Por: Juan M. Rodrigues Goncalves.
El pasado 8 octubre, en el marco del 177° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo la audiencia titulada Corrupción en el sistema de salud público de Venezuela, la cual fue solicitada por Transparencia Venezuela (en adelante Transparencia), en conjunto con 15 organizaciones aliadas. En el evento se destacó la relación entre las vulneraciones a los derechos humanos y la corrupción, así como su afectación particular al derecho a la salud.
Ahora bien, esta relación ha sido un tema particularmente destacado por la CIDH en su trabajo. Más recientemente, fue abordado por la Resolución 1/18 del 2 de marzo de 2018 titulada Corrupción y derechos humanos. En dicha Resolución, la corrupción es caracterizada como “…el abuso o desviación del poder, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que debilita las instituciones de control tanto administrativas como judiciales…”. En este sentido, la corrupción facilita el debilitamiento de la institucionalidad democrática, el estado de Derecho y, por supuesto, los Derechos Humanos.
En el caso venezolano, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia, se han dedicado a investigar y documentar la corrupción como uno de los factores que ha contribuido al establecimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa el país desde el año 2016. La falta de probidad en el manejo del presupuesto público, de auditoría y de instituciones de control sobre el gasto, son elementos presentes en Venezuela que han contribuido al establecimiento de lo que Transparencia denomina “patrón de gran corrupción”.
Durante la audiencia, los representantes de la sociedad civil destacaron que en el caso particular del derecho a la salud en Venezuela la corrupción ha consistido en: la desviación de medicamentos e insumos hacia el mercado negro, la asignación discrecional de contratos a empresas recién creadas o sin experiencia en el sector, la compra de equipos que no son instalados por incompatibilidad técnica, la adquisición de equipos obsoletos, el sobreprecio en medicamentos, insumos y equipos, compra de medicinas no esenciales o innecesarias, e incluso, la compra de medicamentos con fecha de vencimiento cercana, son algunas de las acciones que se han documentado.
Las consecuencias del patrón de gran corrupción instalado en el país son evidentes y se traduce en muertes y sufrimiento de los más vulnerables. De acuerdo con cifras aportadas durante la audiencia, para marzo de este año, el 35,2% de las unidades de cuidados intensivos del país se encuentran fuera de servicio, 29,1% prestan servicio de forma deficiente, la operatividad de quirófanos se ubicó en torno al 49% y existe un desabastecimiento generalizado de reactivos en laboratorios, tomógrafos y de medicamentos.
Las cifras anteriores se han mantenido constantes en los últimos años, ya la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), para 2019, reportaba cifras similares a las expresadas por la audiencia, lo que demuestra que el problema persiste y en el contexto actual, marcado por la pandemia de Covid-19, se agravará a medida que pasa el tiempo.
Asimismo, otros de los impactos notables de la corrupción en el sistema nacional público de salud es el incremento de número de muertes evitables, de acuerdo con la ENH en el 2019 se sucedieron 4.858 muertes relacionadas con eventos cardiovasculares y traumas que pudieron haberse evitado si los centros de salud hubiesen contados con los insumos y medicinas necesarias.
De la misma forma, el impacto que tiene en sectores vulnerables ha sido especialmente grave y fue destacado en la audiencia gracias a cifras aportadas por la defensora de derechos humanos y Directora de la organización Prepara Familia, Katherine Martínez. Así, madres con VIH no cuentan con fórmulas para amamantar a sus hijos, los niveles de desnutrición en niños han aumentado considerablemente entre abril y julio del 2020, de acuerdo a CARITAS, y la suspensión del programa de procura de órganos tiene en vilo a un número importante de niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, los comisionados manifestaron su preocupación y compromiso, así como de la CIDH en el seguimiento del caso venezolano como mecanismo de presión. La comisionada Julissa Mantilla indicó que “…esta es una audiencia para toda la región y para todo el mundo porque es un problema de derechos humanos…”.
Por último, la sociedad venezolana solicitó a la CIDH que exija al Estado venezolano la transparencia en el manejo del presupuesto y gasto público, permitiendo el acceso a la información sobre gasto y ejecución de este a todo nivel, así como el cese de la represión contra el personal y miembros de la sociedad civil encargadas de documentar e investigar la corrupción.