El 10 de julio se llevó a cabo una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el seguimiento de 10 medidas cautelares sobre Venezuela en materia de salud. Las mismas albergan información sobre la situación de personas con hemofilia, con VIH/sida, con esclerosis múltiple, trasplantados y sobre los servicios del Hospital J.M. de los Ríos y la Maternidad Concepción Palacios.
Las organizaciones de sociedad civil venezolanas, peticionarias y representantes de las víctimas: Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH), Acción Solidaria, Cecodap, Cepaz, Defiende Venezuela, Funcamama, Prepara Familia, Provea y Transparencia Venezuela, iniciaron su presentación describiendo la situación del derecho humano a la salud en el país en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC).
Así, Natasha Saturno, directora de la Unidad de Exigibilidad e Incidencia en Derechos Humanos de Acción Solidaria, explicó que el 88% de la población venezolana depende del sistema sanitario público, el cual ha perdido el 80% de sus capacidades para dar respuestas, de acuerdo a datos de HumVenezuela. En 2023, el 70% de las personas que acudieron al sistema público no recibieron la atención necesaria. Los hospitales no cuentan con medicamentos básicos e insumos, como lencería, gorros y tapabocas, y las personas deben llevar analgésicos, suturas y sueros. Solo el 10% de los hospitales puede hacer tomografías, el 30% no tiene servicio de rayos X y el 47% de los laboratorios funciona de manera intermitente.
Mencionó que 42.000 profesionales de la salud han abandonado el país debido a los bajos salarios y las difíciles condiciones laborales. Un médico residente percibe mensualmente alrededor de 652 bolívares, equivalentes a casi $18 al cambio oficial para junio de 2024, y una enfermera recibe Bs. 222, que son $6 al cambio.
En una entrevista realizada en el Hospital Central de Táchira, Saturno citó a un médico que denunció tener 16 personas hospitalizadas sin poder operar debido a la falta de turnos quirúrgicos o de personal de enfermería. Saturno afirmó que las personas que necesitan transfusiones pueden morir por falta de personal para atenderlas, comparando la situación con una ruleta rusa.
Saturno señaló que la corrupción y las políticas dirigidas a facilitar estos actos son factores clave en esta crisis. Desde 2017 no se publica el presupuesto nacional, ni los planes y programas en materia de salud.
“El Ministerio de Salud no publica los informes de rendición de cuentas desde 2015, y tampoco se conocen los contratos suscritos ni la lista de proveedores en el sector salud. No se conoce el número de obras en ejecución, ni la cantidad de equipos y medicinas que se adquieren, ni su distribución”, dijo Saturno.
La directora citó cifras de Transparencia Venezuela para advertir que se han identificado al menos 10 tipos de corrupción en el sector salud, incluyendo la contratación de obras millonarias inconclusas y la asignación de grandes contratos a empresas sin trayectoria.
Saturno también destacó el contexto hostil de cierre del espacio cívico, con proyectos de ley que amenazan el trabajo de las organizaciones y actos de criminalización contra defensores y personal de salud que denuncian la situación de los hospitales. Recientemente, tres dirigentes sindicales del sector salud fueron detenidos por 24 horas, lo que ha generado temor en la realización de estas labores.
Además, presentó una actualización sobre las cifras de personas con hemofilia debido a que se estima que hay 5.278 en el país. Explicó que el tratamiento para esta población se cubre a partir de un acuerdo de cooperación con la Federación Mundial de Hemofilia y por las compras del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).
Sin embargo, denunció que la cantidad comprada es insuficiente frente a la demanda y citó que en octubre de 2022 la Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH) denunció que había ocho estados en alerta por la falta de factores de coagulación. Además, no hay reactivos para estudios especializados en el Banco Municipal de Sangre y solo el 25% del personal de salud necesario está disponible.
También mencionó que, aunque se han hecho esfuerzos por cumplir con los tratamientos profilácticos para casos severos, los criterios de distribución son preocupantes. Solo 4 de las 13 personas con coagulopatías beneficiarias de las medidas cautelares siguen en Venezuela, y en todos los casos, sus derechos no fueron restituidos.
En cuanto a las personas con VIH/sida, se estima que hay aproximadamente 92.000 en el país, de las cuales el 24% no sabe que tiene el virus, lo que refleja una falla importante en la capacidad para hacer nuevos diagnósticos.
La abogada manifestó que el acceso al tratamiento es responsabilidad del Estado, único ente autorizado para importar y entregar el medicamento. Saturno advirtió que 3 de cada 10 personas con VIH no están en tratamiento y desde 2016 el Estado no realiza compras regulares de antirretrovirales.
Además, recalcó que, gracias al Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria, se recibe tratamiento de un único esquema denominado DLT (dolutegravir, lamivudina, tenofovir), que ha permitido paliar los efectos de la crisis.
Pero al ser el único tratamiento disponible, acotó la abogada, las personas se ven obligadas a migrar a este esquema y en muchos casos, no pueden acceder por reacciones adversas, lo que lleva a los ciudadanos con esta condición de salud a recurrir al mercado negro, abandonar el tratamiento o consumir sus reservas. “Recientemente, se firmó un acuerdo de continuidad con el Fondo por 3 años, el cual, podría permitir traer esquemas diferentes al DLT y amortiguar la situación descrita”, dijo Saturno.
