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Fecha: 27/mayo/2020

Natasha Saturno Siñovky

La reconocida ONG internacional Human Rights Watch publicó recientemente un reporte sobre las expectativas de las consecuencias que tendrá la pandemia del COVID-19 en Venezuela, la alerta más importante fue sobre el debilitado y colapsado sistema público de salud que deja al país en el puesto 180 de 195 del Índice de Seguridad Sanitaria de 2019.

Elementos que son parte de este colapso son la continua escasez de medicamentos e insumos médicos que son esenciales para enfrentar la pandemia, algunos ejemplos del porcentaje de desabastecimiento ofrecidos por la Encuesta Nacional sobre el impacto del COVID-19 en Venezuela son: guantes 57,14%, tapabocas 61,9%, jabón 76,19% y alcohol 90,48%. También, la interrupción del suministro de servicios públicos básicos como el agua causa estragos significativos, ya que, el agua y el jabón son los principales elementos en la lucha contra el COVID-19, la Encuesta Nacional de Hospitales del 2019 indicó que apenas 1 de cada 10 centros asistenciales tiene acceso continuo a agua, el mismo drama existe con el sistema eléctrico que de acuerdo a la misma encuesta sólo en el gran apagón de marzo de 2019 se le pueden atribuir directamente más de 70 decesos.

Además, el éxodo de personal de salud, entre enfermeros y médicos, se suma a todo lo anterior, de acuerdo al Informe “Derecho a la Salud” elaborado por 12 ONG en 2018, se señala que en el período entre 2012 y 2017 ya 39.900 médicos se habían ido del país, lo que representaba un 55%, igualmente se suman bioanalistas y enfermeros que para el mismo período sumaban 6.600 y 6.030 respectivamente.

Todos estos elementos “han provocado una reducción progresiva de la capacidad de proveer atención médica” y de acuerdo a la Dra. Kathleen Page, quien es médico y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros Johns Hopkins, la imposibilidad del país para enfrentar la pandemia puede aumentar la migración forzada de venezolanos que ya supera los 5 millones, representando un riesgo para la región ya que, colocaría mayor peso sobre los sistemas de salud de los países vecinos que también se encuentran desbordados atendiendo la crisis.

Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins realizaron un llamado al secretario general de la ONU, António Guterres y al coordinador humanitario de la organización, Mark Lowcock para asumir un liderazgo en conjunto con los países del Grupo de Lima, la Unión Europea y el gobierno americano para que ejerzan presión sobre las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro para que abran las puertas a una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU.