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Naiguel J. Baspe

280 caracteres es el espacio permitido por la red social Twitter para que sus usuarios escriban; esos mismos 280 caracteres han servido durante los últimos años para originar debates sobre temas, comentar sucesos de actualidad o como en el caso venezolano, denunciar la realidad que enfrenta el país de cara a la EHC. Sin embargo, en lo que va de año 2021 hemos visto cómo estas denuncias toman otras características e incluso abarcan otras áreas.

En el último mes dos temas principales ocupan las líneas de quienes frecuentan esta red social: el suicidio de jóvenes y denuncias por acoso, abuso y violencia sexual a mujeres jóvenes.

Todo empezó cuando el 23 y el 25 de abril se abrió un perfil en la red social Instagram con el usuario @AlejandroSojoEstupro. Con la finalidad de mostrar testimonios de las víctimas del cantante; quien se aprovechaba de su influencia y fama para convencer a menores de edad de tener relaciones sexuales con él. Se publicaron hasta seis testimonios, capturas de conversación y denuncias en las que se observan cómo Sojo mantenía conversaciones lascivas con jóvenes entre 14 y 16 años de edad. Luego del apoyo masivo que recibieron las víctimas de Sojo, ex-cantante de la banda Los Colores, muchas otras jóvenes se atrevieron a denunciar a otros miembros de bandas musicales venezolanas, entre ellos Tony Maestracci, baterista de la banda Tomates Fritos; Leonardo Jaramillo, guitarrista de Okills, y Daniel Landaeta, baterista de Banda LeCinema.

Es importante resaltar que muchas de estas denuncias datan de hace 10 años o más, situación que para otras personas sería una causante de “caducidad” en la acción, lo que constantemente es expresado bajo el “¿por qué no denunció o lo dijo antes?”. Este fenómeno es explicado por Carmen Ruiz Repullo, doctora en Sociología en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) y especializada en violencia de género. Ruiz Repullo explicó que en esencia, lo que las víctimas temen es la reacción de una sociedad que tiende a “culpabilizar a la víctima y desculpabilizar al culpable”, en palabras de esta experta. “Sigue existiendo un estigma de que cuando hay una agresión sexual la mujer ha hecho algo”, criticó Ruiz. “Siempre hay un cuestionamiento de la víctima cuando son temas de género”.

Sin duda en nuestro país debemos considerar dos grandes factores que tendrían peso en este silencio, por un lado la desconfianza en el sistema judicial venezolano y la burocracia que le rodea A pesar de tener leyes especiales que versan sobre la protección en estos casos y otras donde además se incluyen disposiciones  penales donde se sanciona a los funcionarios que no tramiten debidamente los mismos, la realidad es otra. 

Según una encuesta realizada por la Fundación Lucelia a mujeres residentes de Bolívar, Distrito Capital, Miranda y Zulia, para determinar su percepción sobre la calidad de atención brindada por los organismos que reciben las denuncias por violencia sexual, encontraron que el 50% de las mujeres encuestadas reconocieron ser víctimas de violación sexual, 62% supo de algún caso cercano, 62,5% no denunció el suceso; de las mujeres que sí denunciaron, 66.7% acudió al Ministerio Público, mientras que 33,3% se dirigió al CICPC. 37,5% de las mujeres encuestadas fueron adultas mayores de 60 años, de estos porcentajes de denunciantes muchas acotaron haber recibido tratos degradantes por parte de las autoridades, además de impunidad en sus casos.

El segundo gran factor no menos importante, radica en la asistencia psicológica oportuna. En nuestro país los servicios de atención psicológica son escasos y en muchos casos no cuenta con el suficiente respaldo y seguimiento para las víctimas, lo que desencadena en episodios depresivos graves, cuadros de delirio, tristeza o incluso en tendencias suicidas.

