Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que la población reclusa y LGBTIQ+ enfrenta desafíos en la protección de sus derechos
En un centro penitenciario en Venezuela, una mujer recluida enfrenta una cruda realidad que pone en entredicho los pilares fundamentales de su dignidad y derechos humanos. Privada de una atención médica inmediata y de calidad, su situación de salud es un reflejo de cómo la integridad y dignidad de la población LGBTIQ+ se ve violentada en el país.
Durante su tiempo en reclusión, a esta persona se le diagnosticó VIH luego de someterse a pruebas de despistaje en el centro penitenciario. Sin embargo, tras recibir los resultados, no se le informó sobre los pasos a seguir para acceder al tratamiento necesario. Desesperada, buscó apoyo en su madre, quien gestionó exámenes en laboratorios, costeándolos con los recursos propios de la persona encarcelada, ya que el centro penitenciario no permitía su traslado para recibir atención médica.
A través de amigos y familiares, se enteró de que para acceder al tratamiento debía inscribirse en el Programa Nacional de VIH. Sin embargo, al intentar registrarla, se encontraron con obstáculos debido a su situación jurídica. A pesar de los esfuerzos de su madre y sus abogados, las formalidades no se cumplieron inicialmente.
Finalmente, meses después, lograron inscribirla en el programa y obtener el tratamiento antirretroviral. Sin embargo, tras experimentar síntomas graves, como fiebre y problemas gastrointestinales, no recibió la atención médica oportuna en el centro penitenciario. Hasta la fecha, no ha recibido seguimiento ni monitoreo adecuado de su tratamiento, y los esfuerzos del Observatorio Venezolano de Prisiones para obtener respuestas han sido infructuosos.
Esta realidad fue abordada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la cual en colaboración con Caleidoscopio Humano, reveló recientemente un informe alarmante sobre las condiciones de las personas LGBTIQ+ dentro de las cárceles en Venezuela.
Esta investigación expone una realidad marcada por la discriminación, el hacinamiento, la violencia y la falta de atención médica adecuada. La ausencia de políticas públicas dirigidas a esta población agrava aún más su situación, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad y sufrimiento.
La invisibilización de la población LGBTIQ+ en las cárceles venezolanas es evidente, ya que no se reconoce oficialmente su presencia. Esta falta de reconocimiento impide la implementación de políticas específicas para atender sus necesidades, lo que resulta en un aumento de la violencia y la vulnerabilidad entre los reclusos LGBTIQ+.
La opacidad y la ausencia de datos sobre las cárceles en Venezuela dificultan aún más la defensa y promoción de los derechos de esta población. Sin cifras precisas ni estadísticas diferenciadas, la sociedad civil carece de herramientas para exigir mejoras en las condiciones de vida dentro de las cárceles. La falta de transparencia también impide que se aborde de manera efectiva la cotidianidad de las personas LGBTIQ+ en estos entornos, lo que contribuye a perpetuar su invisibilidad y marginación.
Uno de los principales obstáculos para la investigación sobre la situación de las personas LGBTIQ+ en las cárceles venezolanas es el hermetismo de la propia población y la falta de colaboración por parte de las autoridades penitenciarias. Esta falta de acceso a información confiable dificulta la elaboración de estrategias efectivas para abordar los desafíos específicos que enfrenta esta comunidad en el sistema carcelario.
La realidad para las personas trans dentro de las cárceles es especialmente preocupante. A menudo son ingresadas de acuerdo con el género que figura en su cédula de identidad, en lugar de respetar su identidad de género. Esto las expone a situaciones de violencia y discriminación por parte de otros reclusos y del personal penitenciario. Las mujeres trans, por ejemplo, son recluidas en celdas con hombres y se ven obligadas a realizar tareas de limpieza bajo amenazas de violencia o castigos.
Además, la falta de atención médica adecuada agrava aún más la situación de las personas LGBTIQ+ en las cárceles venezolanas, quienes a menudo no reciben diagnósticos o tratamientos oportunos para enfermedades como el VIH, la tuberculosis y el cáncer. La situación de hacinamiento aumenta el riesgo de propagación de VIH, además de la falta de alimentación adecuada y el acceso limitado a servicios públicos como agua e higiene.
El personal penitenciario tampoco está adecuadamente capacitado para atender las necesidades específicas de la población LGBTIQ+. La falta de formación en materia de diversidad sexual y de género contribuye a la perpetuación de estereotipos y prejuicios, lo que dificulta la creación de entornos seguros y respetuosos para todos los reclusos.
Es urgente que las autoridades venezolanas reconozcan la existencia de la población LGBTIQ+ en las cárceles y tomen medidas concretas para garantizar sus derechos humanos.
En general, tanto la población reclusa como las personas LGBTIQ+ en Venezuela se encuentran en situación de vulnerabilidad y enfrentan una falta de reconocimiento y protección de sus derechos. La opacidad en la información agrava aún más estas situaciones, dificultando la implementación de medidas adecuadas para su bienestar y garantía de derechos. Es fundamental abordar estos problemas y promover un cambio para garantizar el respeto y la igualdad de derechos para estas poblaciones.