado alguna forma de discriminación en centros de atención médica. Entre las situaciones descritas se encuentran la negación de atención, la divulgación no autorizada del diagnóstico, comentarios estigmatizantes y recomendaciones inapropiadas relacionadas con su vida sexual.
Las personas LGBTIQ+, especialmente hombres que tienen sexo con hombres y personas trans, reportaron niveles aún mayores de discriminación. Algunos participantes señalaron haber sido objeto de burlas, comentarios ofensivos e incluso haber recibido negativas de atención médica por motivos relacionados con su orientación sexual o identidad de género.
Estas prácticas no solo vulneran derechos como la igualdad, la confidencialidad y el acceso a la salud, sino que también generan miedo, desconfianza y retrasos en la búsqueda de atención médica, afectando directamente la adherencia al tratamiento y la calidad de vida de las personas.
Acción Solidaria advierte que la respuesta al VIH requiere mucho más que la disponibilidad de medicamentos. Garantizar el derecho humano a la salud implica fortalecer los servicios de diagnóstico, descentralizar la entrega de tratamientos, asegurar el acceso a pruebas de monitoreo clínico, eliminar prácticas discriminatorias y promover entornos de atención seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos.
Hablar de VIH en Venezuela también significa reconocer que detrás de cada estadística existen personas que continúan enfrentando barreras para acceder a servicios de salud oportunos, integrales y libres de discriminación. Superar estos desafíos es indispensable para avanzar hacia una respuesta más justa, sostenible y centrada en las personas.
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