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Cada segundo jueves de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón; en esta fecha se busca concientizar sobre la prevención de condiciones renales y promover el acceso de toda la población a la educación sanitaria y a la importancia de la atención temprana y completa en salud a quienes ya viven con condiciones nefrológicas
Jennifer C. Jardim Gouveia
Según datos de la organización World Kidney Day, 1 de cada 10 personas de la población mundial vive actualmente con una condición renal crónica que afecta su calidad de vida y que puede ocasionar la muerte de no recibir tratamiento oportuno. Esta condición de salud se caracteriza por la pérdida gradual de las funciones renales, que, al alcanzar una etapa avanzada, pueden afectar gravemente la salud y poner en riesgo la vida de una persona.
Tal como lo señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los signos y síntomas de la condición renal crónica se desarrollan con el paso del tiempo y el daño renal suele avanzar lentamente, sin embargo, existen factores que aumentan el índice de riesgo y que deben ser tomados en consideración en especial para atender los efectos.
¿Quiénes son más propensos a desarrollar condiciones nefrológicas?
Algunas comunidades están en mayor riesgo que otras debido a su origen étnico, estatus socioeconómico, lugar donde viven y/o antecedentes familiares. Entre estos grupos, World Kidney Day identificó a las personas de origen hispano como uno de los más propensos a padecerla, por los altos índices de hipertensión y diabetes entre su población.
Las mujeres son igual o incluso más propensas que los hombres, a desarrollar alguna condición de salud que derive en una condición renal crónica, pero en comparación enfrentan mayores desafíos en el acceso a la salud.
Asimismo, las personas que viven con problemas nefrológicos muchas veces deben enfrentarse a una doble afectación a su salud, puesto que existe una relación directa entre las condiciones renales con otras como la diabetes, hipertensión, problemas cardiacos y obesidad, que incrementan las probabilidades.
¿Qué está pasando en Venezuela?
Las personas con condiciones renales crónicas dependen de dos opciones para poder sobrevivir: la primera, recibir terapias sustitutivas renales, conocidas como diálisis, y la segunda, un trasplante de riñón. Sin embargo, en Venezuela acceder a cualquiera de estas opciones es una odisea.
En Maracaibo, un usuario del Centro de Diálisis de Occidente (CDO) indicó que sólo recibe 3 de las 4 horas de diálisis necesarias para completar la terapia, aunque podría ser por menos tiempo de no ser por la labor del personal de enfermería de la unidad. En el estado Zulia hay aproximadamente 890 personas con insuficiencia renal crónica repartidas en 13 unidades de diálisis viviendo realidades similares.
La situación en las regiones es particularmente difícil en cuanto a la accesibilidad física de estas personas a las unidades de diálisis. En los últimos tres años, se han registrado fallecimientos debido a la falta de transporte o espacios adecuados para las personas que requieren diálisis y viven con alguna forma de discapacidad motora.
Es el caso de una mujer de 24 años de edad que falleció en 2021, en el estado Aragua, al no poder acudir a la Unidad de Diálisis Aragua (ubicada en Cagua) a seguir su tratamiento, puesto que el transporte público que la trasladaba dejó de operar por la escasez de gasolina.
Por otra parte, las fallas en los servicios públicos afectan diferenciadamente a estas personas porque suspenden por un tiempo indefinido las jornadas de diálisis que requieren para vivir.
En 2022, en el estado Falcón, al menos 15 personas con condiciones renales no pudieron recibir diálisis en el hospital Dr. Rafael Calles Sierra de Punto Fijo por fallas en el servicio eléctrico. La misma historia se repitió en Lara, donde usuarios de Hidrolara denunciaron la suspensión de las jornadas de diálisis porque el centro de salud no contaba con suministro de agua.
Mientras esto ocurre, la opción de acceder a un trasplante de riñón sigue siendo imposible para muchos venezolanos en la actualidad. De acuerdo con datos de la organización Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV) y de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV): hasta 2017 se hacían, en promedio, 150 trasplantes al año; actualmente, hay 7 mil personas en diálisis, de las cuales el 40% podrían ser candidatas a un trasplante cuyo costo en una clínica privada ronda los 90 mil dólares.
