La división sexual del trabajo y los roles de género han impuesto una carga desproporcionada de labores no remuneradas sobre las mujeres, lo que perpetúa desigualdades económicas, sociales y de acceso a servicios de salud. En Venezuela, las mujeres dedican en promedio 6 horas y 18 minutos diarios al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo que representa el doble del tiempo que los hombres destinan a estas actividades
Ángel Zavaleta y Kimberley González
Históricamente, los roles y estereotipos de género han condicionado la forma en la que las personas participan del trabajo con base a ideas que la sociedad ha construido sobre lo que un hombre o una mujer deben hacer, a lo anterior, se le llama “división sexual del trabajo” (DST) y hace referencia a la asignación de tareas diferentes a las personas con base en su género, por ejemplo, cuando asociamos a los hombres con la responsabilidad de “llevar el pan a la mesa” y trabajos remunerados como médico, político o científico y a las mujeres con trabajos no remunerados como “amas de casa” y responsables del hogar y crianza de los hijos e hijas.
Otros ejemplos de la división sexual del trabajo, se relacionan con asociar a las mujeres con habilidades para el cuidado, la crianza y el hogar, por eso, vemos que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el mundo 89% del personal de enfermería, son mujeres, un trabajo que consta, principalmente, de cuidar a otros. Por otra parte, en el sector de educación preescolar, el 90% del personal, son mujeres (a excepción del África subsahariana), otro tipo de labor asociado a la crianza y que viene a complementar la que se da en el hogar.
Los ejemplos anteriores son de trabajos remunerados; sin embargo, es esencial traer a la conversación el tiempo que dedican las mujeres a labores no remuneradas y por qué esto impacta sus vidas. Actividades como: preparar los alimentos, lavar la ropa, encargarse de las actividades de limpieza, la educación de los niños, niñas y adolescentes (NNA), así como, el cuidado informal de personas adultas mayores, personas con discapacidad y/o alguna condición de salud, no poseen una remuneración económica, pero generan un gran valor a la sociedad, pues su realización ayuda a sostener la vida de las personas.
De cualquier modo, la realidad es que, estas labores no son apreciadas culturalmente, e incluso imponen barreras casi estructurales para lograr la igualdad de género como: la dificultad la participación de las mujeres en trabajos remunerados, su obstaculización en la participación de roles públicos y espacios de toma de decisiones, el impacto diferenciado en el gasto de bolsillo para salud, entre otros.
Datos sobre el trabajo no remunerado en Venezuela
El análisis del “Trabajo no remunerado y desigualdades de género en Venezuela”, basado en la encuesta de uso del tiempo de 2023 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que en Venezuela, las mujeres dedican mucho más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. En promedio, las mujeres pasan “6 horas y 18 minutos” al día en actividades como cuidar a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y/o personas con discapacidad, mientras que los hombres dedican “3 horas y 36 minutos”. Esto afecta su capacidad para participar en el mercado laboral, pues, esta carga diferenciada significa que las venezolanas deben cumplir con dobles o hasta triples jornadas de trabajo, por eso, no es al azar que la tasa de empleo es significativamente más alta para los hombres (54%) que para las mujeres (31%).
Las investigaciones argumentan que el trabajo doméstico y de cuidados no solo sostiene a las familias, sino también la economía en general. Este trabajo tiene un valor económico significativo que a menudo no se reconoce, pues estas labores permiten que se lleven a cabo las actividades productivas, es decir, detrás de las industrias hay personas asegurándose de que haya ropa limpia, comida preparada, cuidando a las infancias, adultos mayores o personas con alguna condición crónica de salud.
