Compartir

Statement

Feliciano Reyna Ganteaume Diálogo Interactivo

41ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos Ginebra, 5 de julio de 2019

Señor Presidente, Alta Comisionada Bachelet, gracias por invitarme a este diálogo interactivo, como parte de una comunidad de más de 200 organizaciones de derechos humanos, autónomas e independientes, que por años hemos resistido políticas de restricción, intimidación y represalias del estado venezolano.

Valoramos el informe presentado por usted y su compromiso de velar por los derechos humanos de millones de personas en Venezuela, que solo cuentan con las instituciones internacionales para obtener la protección y la justicia que no consiguen en el país. Extendemos este reconocimiento al personal de su Oficina que ha monitoreado y documentado con rigor y extensamente las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Durante años, la sociedad civil venezolana ha hecho un titánico esfuerzo para dar a conocer internacionalmente la realidad de las violaciones a los derechos humanos que sufre la población. Por más de una década, el gobierno no rindió cuenta a órganos de Naciones Unidas, denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, no cumplió las sentencias de la Corte Interamericana, ni autorizó las solicitudes de visitas de mandatos independientes y de la Comisión Interamericana.

Desde 2013, órganos de tratados, procedimientos especiales, la Comisión Interamericana, entre otros, han emitido recomendaciones para corregir las persistentes violaciones a los derechos humanos, que el gobierno ignoró. A partir de 2015, este incumplimiento desembocó en una Emergencia Humanitaria Compleja, que aún niega el gobierno del Sr. Nicolás Maduro, y sobre la cual guardó silencio la mayoría de las agencias de Naciones Unidas en el terreno.

Es compleja porque tiene origen en factores políticos que socavaron las estructuras del Estado, la economía y el bienestar de la población. Es una emergencia porque, debido al derrumbe de las estructuras, la mayoría de la población está sometida a una violación sistémica de derechos humanos. Y es humanitaria porque colapsaron las capacidades internas para garantizar las más mínimas condiciones de vida, creando una escala masiva de necesidades humanitarias, que estimamos afecta a más de 10 millones de personas dentro del país, y la crisis de refugiados más grande de la historia de América Latina.

 

Señor Presidente,

El desmantelamiento del Estado de Derecho y la descomposición general del Estado se manifiestan en un sufrimiento humano generalizado, violencia social y en políticas estatales de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, represión y persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, para castigar a quienes ejercen sus derechos, incluyendo a la disidencia política y a diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, muchos de ellos arbitrariamente detenidos, perseguidos o en el exilio. Estos abusos, reflejados por la Oficina de la Alta Comisionada, son parte de una práctica sistemática.

En Venezuela no existen instituciones independientes que puedan actuar como un freno a abusos de poder, a excepción de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015, cuyos poderes constitucionales han sido anulados por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado políticamente, y por una asamblea constituyente fraudulenta. Jueces y fiscales son en su mayoría funcionarios sin estabilidad, sujetos a libre nombramiento y remoción, sin causa ni apelación.

La extrema pobreza y las privaciones masivas en alimentación, salud, educación, agua potable, electricidad y transporte afectan de manera diferenciada a mujeres, bebés, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y con condiciones de salud crónicas, pueblos indígenas y personas privadas de libertad. Sus efectos más graves son la desnutrición de niños y embarazadas; el agotamiento de medicinas y la pérdida de servicios de salud públicos; la ausencia forzada de niños y adolescentes del sistema educativo; y la huida diaria de miles de personas para preservar sus vidas.

Esta crisis de derechos humanos tiene también sus raíces en la gran corrupción. Desde 1999 los ingresos por exportaciones petroleras generaron más de 940 billones de dólares; sin embargo, la caída sostenida del producto interno bruto nos ha llevado a niveles de hace 70 años, y a una hiperinflación implacable que compromete la propia subsistencia. Por ello, sanciones internacionales contra sectores de una economía en tal grado de colapso, van a exacerbar los efectos de la emergencia sobre la población.

