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A propósito del Día Mundial de la Salud, Acción solidaria conversó con personas con VIH y reunió datos que evidencian la vulneración de este derecho fundamental en Venezuela

María Jesús Vallejo

Jorge* siente que es una carga para el Estado. Hace un poco más de cinco meses que se enteró de que se había infectado con VIH y, como otras más de 100.000 personas, según registros del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONU Sida), depende del Estado venezolano para acceder al tratamiento antirretroviral (TAR).

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Los datos oficiales indican que hasta 2019 había 64.000 hombres, 45.000 mujeres y 3.900 niños y niñas con VIH, aunque se estima que durante 2020 hubo 5.200 nuevos casos. Solo 77.000 personas están inscritas en el Programa Nacional de VIH/Sida del Ministerio para la Salud. 

De acuerdo con los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución, la salud es un derecho fundamental y es responsabilidad del Estado, así como la creación de políticas públicas que procuren la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de los centros médicos. 

Sin embargo, en 2016, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió las órdenes de compra con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que significó que, desde 2017, más de 79.000 personas con VIH dejaran de recibir el tratamiento antirretroviral y el monitoreo de HumVenezuela estima que las muertes pasaron de 1.800 en 2014 a más de 5.000 hasta 2018.

Cuando Jorge dice que es una carga para el Estado lo dice porque sabe que la población con VIH está desatendida. “No se paga por el tratamiento. No hay un pago pero sí tiene un costo, porque el Estado te avergüenza. Debes buscar el tratamiento en el lugar más deteriorado y recóndito del hospital y, además, nuestro bienestar depende de la caridad de organismos como la OPS. Te sientes como una carga social”, cuenta. 

Tiene razón: entre febrero de 2019 y julio de 2020, 40.923 personas con VIH salvaron sus vidas al tener acceso a TAR luego de una inversión de cinco millones de dólares hecha en 2018 por el Fondo Global de lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria. 

La salud es un lujo

En 2019, Michelle Bachelet, alta comisionado de los Derechos Humanos para la ONU, advirtió sobre las condiciones del sistema de salud en el informe de actualización sobre la situación de Venezuela: “El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil. (…)”. Pero ya el gremio de salud llevaba años reclamando mejoras salariales y asignación de presupuestos para los centros de atención médica, sobre todo desde 2018.

El deterioro del sistema de salud pública afecta directamente a la ciudadanía, especialmente a las poblaciones en riesgo como lo son las personas con VIH. Actualmente, los hospitales no tienen capacidad para realizar ciertos exámenes. Por ejemplo, la prueba conocida como western blot (técnica analítica usada en biología celular y molecular), utilizada para detectar el VIH, solo está disponible en centros privados y tiene un costo de entre 70 y 100 dólares, frente a un salario mínimo mensual de menos de un dólar. 

Carmen* es tía y cuidadora de una niña de cinco años portadora del VIH. Durante el segundo semestre de 2020 conocieron el diagnóstico luego de que la pequeña comenzara a tener varios problemas de salud que se volvieron recurrentes; uno de los más evidentes fue la pérdida de peso. Carmen cuenta que su sobrina pesaba 11 kilogramos, cuando lo normal para su edad era entre 17 y 19.

Carmen vive en Valles del Tuy, una zona popular del estado Miranda, y no contaba con el dinero para hacer la prueba y fue hasta dar con los Acción Solidaria que lograron confirmar lo que suponían, pues la madre de la niña tenía VIH y murió en agosto de 2019. Esta familia forma parte del 65% de la población que se encuentra en situación de pobreza que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por universidades venezolanas, no tiene garantías con respecto al empleo, la educación, los servicios públicos y la calidad de vida. Para esta población, la salud es un lujo. 

VIH y COVID-19


Fernando* no duda al asegurar que el sistema sanitario venezolano comenzó a deteriorarse, sobre todo, desde 2013, año en el que Nicolás Maduro llegó al poder. Sin embargo, cree que nunca ha estado peor que durante la pandemia por COVID-19. Desde que comenzó el confinamiento, en el Hospital Dr. José María Vargas, ubicado al oeste de Caracas, el personal de farmacia sigue con las entregas de tratamiento, pero fueron suspendidas las consultas para las personas con VIH. 

En ese centro médico, cuenta Fernando, había buena atención y el funcionamiento era eficiente, sin embargo, desde marzo de 2020, el primer mes de cuarentena, ha notado la reducción del personal. Explica que entiende que es por la inseguridad laboral y las condiciones tan precarias del sistema público. 

Aunque no hay registros oficiales, según el monitoreo de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) y Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), hasta julio de 2020, 1.000 personas quedaron desatendidas luego de que la Coordinación Regional de SIDA y la consulta de VIH del estado Vargas estuvieran inoperativas por más de tres meses. 

Ni Nicolás Maduro ni ninguna autoridad se ha pronunciado con respecto a poblaciones en situación de vulnerabilidad ni ha priorizado su atención en centros de salud públicos. 

Sobre esto ya han insistido representantes de Organizaciones No Gubernamentales frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al denunciar que el Poder Ejecutivo aplica el decreto de cuarentena a discreción y no respeta a los sectores más vulnerables y prioritarios. Además, ha preferido la militarización del territorio nacional antes que a la salud de todas las personas. 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es el grado en que una persona puede llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y relacionarse adecuadamente con su ambiente”; pero para la población venezolana, sobre todo para grupos en riesgo como las personas con VIH, esto está lejos de ser una realidad.  

*Los nombres de las personas fueron cambiados para proteger su privacidad