Se dice que si el trabajo doméstico y de cuidados sostiene la vida, también está sosteniendo la productividad, cuyo valor le está siendo arrebatado a las mujeres que asumen estos roles de forma desproporcionada. El valor del trabajo no remunerado puede calcularse asignando un costo estimado a las labores domésticas y de cuidado que, de no ser realizadas sin remuneración, implicaría un gasto específico. Según las Encuestas de Uso del Tiempo de 2023, el valor del trabajo no remunerado en Venezuela asciende a USD 14.567 millones anuales, de los cuales más del 76% corresponde a actividades realizadas por mujeres.
A pesar de su contribución al bienestar económico del país, las mujeres que realizan estas labores no reciben compensación económica o social (reconocimiento y valor de familiares y amistades por ese trabajo), por lo que, son más vulnerables a la pobreza. Además, en contextos de crisis como la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en Venezuela, se exacerban las consecuencias, afectando desproporcionadamente a las mujeres, como documentó la Alianza ConEllas donde participa Acción Solidaria, en su informe “Ser Mujer en Venezuela” del 2022.
Salud en riesgo: División Sexual del Trabajo y Gastos Directos de Bolsillo en Salud
La OPS en su informe el gasto directo de bolsillo en salud afirma que este es un factor crítico que se ve influenciado por las dinámicas antes expuestas. Las mujeres, al estar más involucradas en el trabajo no remunerado, suelen tener menos ingresos propios y, por ende, menos recursos para cubrir gastos médicos; esto crea una barrera adicional para acceder a servicios de salud adecuados y oportunos. La falta de recursos financieros puede llevar a decisiones difíciles, como retrasar tratamientos o evitar consultas médicas, lo que agrava las desigualdades existentes en el acceso a la atención sanitaria.
Los “gastos directos de bolsillo” (GDB) hacen referencia a los costos de salud que una persona paga directamente de su propio dinero, sin la ayuda de seguros o reembolsos. Además, de acuerdo a la OPS, cuando estos gastos superan el 30% o 40% de la capacidad de pago de los hogares, se considera que es “catastrófico”.
De acuerdo a investigaciones de Acción Solidaria realizadas en los estados Mérida, Lara y Carabobo, el GDB de las personas que interactúan con el sistema público de salud en esos estados superan el 40% de los ingresos reportados de las personas, lo cual, es muy probable que esté cerca de ser catastrófico.
Por otra parte, en el informe de OPS mencionado anteriormente, se señala que las mujeres tienden a enfrentar “gastos directos de bolsillo” más altos que los hombres, especialmente en el grupo etario de 45 a 65 años, donde el gasto promedio es casi el doble. Esto se debe a diversos factores, incluyendo la carga económica relacionada con servicios de salud reproductiva y la atención médica necesaria para condiciones crónicas de salud que afectan desproporcionadamente a las mujeres, como ciertos tipos de cáncer.
Para afrontar los efectos de los GDB, las personas asumen medidas como el gasto de ahorros, la reducción del gasto en la canasta familiar, la venta de activos, lo que, en general, puede afectar su acceso a medios de vida, condicionando especialmente a las mujeres si tienen una carga diferenciada de cuidados. Si a estos efectos empobrecedores les sumamos las investigaciones en materia de feminización de la pobreza, que afirman que la mayoría de quienes viven situaciones de pobreza son, efectivamente, mujeres, que, además, tienen la carga diferenciada del trabajo no remunerado (labores domésticas, de cuidado, entre otras), se hace particularmente importante hablar de la importancia de la protección económica en la salud con un enfoque diferenciado de género.
Es crucial considerar cómo las políticas sociales pueden mitigar estos efectos. La implementación de programas que reconozcan y valoren aquellas actividades que, sin tener un valor en el mercado, hacen una contribución fundamental a la reproducción de la vida podría mejorar el acceso a las mujeres a medios de vida. Asimismo, mejorar la infraestructura de salud pública y reducir los costos asociados podría facilitar un acceso más equitativo. Estas medidas no solo benefician a las mujeres, sino que también contribuyen al bienestar general de la sociedad al promover una mayor igualdad en el acceso a la atención sanitaria.