Señor Presidente, en vista de estos hechos, solicitamos al Consejo de Derechos Humanos:

  1. Designar en la próxima sesión una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que establezca las responsabilidades e impida la
  2. Exhortar a los Estados de acogida de migrantes forzados y refugiados provenientes de Venezuela a unificar políticas y prácticas que les brinden verdadera protección
  3. Acelerar una solución política a la crisis venezolana, articulando esfuerzos nacionales e internacionales, como el de Oslo, incluyendo firmes acciones del Secretario General de Naciones Unidas junto a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, a fin de restituir los derechos a la participación política y electoral de los

Así mismo, instar al gobierno del Sr. Maduro, con la debida supervisión de un organismo internacional independiente, a:

  1. Implementar los acuerdos establecidos con la Alta Comisionada y facilitar el establecimiento de una oficina
  2. Garantizar el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas, actores humanitarios, sindicalistas, personal de salud y otros activistas de derechos
  3. Reconocer la emergencia y abrir plenamente el espacio humanitario, para implementar una respuesta acorde con la severidad y la escala de la
  4. Dejar sin efecto la Asamblea Nacional Constituyente y respetar el legítimo funcionamiento de la Asamblea Nacional, así como tomar las medidas para restablecer el Estado de Derecho y un sistema de justicia independiente e
  5. Dar cumplimiento a todas las recomendaciones emanadas de órganos de protección y acelerar las visitas ya solicitadas por los Procedimientos
  6. Poner fin de inmediato a las prácticas de tortura que han sido denunciadas en diversos centros de detención y a las desapariciones forzosas, así como a la represión en manifestaciones que están causando pérdidas de vida y otros daños humanos.

 

Conclusiones

Señor Presidente y miembros del Consejo,

Vivir hoy en Venezuela es esperar horas o días para poner gasolina y no contar con transporte público. En ciudades y pueblos es no tener servicio eléctrico incluso por semanas, con temperaturas de más de 40 grados centígrados. Es intentar sobrevivir con un salario mínimo de 6 dólares al mes, cuando una familia de 5 personas necesitaría 400 dólares al mes, solo en alimentos. Para la mayoría que vive en pobreza extrema, significa escoger cuál de los hijos irá a la escuela, porque solo uno se habrá alimentado. Los demás serían parte del millón de niños que ha dejado de estudiar. Quizá no habría clases porque la maestra se desmayó, también por hambre. Quizá estos niños estarían con la abuela, como parte de los 800 mil niños dejados atrás, porque los padres van camino a la frontera forzados a migrar para sobrevivir. Y la abuela apenas podría apoyarlos porque sería una de las 7 millones de personas que no consigue sus medicinas.

Si fueran a un hospital público, les impedirían el acceso para que no salga la información sobre la precaria situación. Sabrían que en solo dos años murió el 30% de quienes necesitaban dializarse, que la mayoría de las 5 mil personas con hemofilia ya tiene daños irreparables y discapacitantes por falta de factores de coagulación, que 4 mil mujeres con cáncer de mama dejaron de tener acceso a medicinas para sus ciclos de tratamiento y que

70.000 personas con VIH pasaron más de dos años sin antirretrovirales.

En las zonas de explotación minera, verían inmensos impactos de daño ambiental que han destruido las fuentes productivas e hidrológicas. Conocerían comunidades indígenas cuyas tierras ancestrales han sido intervenidas y controladas por mafias que incluyen a militares. Sabrían que hasta allá no llegan medicinas para preservar la salud y la vida y que las leyes para proteger sus derechos solo quedaron en papel.

Y al expresar descontento, porque esta no es manera de vivir con dignidad, porque no hay protección contra la violencia de género, si exigiesen derechos como personas LGTBI o protestaran por falta de alimentos, agua y medicinas, serían objeto de la política estatal de represión que ha segado cientos de vidas, ha causado lesiones irremediables a la integridad física de miles y ha provocado profundos traumas sociales.