Este último punto también es tendencia en las RRSS, pues se ha observado como en el año 2021 han aumentado la cantidad de casos, incluso donde sus víctimas documentan el proceso y hacen públicas sus razones antes de atentar con su vida, como fue el caso de Alejandro Urdaneta

En un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en el mes de junio de 2020, se señaló que entre los años 2015 y 2108 hubo un incremento de más del 150% en los casos de suicidios en el país. En este periodo la tasa de suicidios pasó de 3,7 a 9,7 por cada 100 mil habitantes. En esta etapa se presentó el mayor número de suicidios ocurridos en Venezuela en los últimos 80 años. 

Sin embargo en el año 2021, esta cifra no parece disminuir, aunque hasta la fecha no hay un estudio que vislumbre cifras, hasta fecha se pueden observar los casos de los estados Guárico y Zulia, en el primero la OVV para el primer trimestre habría reportado 6 casos mientras que para el segundo se reportó un aumento del 100% con relación al año 2020, para un número de  36 casos; el doble de los ocurridos en 2020.

Desde Acción Solidaria advertíamos que, de acuerdo con los datos de la OMS, que      posicionó a Venezuela como el primer lugar de la estadísticas de suicidio de la región en el año 2020,      entre las causas de estos se encuentran el empobrecimiento, el colapso de los servicios, el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de la seguridad social, la falta de trabajo y los pocos espacios de desarrollo generan, según el importante órgano, incertidumbre y desesperanza que no contribuyen a la salud social ni mental de la población. 

Según expertos de la OVV el cambio emocional en los venezolanos ha sido constante.                los niños y adolescentes, que son quienes más sufren por el confinamiento, en relación a que este ha sido un caldo de cultivo para la toma de esta decisión trascendental.

Doble responsabilidad

En ambos casos (violencia sexual y suicidios) hay dos frentes importantes para la reducción de estos casos. El primero le corresponde al Estado, en el caso de la violencia sexual y las recientes denuncias está en la obligación mediante un conocimiento oficioso de iniciar la investigación, la individualización e imputación de estos los agresores, sin que medie caducidad alguna en estas acciones, a su vez salvaguardar por el cumplimiento de la legislación penal pertinente en especial la contenida en la Ley Orgánica sobre la mujer a una vida libre de violencia.

Por otro lado es importante que se hagan los seguimientos pertinentes y se persiga que en todo momento el trato hacía las víctimas sea humanizado, sin trámites      burocráticos o tratos degradantes. Mientras no existan organismos ni mecanismos de denuncia accesibles y confiables, las víctimas o sobrevivientes que visibilicen los casos de conductas sexuales inapropiadas no se sentirán ni seguras ni protegidas, lo que podría llevar a un incremento de la impunidad. 

Además en ambos casos y siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de salud mental, el Estado debe buscar garantizar el acceso público y gratuito a la atención psicológica e incluso psiquiátrica, así como idear campañas para la reducción de tendencia suicida en la población en especial en NNA.

El otro frente, sin duda el más tangible es la sociedad, la comunidad o quienes hacen vida en las RRSS, ya que esta última ha sido el medio de difusión para ventilar estas situaciones. Como apuntamos ut supra, el juzgar a quienes denuncian ser víctimas de violación o juzgar a quienes pasan por situaciones emocionales complejas, están a la orden del día y solo refuerzan las opciones de, en algunos casos acabar, con su vida. 

El apoyo moral y hacer eco de estas prácticas es importante, pero también lo es como apunta Mayela Carrillo, experta en posconflicto, activista de la Redac, Red Naranja Venezuela, Red de Mujeres de Amnistía Internacional en Venezuela, que la visibilizarían de casos de violencia sexual en las redes sociales, como está sucediendo      actualmente, no puede ser considerado una denuncia, en ese caso es solamente la exposición de sucesos ante la opinión pública, “comunicar no es lo mismo que denunciar”.

Es por ello que los defensores deben hacer énfasis en las tres “D” de los derechos humanos, que no es otra cosa que Documentar, Denunciar y Difundir. “Se documenta porque permite registrar las violaciones de dichos derechos de manera sistemática, facilita la elaboración de un expediente, contribuye a la lucha contra la impunidad, permite que las víctimas se reconozcan en un colectivo al observar que su caso no es el único, permite la defensa de casos a partir de patrones identificados y posibilita la creación de mecanismos de alerta temprana”.