Las cifras, que en este caso, pudieran atribuirse a una alianza de organizaciones de la sociedad civil son espeluznantes: 12 millones de venezolanos están pasando hambre y cuatro millones tiene enormes dificultades para acceder a los medicamentos. ¿Si esto no es una emergencia humanitaria, qué es?
Feliciano Reyna, activista pro Derechos Humanos desde los años 90 y presidente de Acción Solidaria y Civilis Derechos Humanos, conoce a fondo la erosión de los derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna que se aprobó en 1999. En distintas áreas —políticos, sociales, económicos, ambientales, indígenas— ha habido un retroceso como consecuencia directa del conflicto que tiene en jaque a la sociedad venezolana. La única solución es un acuerdo consensuado, un diálogo de buena fe, tal como se viene hablando en distintos escenarios. Una demostración de que la cosa va en serio sería permitir la apertura del canal humanitario (alimentos y medicinas). “Esto debería quedar fuera de los lapsos de las negociaciones, es un tema que no puede esperar”, dice Reyna. Ahorrarle sufrimientos a la población debería ser una prioridad para quienes dialogan en República Dominicana.
¿Cómo caracterizaría la situación actual de los Derechos Humanos en Venezuela?
Viendo el conjunto de hechos que afectan los Derechos Humanos, que nos han traído a una situación crítica, encontramos un concepto trabajado ya durante muchos años. Hay documentos (a partir de 2000) referidos a situaciones, a otros contextos y otros países. El concepto como tal —que ya se maneja en Naciones Unidas— es el de Emergencia Humanitaria Compleja. Pero este concepto no es más que un eufemismo para la violación masiva y deliberada de Derechos Humanos. Nosotros estamos en esa situación. Aquí no hay un mínimo de vigencia, en ninguna de las áreas, de Derechos Humanos.
¿Cuándo habla de áreas se refiere a los derechos económicos, sociales y políticos? ¿Incluso de áreas que todavía no han sido categorizadas como Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos tienen un piso, pero no tienen un techo, van creciendo y van apareciendo nuevos temas que son de importancia. Pero incluso en los temas más recientes, como es el caso de los derechos de la comunidad LGTBI, Venezuela es uno de los países más atrasados de la región. Se habló, digamos, de que había una postura progresista en ese sentido. O el caso de derechos ambientales, hay que ver el tremendo daño que se le está haciendo al país con el proyecto del Arco Minero. O los derechos de los pueblos indígenas. Precisamente, con el Arco Minero, se está violando el derecho a la consulta previa que debería hacerse a los pueblos afectados. Para que puedas hablar de vida digna, tienes que tener una serie de condiciones que, además, están entrelazadas. Desde la posibilidad de pensar una cosa y expresarla libremente, incluso, para exigir aquello que no está funcionando (servicios de agua y electricidad, por ejemplo) hasta la posibilidad de tener acceso a los alimentos y medicinas.
Se supone que el Estado es el garante de esos derechos. Pero aquí tenemos unas instituciones que, en lugar de cumplir con su misión, buscan un culpable, <<la derecha apátrida, el Imperio>>. La responsabilidad siempre es del otro.
Aquella promesa de un proyecto que supuestamente se iba a ocupar de las personas, sirvió para que un grupo se atrincherara en las instituciones del Estado, con la única misión de defender sus intereses. Al escuchar los discursos, lo primero que adviertes es la desconexión con la vida de las personas. Es muy claro como uno de esos grupos terminó enquistado en el Tribunal Supremo de Justicia, el otro en Consejo Nacional Electoral, el otro en las instituciones del gobierno y, además, en el ámbito militar. Al final, digamos, han corporativizado al Estado. De hecho, cuando hablamos de esta asamblea, que es un fraude, y que yo he preferido llamarla Asamblea Nacional Corporativa, vemos como un pequeño grupo, que podríamos llamar la corporación, se apropió de un espacio de la población, y además lo han hecho de una manera desvergonzada, porque de las 545 personas que la integran, probablemente 45 son la Corporación, las que controlan el poder. Las demás, son solamente relleno, las que levantan la mano. Entonces, esas instituciones que deberían estar al servicio de la gente, aquí perdieron completamente esa esencia.