Señor Presidente,

Es preciso contribuir a detener y corregir de inmediato las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela porque la emergencia que comenzó hace casi 5 años va a empeorar. El gobierno del Sr. Maduro no ha querido y ya no tiene la capacidad para resolver este drama humano que se desarrolla a la vista de la comunidad internacional. No permitamos que Venezuela sea otra crisis prolongada, que sume millones de víctimas más a las que ya nos interpelan como comunidad de derechos humanos desde distintas regiones del mundo.

Gracias, Sr. Presidente

Muchas gracias, Alta Comisionada

Versión en inglés

Statement

Feliciano Reyna Ganteaume

Interactive Dialogue

41st  Session of the Human Rights Council

Geneva, July 5th, 2019

 

Mr. President, High Commissioner Bachelet, thank you for inviting me to this interactive dialogue, as part of a community of more than 200 human rights organizations, autonomous and independent, which for years have resisted State policies of restriction, intimidation and reprisals.

High Commissioner, we value the Report you presented today and your commitment to ensuring the human rights of millions of people in Venezuela, who can only rely on international institutions to get the protection and access to justice which they do not get in Venezuela. We extend this recognition to the staff of your Office who have rigorously and extensively monitored and documented human rights violations in Venezuela.

For years, Venezuelan civil society has made a titanic effort to raise international awareness regarding the reality of human rights violations suffered by the Venezuelan people. For more than a decade, the government did not report to United Nations bodies, denounced the American Convention on Human Rights, failed to comply with the rulings of the Inter-American Court, or authorized requests for visits from independent mandates and the Inter-American Commission.

Since  2013,  treaty  bodies,  special  procedures,  the  Inter-American  Commission,  among  others,  have  issued recommendations to correct persistent human rights violations, that the government ignored.  As of 2015, this breach led to a Complex Humanitarian Emergency, which is still denied by Mr. Nicolás Maduro´s government, and on which most United Nations agencies on the ground kept silent.

It  is  complex  because  it  originates  from  political  factors  that  undermined  the  structures  of  the  State,  the economy and the well-being of the population. It is an emergency because, due to the collapse of structures, the majority of the population is subjected to a systemic human rights violation. And it is humanitarian because internal capacities to ensure even minimum living conditions collapsed, creating a massive scale of humanitarian needs, which we estimate affects more than 10 million people within Venezuela, and created the largest refugee crisis in Latin American history.

Mr. President,

 

The dismantling of the rule of law and the general breakdown of the State are manifested in widespread human suffering,  social  violence  and  state  policies  of  closure  of  freedoms  of  expression,  association  and  peaceful assembly,  repression  and persecution,  arbitrary  detentions,  forced  disappearances,  torture  and  extrajudicial executions, to punish those who exercise their rights, including political dissenters and deputies of the National Assembly, many of them arbitrarily detained, persecuted or in exile.  These abuses, reflected by the Office of the High Commissioner, are part of a systematic practice.

There are no independent institutions in Venezuela that can put limits to abuses of power, with the exception of  the  National  Assembly,  elected  in  December  2015,  whose  constitutional  powers  have  been  annulled  by politically  controlled  Supreme  Court  of  Justice,  and  by  a  fraudulent  Constituent  Assembly.  Judges  and prosecutors are mostly officials without stability, subject to free appointment and removal, without cause or appeal.

Extreme poverty and massive deprivation in food, health, education, clean water, electricity and transport affect particularly women, babies, children and adolescents, the elderly, persons with disabilities and chronic health conditions, indigenous peoples and detainees. Its most serious effects are malnutrition of children and pregnant women; depletion of medicines and loss of public health services; the forced absence of children and adolescents from the education system; and thousands of people who flee daily to preserve their lives.

This human rights crisis is also rooted in great corruption.  Since 1999, oil export revenues have generated more than $940 billion; however, the sustained decline in gross domestic product has led us to levels of 70 years ago, and to a relentless hyperinflation that compromises people´s own existence.  Therefore, international sanctions against sectors of an economy in such a degree of collapse will exacerbate the effects of the emergency on the Venezuelan people.

