La oficina de la ONU estimó que, para el noveno mes del año 2024, solo se ha alcanzado una cobertura del 17 % de la meta del Programa de Respuesta Humanitaria
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) publicó un balance sobre la respuesta humanitaria en Venezuela. En el informe se estimó que, hasta septiembre de 2024, se ha asistido a 2,1 millones de personas de un total de 5,1 millones que se tienen como meta para finales del año.
El organismo informó que se ha recibido el 17 % de los fondos necesarios para proporcionar asistencia humanitaria hasta la fecha, lo que posiciona a Venezuela en el nivel de financiamiento más bajo entre los planes del mundo, desde el lanzamiento del primer Plan de Respuesta Humanitaria en 2019.
De esta manera, las cifras de OCHA evidencian el problema del subfinanciamiento y las dificultades para ofrecer la asistencia necesaria a la población vulnerable. En 2024, la meta se estableció en 617 millones de dólares, pero hasta ahora solo se han recibido 104,7. En 2023, el objetivo era recaudar 719 millones de dólares, alcanzando un 55 % al cierre de ese año. En 2022, se intentó reunir 795 millones de dólares para el Plan de Respuesta Humanitaria, pero se desembolsaron fondos que cubrieron únicamente el 36 % de la meta.
Este patrón de subfinanciamiento, que no llega a superar más del 50 % de los aportes requeridos en los últimos años, compromete la capacidad de respuesta ante las crecientes necesidades humanitarias en Venezuela, lo que podría agravar el estatus de millones de personas que dependen de la ayuda. La escasez de recursos adecuados restringe no solo la atención inmediata, sino también la ejecución de soluciones sostenibles a largo plazo.
La situación también abre el debate sobre la importancia de la cooperación internacional humanitaria para el financiamiento del Fondo Humanitario de Venezuela (FHV), el cual es una herramienta que oxigena de forma transparente a las organizaciones de la sociedad civil nacionales que trabajan en el terreno.
A través del FHV se pueden proporcionar los recursos necesarios y, al mismo tiempo, se promueve la rendición de cuentas y la eficiencia en la asignación de fondos, lo que contribuye al bienestar de la población y la atención de sus necesidades urgentes y básicas.
Recientemente, Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, expresó su preocupación por la necesidad de inversión en un escenario político complejo. Según la plataforma HumVenezuela, se estima que el 69 % de la población requiere asistencia, lo que significa que 20 millones de venezolanos se encuentran en estado de vulnerabilidad.
En cuanto a las necesidades diferenciadas de la población, Reyna advirtió que las mujeres enfrentan una carga mayor. Esta situación fue documentada en una serie de informes realizados por Acción Solidaria sobre la exigibilidad del derecho a la salud y las necesidades humanitarias en salud en los estados Lara, Mérida y Carabobo.
Los análisis confirmaron que muchas de las personas que buscan atención son mujeres, ya sea por sus propias necesidades o por las de sus hijos. Además, son las encargadas de cuidar a quienes requieren apoyo. Reyna también indicó que, en el programa de entrega de medicinas de Acción Solidaria, aproximadamente el 65 % de las personas beneficiarias son mujeres, lo que resalta que este sector enfrenta condiciones particulares en el contexto de asistencia humanitaria.
Asimismo, destacó la situación de las personas mayores, quienes también requieren atención. Reyna mencionó que los gastos de bolsillo para su atención en salud, como los perfiles sanguíneos y otros análisis, ascienden a entre 43 y 50 dólares, cerca del 50% de su ingreso mensual, dado que los servicios públicos no los ofrecen.
“En esas visitas observamos que muchas personas han quedado solas y son pensionadas. Si tienen necesidades alimentarias y, además, deben afrontar costos de atención médica sin recibir el perfil 20 en el hospital o en los servicios públicos, ¿cómo se atienden? Esta vulnerabilidad afecta a un gran número de personas”, afirmó el fundador de Acción Solidaria.
Por otra parte, Reyna considera que es posible alcanzar acuerdos que signifiquen mejoras para el país, incluyendo la integración de la economía nacional en el ámbito formal de la economía internacional. Desde su posición como activista por los derechos humanos, ha insistido en que las sanciones generales y sectoriales perjudican a la población, ya que son medidas utilizadas con fines políticos, pero terminan afectando gravemente a los sectores más vulnerables. “Es fundamental que el país comience a encontrar un rumbo económico que favorezca su desarrollo y mejore la calidad de vida de las personas”, concluyó.