El tema de la democracia participativa y protagónica podríamos sintetizarlo en una frase. <<La gente va construir su destino con sus propias manos>>. Obviamente, eso implicaba una acción política, una toma de decisiones y una organización que hiciera valer la condición ciudadana de la gente. ¿Qué tanto queda de esa premisa?
Aún antes de este período —cuyo inicio lo marca el año 1999—, hemos visto a personas organizadas reclamando derechos. En lo personal, he venido trabajando desde 1995, con el tema del VIH Sida, una de las claves, incluso internacionalmente, ha sido la organización, la articulación de la gente para reclamar y exigir, porque si no se producía una respuesta inmediata, sencillamente, se perdía la vida. Pero lo más interesante ocurrió a raíz de la aprobación de la Constitución del 99, que, por un lado, tenía aspectos a la medida de Hugo Chávez para el control del poder y, por el otro, permitió que se colara ese gran capítulo de Derechos Humanos, que ha sido la bandera de la cual nos hemos agarrado todos. Pero cuando se pretende modificar y parcializar la Constitución, que tenía un carácter universal, hubo una respuesta de parte de esos grupos que impidió que se cerraran los espacios. Y todavía la hay, a pesar del manejo despiadado del poder. No es casual el informe del alto comisionado de Naciones Unidos en el que se cita expresamente el uso excesivo de la fuerza, tratos crueles y abusos sexuales, físicos o de palabra, para tratar de silenciar esas voces que se niegan a ser silenciadas. ¿Silenciadas por quién? Precisamente, por los grupos que se han enquistado en el Estado para defender sus intereses.
Hay quien ha caracterizado a esos grupos como una secta, por su funcionamiento y estructura. ¿Cómo los definiría usted?
Terminan siendo una especie de mafia o de cosa nostra, que está orientada a defender sus intereses, como si se tratara de una corporación. Hemos visto con mucha rabia, con mucha frustración, que ese grupo pequeño ha tenido en sus manos recursos como nunca tuvo la república, que los desvió para beneficios personales de una manera absolutamente grosera, a la vista de todos. Es imposible explicar el marcado deterioro de tantas áreas del país, sin que esos recursos se hayan ido a beneficios personales. Lo otro es el daño a la población en su gran mayoría. Una de las cosas intolerables, en la década del 90, es que en Venezuela hubiera 40% de pobreza, pero en este momento supera el 80%. Esa realidad nos devuelve a lo que hablamos inicialmente, al concepto de la Emergencia Humanitaria Compleja. A que un grupo en el poder, de manera deliberada, ha provocado violaciones masivas a los Derechos Humanos.
Aquí se organizaron las Mesas Técnicas de Agua, en las que participaron sectores muy activos de la población más pobre, aquí se puso en marcha un proyecto masivo de construcción de viviendas, que puede verificarse a simple vista. Pero hay un trasfondo de insatisfacción, de protesta. ¿Podríamos hablar de un balance mixto? ¿Cuál es su lectura?