Mr. President, in view of these facts, we ask the Human Rights Council:

 

  1. To designate at the next Session an International Commission of Inquiry into Human Rights Violations in

Venezuela, to establish responsibilities and prevent impunity.

  1. To urge the host States of forced migrants and refugees from Venezuela to unify policies and practices that provide them with true international protection.
  2. To accelerate a political solution to the Venezuelan crisis, articulating national and international efforts, such as the Oslo talks, including strong actions by the UN Secretary-General, together with the High Commissioner for Human Rights, in order to restore the rights to political and electoral participation of Venezuelans.

Likewise, to urge Mr. Maduro’s government, with the proper supervision of an independent international body, to:

  1. Implement the agreements established with the High Commissioner and facilitate the establishment of a permanent office in Venezuela.
  2. Ensure the  work  of  human  rights  defenders,  journalists,  humanitarian  actors,  trade  unionists,  health personnel and other human rights activists.
  3. Recognize the emergency and fully open the humanitarian space, to implement a response commensurate with the severity and scale of the emergency.
  4. Terminate the Constituent Assembly and respect the legitimate functioning of the National Assembly, as well as take measures to restore the rule of law and an independent and impartial justice system.
  5. Comply with  all  recommendations  from  human  rights  protection  bodies  and  speed  up  visits  already requested by the Special Procedures.
  6. Immediately end practices of torture that have been reported in various detention centers, and enforced disappearances, as well as repression in demonstrations that are causing loss of life and other irreparable human harm.

Concluding remarks

Mr. President and members of the Council,

To live in Venezuela today is to wait hours or days to get gasoline and to not have public transport. Cities and towns have no electric service even for weeks, with temperatures of more than 40 degrees Celsius. It means trying to survive on a minimum wage of $6 a month, when a family of 5 people would need $400 a month, only in food.  For most living in extreme poverty, it means choosing which of the children will go to school, because only one will have fed. The others would be part of the million children who have had to quit school. Maybe there  was  no  class  because  the  teacher  fainted,  also  from  hunger.  Perhaps  these  children  would  be  with Grandma, as part of the 800,000 children left behind, because their parents have been forced to migrate to survive. And Grandma could barely support them because she would be one of the 7 million people who do not get their medicines.

If you went to  a public hospital,  you would not  be  granted access  so  that  information about  the precarious situation would not come out. You would know that in just two years 30% of those who needed dialyzing died, that most of the 5,000 people with hemophilia already have irreparable and disabling damages from lack of clotting factors, that 4,000 women with breast cancer no longer have access to medicines for their treatment cycles, and that 70,000 people with HIV went more than two years without antiretrovirals.

In mining areas, you would see immense environmental damage impacts that have destroyed productive and hydrological sources. You would know of indigenous communities whose ancestral lands have been intervened and  controlled  by  mafias  that  include  military  personnel.  You  would  know  that  there  are  no  medicines  to preserve health and life and that the laws to protect their rights were only good on paper.

And in expressing dissent, because this is no way to live with dignity, because there is no protection against gender-based violence, if you demanded LGBTI rights or protested for lack of food, water and medicine, you would  be  subjected  to  State  policies  of  repression  that  have  severed  hundreds  of  lives,  caused  irreparable injuries to the physical integrity of thousands, as well as profound social trauma.

Mr. President, High Commissioner Bachelet,

It  is  imperative  to  contribute  to  put  an  immediate  end  and  to  correct  serious  human  rights  violations  in Venezuela, because the emergency which started almost 5 years ago will get worse. Mr. Maduro’s government has not been willing, and no longer has the capacity, to solve the human drama that is unfolding in plain sight of the international community.  Let us not allow Venezuela to be another protracted crisis, adding millions more victims to those who already challenge us as a human rights community from different regions of the world.

Thank you, Mr. President,

Thank you so much, High Commissioner Bachelet