Adicionalmente, en estudios realizados por Acción Solidaria en 2023 y 2024, Saturno explicó que las personas con VIH/sida señalaron que sus principales desafíos son retirar el tratamiento y la discriminación, que continúa, muy presente en nuestra sociedad.
También destacó que, según estudios de Acción Solidaria, los principales desafíos para las personas con VIH/sida son retirar el tratamiento y enfrentar la discriminación, que sigue siendo muy presente en la sociedad.
Respecto a las mujeres con cáncer de mama, Saturno señaló que las opciones de diagnóstico y tratamiento en Venezuela son limitadas. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela informó que en 2023 hubo 3.515 defunciones por cáncer de mama, un aumento del 40% respecto a 2016.
“El cáncer de mama se ha convertido en la segunda causa de muerte por enfermedad en Venezuela, después de las enfermedades cardiovasculares. Acceder a un tratamiento puede superar los $10.000, lo cual es inasequible para la mayoría de la población. De 12 mujeres con cáncer de mama beneficiarias de las medidas cautelares, al menos cuatro fallecieron esperando respuesta del Estado”, concluyó Saturno.
María Eugenia Monagas, presidenta de la Asociación Civil de Pacientes con Esclerosis Múltiple de Venezuela, advirtió sobre el grave impacto en la salud y la vida de los venezolanos debido al colapso del sistema sanitario. En su intervención, Monagas explicó que las personas con esclerosis múltiple requieren atención integral que incluya estudios médicos, laboratorios, medicamentos de última generación, rehabilitación (fisioterapia) y atención médica de varias especialidades.
Monagas indicó que el deterioro de la salud de las personas con esta condición ha aumentado debido a la falta de atención integral. Los ciudadanos no pueden realizarse los exámenes requeridos por su alto costo y los bajos ingresos que perciben en el país. Incluso, algunos no pueden mantener una dieta adecuada por las mismas razones.
Además, puntualizó que ninguna persona beneficiaria de las medidas cautelares por parte de la CIDH ha recibido apoyo del sistema de salud público ni ha tenido contacto o cooperación con las autoridades locales con relación a su situación de salud.
El abogado Faisal Yamil, coordinador legal del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ante la continuidad de las diversas situaciones de riesgo descritas y la negativa sistemática del Estado de atenderlas, reiteró la petición a la Comisión para que haga un llamado urgente al Estado venezolano a convocar una estrategia inmediata de implementación de todas las medidas cautelares referenciadas.
Yamil también solicitó, en nombre de las organizaciones, que se emita una resolución de incumplimiento, de conformidad con la potestad consagrada en términos amplios en el artículo 25.10 del reglamento.
Finalmente, los solicitantes consideran que este tipo de resoluciones podrían reforzar el llamado a distintos actores clave sobre la necesidad de diseñar respuestas sólidas con un enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.
Peticiones realizadas a la CIDH:
- Emitir una resolución pública de incumplimiento de las medidas cautelares 309-17, 1039-17, 145-18, 1286-18, 1287-18, 1288-18, 1289-19, 150-19 y 566-19,
- Someter a conocimiento de la Corte Interamericana la MC545-19 para la adopción de medidas provisionales,
- Realizar un llamado urgente al Estado de Venezuela para que se aboque al cumplimiento de las presentes medidas,
- Reiterar que, cualquier medida de atención a esta situación debe como mínimo cumplir con los estándares, obligaciones y lineamientos establecidos en las cautelares,
- Tener por presentada la información sobre nuevos hechos ocurridos durante la vigencia de las medidas cautelares y que muestran la continuidad y agravamiento de la situación,
- Considerar los retos e implicaciones sobre la operatividad del sistema humanitario en Venezuela, como disponibilidad, administración y uso de los fondos y la participación libre y segura de distintos sectores de la sociedad civil, así como el ingreso de mecanismos de ayuda humanitaria,
- Iniciar una campaña permanente por la salud en Venezuela, que incluya el incremento de los esfuerzos de visibilizar la problemática y también iniciativas efectivas e innovadoras que desde su mandato de protección pueda desplegar aprovechando la comprensión holística e integral que tienen de la crisis de salud en Venezuela, en virtud de la información detallada que posee y las necesidades específicas y generales de las situaciones que abarcan las cautelares,
- Instar a la comunidad internacional a involucrarse más activamente en la crisis de Venezuela, en coordinación con las organizaciones nacionales que trabajan, asisten y acompañan a víctimas y beneficiarios,
- Propiciar rondas de discusión con Estados y donantes para fomentar la solidaridad internacional y explorar múltiples formas de cooperación y apoyo,
- Exhortar a las Naciones Unidas y a sus diversos mecanismos que intensifiquen sus esfuerzos y recursos destinados a la crisis de salud en Venezuela e involucrarse con el coordinador humanitario de Naciones Unidas y organizaciones nacionales para abordar de manera conjunta las necesidades del sector salud.