Al final volvemos sobre lo mismo. Hay un grupo que lleva adelante la autodenominada revolución o el proceso que, en lo personal, me recuerda una lectura que hice hace algunos años sobre un radical ruso que por allá, en 1840, hablaba del sacrificio de miles de seres humanos en los altares de las abstracciones (la cita corresponde a uno de los ensayos de Isaiah Berlin), a mí me impresionó mucho. ¡Todavía hoy, en medio de este drama, quienes detentan el poder sólo hablan de abstracciones! No están hablando de la vida cotidiana de las personas. El proyecto se convirtió en algo que impide que cada individuo se hiciese cada vez más autónomo, libre y titular de derechos. De ahí, por ejemplo, que la GMVV sea para adjudicatarios y no para propietarios. O incluso que ese proyecto se haya hecho mediante atropellos como ocurrió con las personas que tenían años ocupando terrenos al final de la avenida Libertador. O lo que resultaba evidente, al menos para mí, por mi formación en arquitectura, de que esas viviendas tenían que servir como piezas de propaganda. No se construyeron en áreas con acceso a los espacios públicos, sino en lugares donde fueran visibles, lo ves en el conjunto de edificios que están a un lado del aeropuerto de Maiquetía, ¿Para qué? Para que cuando te bajes del avión, digas. Ah, pero esta revolución construye viviendas. Pero no se hicieron pensando en las personas que allí iban a vivir. Para mí fue claro, desde el principio, que las personas eran instrumentos para avanzar con un proyecto de poder, un proyecto, digamos, de toma del país, y que nunca tuvo a la población como un fin en sí misma.
El cáncer, las enfermedades catastróficas, necesitan tratamientos costosos, puntuales e individuales a los que la gente no tiene acceso por falta de insumos y condiciones de salud. Algo que me llama la atención es que nadie contabiliza a esos muertos. Esas personas no tienen rostro, ni siquiera son una estadística. ¿Quién se ocupa o se pone de lado de esas víctimas?
En 2003, varias organizaciones creamos Codevida (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida). Desde ese año hemos venido registrando esta historia —la destrucción del sistema de salud— de forma muy rigurosa. Algo similar están haciendo las organizaciones que trabajan con el derecho a la alimentación, las organizaciones ambientales y las organizaciones indígenas. Al final, yo creo que nada de esto va a quedar invisibilizado. Es un trabajo para mantener la memoria de lo que está pasando. En algún momento esto tendrá la oportunidad de hacerse mucho más púbico; ya lo es y está registrado. Será posible, incluso localmente, llegar a la verdad sobre unos hechos que tratan de manipularse, precisamente, para que la verdad quede oculta. Ese será el momento en que llegue la justicia. Tal como ocurrió en Argentina, por ejemplo, con el caso de la Operación Cóndor. Siguen apareciendo responsables que creyeron que sus crímenes iban a quedar impunes. Es muy difícil, porque nos encontramos a familiares de personas que han fallecido que nos pregunta. ¿Para qué vamos a documentar? Personas que fallecen antes de tiempo, porque no tienen acceso oportuno a medicamentos o a la asistencia médica. Tratamos de llevar un registro de esta situación.
El problema es que muchas de esas personas abandonan el tratamiento porque no consiguen medicinas o acceso a todo el soporte que podría brindar un sistema de salud. Si su horizonte de vida es de cinco o siete años, se reduce a dos o tres. A efectos prácticos es tanto como una condena a muerte anticipada.
Además sufren intensos dolores que pudieran evitarse. No sólo es un sufrimiento físico, sino mental. Es una situación muy angustiante para quienes saben que algo muy grave está pasando y no tienen manera de evitarlo. Nuestro mensaje siempre ha sido que eso no quede en silencio, porque es una herramienta fundamental para poder señalar a los responsables y hacer, eventualmente, que sean sancionados. Por eso es necesario reiterar que lo que ocurre es deliberado. Hay ofrecimientos concretos de ayuda al país. Quiero aclarar que los Estados están obligados a actuar no solo movilizando todos los recursos locales, sino aquellos que están a su alcance, mediante la cooperación internacional. Eso hace que sus autoridades, desde el presidente de la república, pasando por quienes tienen responsabilidades en salud, hasta el vicepresidente ejecutivo, sean individualmente responsables por no aceptar esa ayuda. Si no quieren llamarla ayuda humanitaria, no lo hagan, pero tienen que abrir esa puerta.