Pese a que en el año 2021, Nicolás Maduro anunció la reactivación de los programas de trasplantes, solamente se materializaron 2 o 3. La situación de quienes sí pudieron acceder a esta intervención quirúrgica tampoco es la mejor, en el pasado mes de febrero personas trasplantadas de riñón en los estados Aragua, Bolívar, Mérida, Lara, Táchira y Zulia denunciaron no recibir el tratamiento completo que requieren para conservar el órgano.
Los fármacos que toman las personas con trasplante de riñón son suministrados por las farmacias de alto costo que dependen del IVSS. Las fallas en su entrega suelen ser más comunes en las regiones, pero no es el único problema que enfrentan.
Es frecuente observar denuncias a través de redes sociales de la entrega de medicamentos vencidos y desde hace unos meses, se le añade a este escenario el tener que costear los exámenes de laboratorio que deben hacerse con periodicidad.
“Cada seis meses me hago exámenes de rutina, voy guardando para pagarlos, porque en el Seguro Social desde hace años no se hacen estos laboratorios. Gasto alrededor de 30 dólares en exámenes de urea, creatinina y perfil 20”, advertía una persona con trasplante de riñón (recibió el órgano en el año 2013) residenciada en Táchira.
Según registros del IVSS en el país hay 2.698 personas trasplantadas, de las cuales 2.555 son renales.
Niños, niñas y adolescentes continúan siendo los más afectados
El 30 de noviembre, tras 13 años sin trasplantes renales de donante vivo y 5 años y medio sin trasplantes de donante cadáver, Ángel Da Silva, un adolescente de 17 años del estado Delta Amacuro, se sometió a una operación de trasplante de riñón de donante vivo en el hospital infantil J. M. de los Ríos.
Desde entonces, ningún otro niño, niña o adolescente (NNA) en dicho hospital ha tenido la oportunidad de ser operado para salvar su vida. A principios de este año, Ángel denunciaba tener algunos problemas para obtener los medicamentos que lo ayudaran a tolerar el nuevo órgano.
El Estado, a través de las farmacias del IVSS, le provee solo algunos de los medicamentos, entre los cuales se encuentra el Mycophenolate Mofetil de 500 mg, cuyo costo es de 70 dólares.
Al respecto, Katherine Martínez, de Prepara Familia, señalaba: “Nosotros lo habíamos advertido, porque no se puede realizar este tipo de trasplante, así sea de vivo a vivo, si no se le garantiza al paciente, en este caso al adolescente, las condiciones mínimas para realizar una operación de este tipo que es muy delicada”.
Adicionalmente, Prepara Familia, publicó en junio de 2022 que al menos 30 NNA estaban a la espera de un trasplante de riñón. También contabilizaron a más de 100 menores de edad fallecidos desde 2017 en el hospital J. M. de los Ríos, principalmente en los servicios de nefrología y hematología. Aunado a ello, la organización advertía que aún no se han cumplido las medidas cautelares otorgadas hace 5 años por la CIDH a NNA del servicio de nefrología del hospital.
Finalmente, es menester, recordar que la condición renal crónica no tiene cura, pero el tratamiento ayuda a controlar los síntomas, reducir las complicaciones y retrasar la progresión de la misma. Es indispensable que las personas afectadas tengan garantías en el acceso oportuno y adecuado a terapias de diálisis, al traslado y a accesibilidad física, la posibilidad de ingresar a los servicios de procura de órganos y trasplantes de riñón; así como a los inmunosupresores necesarios para no rechazar el órgano trasplantado.
La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) afecta a todos los venezolanos, pero impacta diferenciadamente a las personas con condiciones crónicas, es por ello por lo que el velar y garantizar el acceso de estos grupos a los servicios médicos que requieren debe ser una prioridad para el Estado.