¡UNIDOS POR LA VIDA! DECLARACIÓN DE CODEVIDA, ORGANIZACIONES ALIADAS Y PERSONAS AFECTADAS, POR LA SITUACIÓN EXTREMA DE DESABASTECIMIENTO GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD EN VENEZUELA
31 de marzo de 2016 Caracas, Anfiteatro Altamira Sur
Las personas y organizaciones presentes en esta asamblea que suscribimos este documento, nos hemos unido con el propósito de manifestar nuestra indignación ante los extremos niveles a los que ha llegado el desabastecimiento de medicinas, insumos y servicios esenciales para proteger la vida, la integridad y la salud de la población en toda Venezuela, luego de haber agotado todos los canales y gestiones administrativas a nuestro alcance a través de las instancias competentes del Estado, desde el año 2013 hasta hoy, para encontrar vías de solución a los problemas que han causado el estado de privación al que estamos siendo expuestas actualmente, sin que se hayan adoptado las medidas necesarias para corregir y evitar esta inaceptable situación.
El gobierno nacional y todas sus instituciones y funcionarios han contraído la indeclinable obligación de garantizar el derecho humano a la salud. Las circunstancias actuales amenazan la vida de miles de personas o están causando lesiones irreversibles a su condición física y mental, pues no están tomándose las medidas exigidas para brindar la protección requerida o el acceso sin demora a los mecanismos necesarios para evitar más daños a la salud o la pérdida de vidas. La violación de estos derechos acarrea responsabilidades individuales, por acción u omisión, que pueden reclamarse judicialmente en las instancias de derecho interno y del derecho internacional de derechos humanos.
Las autoridades deben establecer de inmediato los mecanismos para afrontar una situación que afecta a toda la población: los inventarios de medicinas se han reducido en 80%, y los de insumos básicos, médico-quirúrgicos y reactivos para diagnóstico, en 70%, provocando que los centros de salud, en su mayoría públicos, ya no puedan prestar ni siquiera una atención mínima adecuada y oportuna. Estos centros están en precarias condiciones y enfrentan serias dificultades para continuar funcionando, debido al desfinanciamiento del que han sido objeto, el retiro de 50% de su personal médico calificado, el deterioro de su infraestructura y el cierre o parálisis de salas de cirugía y unidades de tratamiento.
Cumplir con esta obligación implica, por parte del gobierno nacional, el reconocimiento público de la grave magnitud y alcance del problema en todo el sistema sanitario del país, que afecta a miles de personas, y tomar todas las medidas necesarias y urgentes, con el máximo de los recursos de los que disponga, incluyendo los de la cooperación internacional, para garantizar sin demora la disponibilidad y acceso universal, permanente e ininterrumpido, a medicamentos, insumos y servicios esenciales en salud requeridos. El gobierno debe garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, abstenerse de aplicar medidas de racionamiento, y considerar los niveles de riesgo que corren las personas según sus afecciones, lugares de donde se encuentran y barreras para su movilización.
La comunidad internacional está al tanto de esta situación y tiene el legítimo deber de ofrecer los mecanismos de ayuda humanitaria y cooperación internacional de los que pueda hacer uso, y el gobierno nacional tiene el deber de informar y coordinar todos los esfuerzos exigidos para hacer frente a esta crisis, vistas las condiciones de fragilidad del país desde el punto de vista jurídico, institucional, social y económico, usando los medios que garanticen una respuesta rápida, asistencia técnica adecuada, así como la total transparencia en los criterios y procesos destinados a la adquisición y distribución de medicamentos e insumos, conforme a normas y estándares internacionales.
Señores Nicolás Maduro, Presidente de la República; Arístóbulo Istúriz, Vicepresidente; Jorge Arreaza, Vicepresidente del Área Social, Luisana Melo, Ministra de Salud; Carlos Rotondaro, Presidente del IVSS; Luisa Ortega Díaz, Fiscal General; Manuel Galindo, Contralor; y Tarek William Saab, Defensor del Pueblo; son ustedes los principales responsables de garantizar y proteger los derechos a la salud y la vida de la población en Venezuela, utilizando todos los recursos a su alcance, incluyendo los de la cooperación internacional. De no hacerlo, los daños a la salud y la pérdida de más vidas serán también su responsabilidad.
Venció el tiempo de espera, la solución es impostergable
La salud y vida de miles de personas están en juego
Ver comunicado: Unidos por la Vida
Fuente: Codevida