Uno de los temas que se planteó claramente en las negociaciones de octubre del año pasado fue la necesidad de abrir un canal para medicinas y alimentos. De esa fecha para acá, la crisis se ha agravado. A última hora se habla de esa demanda, una vez que se devela la nueva ronda de negociaciones en República Dominicana. Es lo más parecido a una consigna política, a una oferta electoral.
En varias oportunidades hemos hablado de la buena fe que debe haber en la negociación política, vista la crisis del país. En la raíz de la emergencia humanitaria está el conflicto político, que tiene varias características. Una de ellas es que el poder autoritario pierde la capacidad de gestión, incluso de diálogo con la población y con distintos sectores. Pero para nosotros, el tema humanitario debió quedar fuera de los tiempos de esa necesaria negociación política. Uno comprende que los otros temas —el reconocimiento de los poderes públicos, el tema de los presos políticos y el calendario electoral— son necesarios, entre otras cosas, porque son temas constitucionales, pero llegar a acuerdos toma tiempo y lo humanitario tendría que estar resolviéndose hoy, ya. Para nosotros es frustrante saber que pudiéramos estar recibiendo ayuda de 25 ciudades del mundo, apoyos en medicinas, en insumos, en alimentos, son 13 países donde venezolanos o no se han organizado para ayudar. Pero cuando vamos a los números y adviertes que son al menos 12 millones de personas pasando hambre y cuatro millones de personas con necesidades en salud, lo que puede llegar a través de una organización como la nuestra es ínfimo en comparación a las necesidades del país. Eso hoy ya debería tener respuesta, pero queda como un aspecto más dentro de las cuatro exigencias que ha hecho el sector opositor. Esa posibilidad está abierta, lo dijo Antonio Guterrez, secretario general de Naciones Unidas este año, ya lo había dicho su predecesor, Ban Ki-moon, hay organizaciones internacionales que tienen enormes capacidades.
En el informe elaborado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, se señala que en Venezuela su pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad durante las recientes protestas, marchas y enfrentamientos en las calles. Por lo tanto, Al Hussein pide una investigación independiente de carácter internacional que sea capaz de llegar a una conclusión precisa. Por un lado, el tema está en el ámbito de Naciones Unidas, y por otro, la diplomacia cubana está moviendo sus fichas, sus influencias, para impedir que Venezuela sea sancionada. ¿Realmente hay oportunidad de establecer qué fue lo que ocurrió aquí y quiénes son los responsables?
Si algo demuestra el trabajo realizado por la oficina del Alto Comisionado, es que prueba que no se necesita estar dentro del país para saber qué es lo que está pasando y para documentar los hechos. Este fue un trabajo muy exhaustivo, muy riguroso, que hizo desde el exterior el grupo de trabajo nombrado por el Alto Comisionado. 135 entrevistas en profundidad. Lo que señala allí es que en el contexto de manifestaciones hubo conductas que pudieran ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, pero Al Hussein también dice, de manera muy responsable, que esto requiere una investigación criminal, aún más exhaustiva, más rigurosa. Hubo violaciones de Derechos Humanos que, tal como se dice en ese informe, fueron generalizadas y sistemáticas. Al final, lo que yo espero es que esto dispare las alarmas entre los responsables, en que efectivamente están causando daños a vastos sectores de la población por razones políticas, en muchos casos, o, sencillamente por omisión, como pudiera ser el caso de la apertura del canal de ayuda humanitaria. Más de 150 muertes en el contexto de manifestaciones. Pero son las miles de personas fallecidas por causas evitables. O las que mueren por violencia. Se va sumando un expediente que sí amerita de esa documentación y que puede llegar en un momento dado a que no sea como ocurre en las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la que el Estado se reconoce como responsable y eventualmente es condenado a reparar los daños causados, sino que ya son personas las que pueden ser señaladas de manera individual.
En pocas palabras, que estas personas se vean en el espejo de la Operación Cóndor. No hay comienzo ni hay fin. Solamente hay responsabilidades. Eso es lo que demuestra el trabajo que se hizo sobre violaciones a Derechos Humanos en los países del cono sur del continente.
Aquí hay personas que no pueden ampararse diciendo que eso es un tema del Estado. No, aquí hay responsables, de manera individual, en los daños graves que se le está causando a la población. Sea por estas prácticas en materia de represión de la disidencia política, o de prácticas que buscan crear temor al allanar conjuntos residenciales. Los daños no son únicamente físicos, sino que quedan a largo plazo. Yo sí creo que deben verse allí, porque esos delitos no prescriben. La persecución penal es en todo el mundo. Aunque haya países que tratan de proteger sus propias responsabilidades, Cuba o Bielorrusia, al final lo de Venezuela no está oculto. Se reconoce en toda América Latina. Nosotros siempre hemos estado en contacto con otras organizaciones del mundo que, en un principio, albergaron esperanzas con un proyecto que se decía progresista, de izquierda, de justicia social y de garantía en Derechos Humanos, creo que para ninguna, actualmente, es un secreto que esto es un proyecto militarista, de control del poder, de corrupción exorbitante y por tanto de daños profundos a la población venezolana.
Esta misma semana se conoció, igualmente, el pronunciamiento de la Comisión Internacional de Juristas, en el que se afirma que el Tribunal Supremo de Justicia no sólo está cooptado totalmente por el Ejecutivo, sino que a partir de 2005 ha tomado una serie de decisiones que desmontan el orden constitucional y el estado de Derecho en Venezuela.
De hecho, el martes pasado (12 de septiembre) fue un día interesante. El lunes, durante su intervención, el Alto Comisionado, Al Hussein, habla de una serie de patrones de afectación de Derechos Humanos en varios países del mundo y menciona a Venezuela. El martes habló más en profundidad del informe sobre Venezuela. Allí se leyó la Declaración de Lima, que ha tenido mucho respaldo. Y ese día, en paralelo, hubo el evento de la Comisión Internacional de Juristas al que haces referencia. De nuevo se muestra cómo las instituciones y quienes las dirigen se están atrincherando para protegerse a sí mismos y dejan a la población completamente de lado. No es ya secreto para nadie y por eso Venezuela no moviliza el mismo tipo de respaldos. Lo de la Asamblea Constituyente… Corporativa… fue algo que se hizo totalmente de espaldas a la población
La Constituyente está en plena funciones, promulgando leyes. Una de ellas, la ley contra el odio, podría contener disposiciones que penalicen algunas de las cosas dichas aquí por usted o quizás algún planteamiento formulado en las preguntas. ¿Vamos a hablar a través de señas? ¿Vamos a apelar a la picaresca para poder referirnos a lo que pasa en Venezuela?
Nosotros aquí, en Acción Solidaria y con organizaciones aliadas, vemos día a día el sufrimiento, el peregrinar de personas, muchas de ellas mayores, que no tienen acceso a las medicinas, que no pueden alimentar a sus hijos. Dada esa situación, no hay manera de mitigarla sin que se abran las puertas de la cooperación internacional. Uno siente la responsabilidad de seguir hablando, de seguir documentando y también de seguir recomendando. Aquí hay una recomendación al poder, ellos tienen una responsabilidad y por esa misma razón tienen que permitir la ayuda internacional. Tienen que actuar ya para prevenir un mayor daño a la población. Y sin duda, quienes están en los espacios de negociación política, tiene que avanzar en ese proceso. Yo no me voy a callar. Las consecuencias de esto es escuchar y entender que lo que está en juego es enorme para la población. La única posibilidad es encontrar una salida negociada y de buena fe, como ya se viene hablando en los distintos espacios.
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Entrevista realizada por Hugo Prieto
Fotografías: Gabriel Méndez
Publicada en Prodavinci